Tras los brotes de COVID-19 en las cárceles de la Isla, el director de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, urgió a la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, información actualizada sobre la población penal.

Organizaciones que abogan por los derechos de las comunidades privadas de libertad se han comunicado con el organismo público preocupados por los nuevos contagios, se indicó. A esta preocupación se une el aumento en el recibo de querellas de parte de los mismos confinados, por lo que la Comisión exigió la actualización de toda la información relacionada con el COVID-19 en el sistema correccional.

“En abril del pasado año, la Comisión le cursó una notificación al entonces secretario de Corrección (Eduardo Rivera Juanatey) sobre una investigación que estábamos llevando a cabo sobre COVID-19 en las cárceles del país. Ahora esperamos la misma cooperación de la nueva funcionaria porque la situación merece especial atención”, indicó Padilla Ruiz en declaraciones escritas.

La Comisión hizo el pedido por medio de un recurso legal habeas data, según Padilla Ruiz.

Entre la información solicitada a Escobar figura el número de pruebas de COVID-19 realizadas desde el 2 de enero de 2021, los casos positivos y negativos, y los casos en espera de todas las poblaciones correccionales, incluyendo miembros de la población confinada, oficiales de custodia y otro personal de la agencia segregada por institución.

También se le solicitó el plan de desinfección, control y prevención del COVID-19 en todas las instituciones de la agencia. La lista añade el plan de vacunación por institución y el por ciento de inoculaciones en las instituciones carcelarias, incluyendo oficiales de custodia, personal de servicio y personas confinadas.

“Reconocemos que es mucha información pero para nosotros, como agencia con la obligación de gestionar la protección de los derechos y el estricto cumplimiento de las leyes que amparan tales derechos, resulta imperativo y meritorio conocer los datos del propio Departamento”, subrayó el funcionario.

También solicitaron las directrices emitidas para asegurar los servicios médicos y de salud para personas privadas de libertad con enfermedades crónicas, segregada por institución, incluyendo las instituciones juveniles, estadísticas sobre movimiento en las Comisarías desde el 2 de enero de 2021, así como el inventario y registros de distribución de material desinfectante, máscaras y guantes desde el 2 de enero de 2021.

Otros requerimientos están relacionados a las querellas administrativas radicadas desde el 2 de enero de 2021, las medidas sobre comunicaciones con familiares de confinados y el estado del sistema telefónico para la comunicación con las poblaciones confinadas con familiares.

La Comisión concedió un término perentorio de 10 días a Escobar para completar la entrega total de la información solicitada. Dicho periodo vence el viernes, 29 de enero.

“Vamos a mantenernos atentos porque el principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano no puede limitarse a los que viven libremente en la comunidad. No olvidemos que quienes pagan su deuda a la sociedad, tras las rejas, son también seres humanos. La población en confinamiento no está fuera del alcance de la Constitución”, aseguró el también abogado sin descartar la alternativa de acudir al tribunal de no recibir la información que dio paso al habeas data.

Padilla Ruiz señaló que la semana pasada le cursó una comunicación a Escobar solicitando una reunión para discutir algunas preocupaciones generales relacionadas a la población correccional. Al momento no ha recibido respuesta a su petición, sostuvo.