El licenciado José Enrique Colón Santana, uno de los tres abogados que recomendó a la Cámara de Representantes iniciar el proceso de residenciamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dijo esta tarde que la determinación del grupo de juristas fue unánime.

Colón Santana se presentó al Capitolio y le entregó en las manos el informe al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. 

El líder cameral encomendó hace 10 días a los tres abogados que analizaran el controversial chat de Telegram, en el que se comunicaba el gobernador con un grupo de ayudantes y en el informe, los juristas recomendaron someter a Rosselló Nevares a un juicio político por cinco cargos, cuatro graves, entre ellos, uno de malversación de fondos públicos, supo Primera Hora. El informe no se ha hecho público todavía.

“Con la evidencia que nosotros examinamos concluimos que nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde es que se proceda con el juicio de gobierno para la presentación de un documento de acusación para que continúen los procedimientos en la Cámara que corresponde, que es el Senado de Puerto Rico”, dijo Colón Santana.

El letrado subrayó que el residenciamiento no conlleva “ninguna valoración penal, sino los elementos de un posible delito”. Añadió que el juicio político es independiente de que “cualquier persona pueda ser sujeta posteriormente a acusaciones criminales”.

“Ahora me propongo hacer una reunión con parte de mi delegación, con los que han podido llegar que están presentes”, indicó el Presidente de la Cámara, luego de recibir el informe en presencia de periodistas. No pudo precisar cuántos legisladores de la Palma habían llegado al caucus.

Méndez le pidió a Colón Santana que entrara al caucus novoprogresista para que “pueda dejar claro para el récord que ni este servidor con él ni con ninguno de los abogados y que les ha dado toda la discreción para que ellos puedan hacer este informe y que no existiera ningún apasionamiento en la evaluación de las 889 páginas del chat”. 

El líder legislativo elogió a los tres abogados por el análisis que hicieron sin cobrar por sus servicios. Los abogados, Luis Enrique Rodríguez y Francisco Reyes, que también suscriben el informe no estuvieron presentes.

Entre los cargos que se le imputan a Rosselló Nevares figura una infracción al artículo 264 (B) del Código Penal, delito que el proceso criminal (en los tribunales) no conlleva el beneficio de probatoria. Los restantes cargos que recomienda el informe son: artículo 263 de negligencia en el cumplimiento del deber y artículo 252 de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, supo este diario.

Los otros dos cargos son de violación al artículo 1.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, este también es de carácter grave y violación al artículo 4.2 (k) de la misma ley, menos grave. 

Reaccionan las minorías

“El peso del proceso ahora está en la delegación novoprogresista. Ese documento se redactó y se preparó para poder convencer al caucus novoprogresista”, dijo por su parte, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien se presentó a las oficinas de la Presidencia de la Cámara junto a otros miembros de esa delegación.

Hernández Montañez dijo que en la Presidencia les notificaron que los legisladores populares regresaran a sus oficinas que “en algún momento” les harían llegar el informe.

No obstante, indicó que “con o sin informe” están los votos de la minoría para iniciar el residenciamiento.

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que hay evidencia suficiente para proceder con el residenciamiento.

“Aunque no he visto el famoso informe, por lo que he visto en los medios hay base suficiente para iniciar el residenciamiento”, dijo para agregar que según ha trascendido el informe de los juristas incluye la comisión de uno de los delitos que conlleva depravación “que es lo que requiere la Constitución”.

“Mi emplazamiento una vez más a la mayoría parlamentaria es que hay base para iniciar el proceso de residenciamiento ya. No podemos estar a la merced de lo que diga el gobernador o de lo que vaya a hacer el gobernador”, indicó el legislador pipiolo y añadió que si Rosselló Nevares renuncia el proceso en la Cámara cesaría porque “perdemos jurisdicción”.

Márquez Lebrón sostuvo el informe de hoy valida el pliego acusatorio contra el gobernador que él radicó en una resolución para iniciar el residenciamiento y el análisis que también hizo de los hechos el Colegio de Abogados.

“Aquí lo importante es que ha habido una violación al principio constitucional de cumplir la ley y hacer que se cumpla. Ese es el primer mandato que tiene un gobernador y es la base para todas estas violaciones”, dijo el legislador independentista.

Emplazó a la mayoría a hacer público el informe de los juristas, independientemente de la determinación que tome el caucus penepé.