Bajo el pretexto de que los abogados de oficio “no reclamaban” el pago de las horas trabajadas, el Departamento de Justicia (DJ) utilizó los fondos que se había destinado a tales fines “para otras obligaciones” de la agencia.

La información está contenida en una minuta que preparó el Departamento de Hacienda de una reunión del Fondo de Acceso a la Justicia que se celebró el pasado 3 de octubre. En la misma se estipuló que la secretaria asociada de Gerencia y Administración del Departamento de Justicia, Lillian Sánchez, fue quien reveló la presunta transferencia de fondos para, supuestamente, costear las rentas de las oficinas de las fiscalías.

La suma incluida en el documento detalla que actualmente los fondos en controversia son $3.6 millones. Esta partida fue incluida en la resolución conjunta de la Cámara 355, bajo la sección 1, número 54, con el título “para uso exclusivo del pago de gastos y honorarios a los abogados de oficio nombrados por el tribunal”. 

La minuta en poder de Primera Hora alude a que supuestamente existe una “resolución conjunta” en la que se avaló la transferencia del dinero, pero la misma no aparece registrada en el buscador de medidas de la Oficina de Servicios Legislativos.

La portavoz de prensa de la Comisión cameral de Hacienda, Ana Quintero, confirmó que en lo que va del año ese ente no ha atendido ninguna medida que autorice a Justicia utilizar ningún fondo destinado para los abogados de oficio.

“No se ha recibido ningún documento en la Comisión de Hacienda para esos fines  y, si son de dinero, tienen que pasar por la Comisión de Hacienda, porque sería una enmienda a la resolución (de presupuesto)”, precisó la funcionaria.

Quintero detalló que, sin la aprobación de dicha resolución, “no se puede usar el dinero para otros fines. Para cambiar una línea de una resolución, se supone que ese cambio de partida pase por OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), Hacienda y la Asamblea Legislativa, y obviamente, a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tienen que solicitar permiso”. 

A solicitud de este diario, la portavoz de prensa de Justicia, Mariana Cobián, aclaró que no cuentan con una resolución conjunta, como aludió su empleada, sino con una carta de la JSF autorizando el uso de fondos. Indicó que hoy podría dar una copia del documento.

De igual manera, hizo llegar unas declaraciones autorizadas por Sánchez.

“Toda determinación de fondos y su mejor utilización de acuerdo a las necesidades de las agencias, las hace la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, y tienen que pasar por la Junta de Supervisión Fiscal, que es quien autoriza. Las agencias no tienen discreción ni autorización para mover partidas ni para utilizar dineros entre partidas y, por ley, todo sobrante en cuenta a junio 30 queda en cero, devolviéndose al fondo general. Quien tramita y realiza todos los desembolsos de los abogados de oficio es el Departamento de Hacienda”.

  Ante esta acción, el expresidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, dijo  a que  la acción de Justicia es contraria a la lucha legal que lleva el gobierno contra la JSF en el tribunal federal para que no se inmiscuyan en asuntos de política pública.

 “¿Cómo es posible que utilices como defensa lo que estás combatiendo en el tribunal?”, dijo.

La minuta en que se da cuenta del uso que le dio Justicia a los fondos de los abogados de oficio fue entregada por el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada, quien aseguró haber enviado sin éxito dos cartas a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, para cuestionarle “la desaparición” de los $3.6 millones que le corresponden a los abogados de oficio y del paradero de otros $200,000 de la compra de los comprobantes de suspensión.

“Fuimos informados de que los fondos asignados al pago de la representación legal de oficio desaparecieron de la partida a la que fueron asignados. Me refiero a la información insólita expuesta por una funcionaria de la agencia que usted dirige, en cuanto a que el Departamento de Justicia solicitó transferir, y de hecho se transfirieron los mencionados fondos para el pago de la representación legal de oficio para el pago de alquileres adeudados a los propietarios de locales ocupados por la Fiscalía a lo largo y ancho del país”, detalla la misiva remitida el pasado miércoles a la titular, así como al gobernador Ricardo Rosselló y a los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, en la que se trae a la atención la controversia.

Román Espada reclamó que “se restituyan fondos a la partida legítimamente asignada”.

Primera Hora se comunicó con el Departamento de Hacienda, pero no hubo respuesta.

Tardan en pagar

El líder de los abogados pidió a la agencia que atienda el proceso burocrático que tienen que atravesar los abogados para poder cobrar el dinero que se alega no se reclama.

El licenciado explicó que los abogados tienen una obligación ética de representar a los indigentes en casos criminales, cuando la Sociedad para la Asistencia Legal entienda que tiene un conflicto para representar a una persona de escasos recursos. Se les ha etiquetado bajo el seudónimo de “abogado de oficio”. Las primeras 30 horas que trabaja el letrado en cada año fiscal no son pagadas por el Estado. Las restantes horas se le paga a razón de $30, si trabaja desde su oficina, y $60 si asiste a una vista judicial, mucho menos de lo que cobran en la práctica privada, que ronda en $150 la hora.

Un documento revisado en septiembre por una empleada de Hacienda, Maritza Landrau, revela que los pasos que se dan en el gobierno para pagarle a un abogado de oficio tardan, en la mayoría de los casos, más de un año. Entre los ejemplos se destaca el caso de un abogado que reclamó $23.30 el 20 de abril de 2016 y el pago le fue emitido el 30 de abril pasado. Otro abogado sometió su factura el 26 de junio de 2015 por $3,836.62 y el pago fue emitido el 5 de mayo de este año.

En el documento en poder de Primera Hora solo hay un caso de un abogado que reclamó $1,500 el 24 de enero y el pago salió el 5 de mayo.  

Según se da cuenta, los abogados tienen que someter la factura ante el tribunal en el que atendió el caso, luego se tiene que aprobar una resolución del tribunal que tiene que ser avalada por el juez administrador. Completado estos pasos, la factura llega a la Oficina de la Administración de los Tribunales para su aprobación, que después la remite a Hacienda para que se culmine el proceso con el pago.

Román Espada contó que esta lentitud en el proceso y la advertencia que les hace Hacienda, de que al momento de facturar se investigará si tiene deuda contributiva, ahuyenta a los abogados a facturar. Sin embargo, insistió que resulta “impropio que un jefe de agencia utilice fondos para otros objetivos”.

Por otro lado, como solución a este problema, el presidente del Colegio urgió que la Legislatura atienda el proyecto de la Cámara 11 que crea la “Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal”, adscrita a la Sociedad para Asistencia Legal. El mismo fue aprobado en ambas cámaras en agosto de 2017 y enviado al gobernador, pero fue devuelto de inmediato con preguntas. Desde entonces la medida no se ha atendido.

Lo que busca esta legislación es que la Sociedad para la Asistencia Legal cree un banco de abogados de oficio y se encargue de pagarles, eliminando así el proceso burocrático que tienen que atravesar.