El hijo de Freddie Santiago García convulsa casi todos los días a causa de diversas condiciones que limitan sus posibilidades de desarrollo.

Sin embargo, una de las peores pesadillas es tratar de conseguir la señal telefónica para llamar al Sistema de Emergencias Médicas 9-1-1, pues el barrio donde vive todavía no tiene servicio desde que pasó el huracán María.

Así es la desesperación que experimentan cerca de 560 familias de la comunidad Real Anón de Ponce, quienes se convirtieron en víctimas de varias empresas que consideran como un gasto innecesario la instalación de antenas para el servicio telefónico y de internet.

Ante la interminable espera, Santiago García ha hecho hasta lo imposible para que compañías como Claro y Liberty escuchen sus reclamos, pero hasta el momento todos sus esfuerzos han sido en vano.

Es por eso que este líder comunitario presentará una querella ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que le ayuden a solucionar el problema que afecta a estas familias, en especial a personas de la tercera edad, niños y gente con distintas discapacidades.

“El problema que estamos teniendo aquí arriba es que hay niños y gente de mayor edad; hay personas impedidas, hay mucha gente enferma, universitarios y muchos negocios que se están afectando porque cuando van a hacer alguna transacción electrónica no pueden porque se cae. No tenemos teléfono, no hay internet ni tan siquiera un cable que uno pueda llamar al 9-1-1, nada”, denunció el Santiago García el cual tiene un hijo de 23 años con diversas discapacidades.

“La semana pasada falleció mi vecino por un problema que tuvo de salud y la ambulancia tardó demasiado porque se hizo difícil lograr comunicación con Emergencias Médicas. El hijo mío que (tiene) múltiples condiciones como autismo, daño cerebral, área neuromotor convulsa frecuentemente”, lamentó.

Santiago destacó que los residentes del kilómetro 8 al 16.8 tienen que bajar hasta el poblado Coto Laurel para lograr una comunicación segura. Pero no todos cuentan con transportación para moverse de sus hogares.

“FEMA los citó y los está investigando de por qué no han hecho el trabajo, ya eso está a nivel del Gobierno central también. Primero se presenta una querella a la FCC y se trata de resolver en el plano amistoso y si ellos no lo hacen, la FCC los va a multar y los va a obligar porque es un servicio esencial, no es un lujo”, advirtió.