“Hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos que nos han declarado la guerra”.

Con esta advertencia, el portavoz de la entidad Puerto Rico para Todes, Pedro Julio Serrano, acompañado de representantes de sobre 50 organizaciones activistas, denunció constantes violaciones de derechos contra personas de las comunidades LGBTTIQAP+, máxime desde políticos.

Es por esto que aunaron esfuerzos para alzar sus voces y exigir grupos de trabajo con el gobierno para eliminar discrímenes e identificar fallos en el sistema y amenazas contra la seguridad y bienestar de estas comunidades.

“Hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos que nos han declarado la guerra”.

Con esta advertencia, el portavoz de la entidad Puerto Rico para Todes, Pedro Julio Serrano, acompañado de representantes de sobre 50 organizaciones activistas, denunció constantes violaciones de derechos contra personas de las comunidades LGBTTIQAP+, máxime desde políticos.

Es por esto que aunaron esfuerzos para alzar sus voces y exigir grupos de trabajo con el gobierno para eliminar discrímenes e identificar fallos en el sistema y amenazas contra la seguridad y bienestar de estas comunidades.

Sobre todo, el colectivo, en conferencia de prensa que se celebró en el Colegio de Abogados y Abogadas, en San Juan, rechazó la presentación de nueve proyectos radicados por la representante Lisie Burgos Muñiz durante su incumbencia como legisladora dirigidas a coartar derechos de la comunidad, específicamente de personas trans.

Según dictó la activista Ivana Fred Millán, se tratan de los Proyectos de la Cámara 764 (limitaría la participación de atletas transgénero en el género con la que se identificaban), 768 (prohibiría terapias de afirmación a jóvenes trans), 1157 (eliminaría la perspectiva de género de las escuelas), 1740 (prohibiría que personas trans y no binarias tengan públicos y baños inclusivos), 1741 (le negaría a que personas trans sean recluidos a instituciones correccionales de acuerdo a su identidad de género), 1821 (prohibiría el transformismo en Puerto Rico), 1852 (prohibía participación de mujeres trans en deportes), 1889 (prohibiría tratamientos hormonales y cambios estéticos en menores de edad para ayudarlos en sus proceso de transición) y el 1951 (para dar paso a que el Departamento de Educación no discrimine a un estudiante por expresiones religiosas en un plantel).

“Un ataque a la comunidad trans es un ataque a toda la comunidad LGBTTIQAP+ y a todo Puerto Rico”, señaló el también portavoz de Puerto Rico para Todes, Justin Jesús Santiago.

“La obsesión con pretender violar la dignidad e igualdad de las personas trans es temeraria y peligrosa. Estos proyectos son perversos, inhumanos y crueles que ponen en peligro la vida de las personas trans. Ya basta de intentar criminalizar a las personas trans y sus aliados con medidas que pretenden deshumanizar y atentar contra la vida humana. La obsesión de Lisie Burgos con intentar despojar de sus derechos civiles a las personas trans está incitando a la violencia en contra de las personas trans. Afortunadamente, todas esas medidas han sido derrotadas en las comisiones camerales o han sido engavetadas”, agregó al recordar que el fundador de Proyecto Dignidad- donde milita la legisladora-, César Vázquez, presuntamente incitó a la violencia contra personas trans previo al asesinato de la mujer trans Alexa.

También, se mencionó que, más allá de que se lograra tipificar feminicidios y transfeminicidios, medidas que podrían beneficiar a la comunidad han sido ignoradas, como los Proyectos del Senado 427 (que prohibiría discrimen en la vivienda a adultos mayores de las comunidades LGBTQ+), 485 (que establecería la Carta de Derechos LGBTQ+), 184 (que prohibiría terapias de conversión) y 136 (que prohibiría discrimen por orientación sexual e identidad de género en todas las agencias públicas y privadas).

Qué exigen

El reclamo del junte es cónsono con el discrimen contra las comunidades LGBTTIQAP+ que se detalló en el análisis del más reciente informe de Amnistía Internacional, titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo”. El documento evidenció que Puerto Rico va acorde con la realidad mundial de que el discrimen hacia las personas de las comunidades LGBTTIQAP+ ha incrementado durante el pasado año.

