Organizaciones defensoras de los animales tronaron este viernes contra el acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Justicia federal, pues no contempla investigar posibles delitos en el zoológico de Mayagüez pese al evidente maltrato que recibieron los animales.

Dicho acuerdo reconoce el incumplimiento con las legislaciones a favor de los animales, señala múltiples violaciones cometidas por el Recursos Naturales y estipula que el gobierno estatal, en coordinación con The Wild Life Sanctuary, deberá trasladar a los animales a santuarios dentro de un plazo seis meses hacia los Estados Unidos.

Las irregularidades van desde darle de comer carne de caballo a rinocerontes, tener leones con heridas infectadas y llenas de moscas, así como métodos inhumanos de eutanasia, como lo que ocurrió en junio de 2014, que se le cortó la vena yugular a los ciervos con un cuchillo para después darlos de alimento a los felinos que permanecían en cautiverio.

“Este acuerdo refleja cómo la impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de crueldad animal. Por años hemos denunciado la incapacidad del Estado para hacer valer la amplia legislación que protege a los animales. No solo lo hemos hecho con los animales que se encuentran en el zoológico, sino que también hemos denunciado otras formas de inacción: la tenencia de animales exóticos y silvestres sin las debidas licencias, la falta de control de tráfico de animales, la dejadez institucional en atender querellas por maltrato y abandono de animales, la poca o ninguna intervención del Estado con las peleas de gallos (prohibidas desde 2018 por legislación federal), y la falta de una política pública para atender la sobrepoblación de animales en las calles del país”, tronó Christian O. Ríos Vallejo, presidente de Comisión Especial Sobre los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados.

La situación en el zoológico era tal que en el acuerdo se incluyó que la entidad “está en flagrante incumplimiento” con las leyes. Se expuso, además, que los animales recibían atención veterinaria inadecuada, y que desde enero del 2023, solo seis empleados estaban a cargo de los más de 300 animales, entre otras cosas.

“Mediante este acuerdo se establece un precedente nefasto para la efectiva implementación y ejecución de la legislación que vela por el bienestar de los animales. Cualquier efecto disuasivo o preventivo que la legislación protectora de animales pudiese tener para frenar la crueldad animal se desvanece y/o se menoscaba con este acuerdo. Esta impunidad también nos priva de una efectiva fiscalización en la manera en que el el gobierno de Puerto Rico utilizó fondos públicos para administrar negligentemente el zoológico”, argumentó por su parte Sahir I. Pujols Vázquez, presidenta de Vínculo Animal PR.

Finalmente, las organizaciones pidieron a las autoridades federales que reconsideren el acuerdo.

“Hoy nos hacemos de este reclamo para exigirle a Fiscalía federal que reconsidere este acuerdo y que le estaremos exigiendo por escrito que proceda a investigar y a responsabilizar a las personas e instituciones que permitieron que el zoológico se convirtiese en un almacén de animales expuestos a las peores violencias”, sostuvo Raquel V. Braña Carrasquillo, portavoz de Puerto Rico sin Zoo.