De manera similar, el colectivo resaltó que, entre los asuntos que afectan a la comunidad, han detectado un incremento de asesinatos de personas LGBTTIQAP+ y la falta de acción de las autoridades para prevenirlos y esclarecerlos; un aumento de la “retórica” y “acciones fundamentalistas que promueven el odio e incitan a la violencia” contra la comunidad; la eliminación de cursos de sensibilidad LGBTTIQAP+ para profesionales de la salud; incertidumbre sobre la provisión de medicamentos para personas que viven con VIH; y violaciones de derechos civiles a confinadas trans por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), así como las presuntas fallas de los departamentos gubernamentales, como de Justicia y del Trabajo y Rehabilitación (DTR), en torno a asuntos de la comunidad.

“La secretaria de Corrección (Ana Escobar Pabón) ha sido temeraria también en los requerimientos de información que hemos pedido para proteger los derechos de la comunidad trans (en las cárceles), porque ella cree que tiene el poder sobre las vidas de las confinadas trans. Nosotros tenemos que recordar que las personas que están confinadas en los sistemas correccionales son seres humanos que también tienen derechos y no se pueden violar porque están privadas de su libertad. Así que, a la secretaria de Corrección, le enviamos un mensaje de que ya basta de abusar de las confinadas trans, de los confinados trans que están en nuestro sistema correccional, porque están atentando contra sus vidas y sus derechos constitucionales”, sostuvo Serrano.

Y fue más allá al decir que “agentes encubiertos”, supuestamente, han fabricado casos contra hombres gay y bisexuales.

Por su parte, Guarix Agosto -fundadora de la entidad Stop LGBTA+ Fobia- y la reina de belleza Daniela Victoria Arroyo resaltaron los hallazgos de una investigación del 2015 de la organización Gay, Lesbian and Straight Education Network, donde se evidenció -tras analizar a 215 estudiantes en Puerto Rico, entre 13 a 20 años- que un 79% dijo sentirse inseguros en la escuela por su orientación sexual y el 57% por su expresión de género. Asimismo, la mayoría fueron víctimas de comentarios homofóbicos, donde el 83.3% los escuchaba a menudo o con frecuencia, y el 21.4% sufrieron acoso físico y el 58% acoso sexual.

“Como comencé mi transición a los 13 años, conozco muy bien lo que se siente ser trans en Puerto Rico. Siendo menor de edad, sé lo difícil que es. (Por eso), esos datos para mí, además de impresionantes, son reales, porque yo, cuando comencé mi transición, me enfrenté a todas estas cosas y las viví en carne propia”, lamentó Arroyo, quien en el 2023 se convirtió en la primera mujer puertorriqueña trans en competir en Miss Universe Puerto Rico cuando representó el pueblo de Cabo Rojo.

También se denunció que son las personas sexo-género diversas las más afectadas por la crisis de vivienda, así como por el mismo cambio climático, pues son a las que se les dificulta encontrar refugio ante los embates desastres naturales.

Además, recabaron sobre la importancia de reforzar las estrategias para afrontar el estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio; el mal manejo de los protocolos por transfeminicidios al utilizar pronombres incorrectos y nombres muertos al identificar a personas trans y no binaries víctimas de crimen; y las fallas de la reforma policiaca en torno a la comunidad.

Con el fin de asegurar el bienestar de la comunidad durante el Mes de Orgullo, que se celebra en junio, el colectivo se reunirá con agentes federales y estatales mañana, jueves, en las oficinas del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

De otro lado, las organizaciones dijeron estar trabajando una plataforma digital que orientará a la ciudadanía sobre candidatos que están en contra o a favor de los derechos humanos para que, una vez participen de los comicios generales de noviembre “sepan por quién votar y quién botar”.

“Hoy nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo de que no vamos a dar ni un paso atrás y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad y humanidad colectivas. Nuestros derechos no son negociables. No vamos a dar ni un paso atrás en esos derechos adquiridos. Los defenderemos en todo momento”, reiteró Serrano.