El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, y los miembros del Sindicato de Trabajadores se reunieron en la tarde de este miércoles en el Departamento de Trabajo, para intentar llegar a un acuerdo que permitiera reabrir los portones del recinto de Río Piedras (IUPI) y de las escuelas del sistema.

Pero antes de que estos anunciaran una tregua, una determinación del juez Anthony Cuevas Ramos, del tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó reabrir los portones de la principal institución académica del país.

El juez emitió una orden de entredicho provisional, en la que apercibió al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico y su presidente, David Muñoz, el cese y desista de “prohibir, impedir o interferir, ya sea a través del uso de vallas, vehículos de motor o cualquier obstrucción que no permita el libre acceso vehicular o de personas, o interfieran con las funciones diarias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, so pena de desacato”.

La orden de cuatro páginas emitida por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, a solicitud de la Universidad de Puerto Rico, cita a las partes a una vista de interdicto preliminar a celebrarse de forma preliminar el 23 de agosto, a las 9:00 a.m. en el Tribunal de San Juan.

Poco después, el Sindicato de Trabajadores anunció que acatarán la determinación judicial, pero mantendrán la huelga hasta que se cumplan con sus peticiones.

El líder de los trabajadores expuso en declaraciones escritas que “mañana habremos de acoger la decisión del Tribunal a los fines de no bloquear los portones del Recinto de Rio Piedras y la UHS, mas ejerceremos nuestro derecho a persuadir a los universitarios , empleados y facultad para recabar su solidaridad”.

Muñoz Hernández catalogó de “productiva” le reunión con la administración de la UPR. Dijo que la institución universitaria “reconoció que aún no había pagado el retroactivo salarial de $8.50 por hora que data del 2021 al 2022 según acordado en febrero de este año” e indicó que la administración procedió a hacer una petición formal a la Junta de Control Fiscal para que se cumpla con ese pago, “lo que celebramos como un logro de nuestro sindicato”.

“No obstante, reconociendo nuestro derecho a la huelga, continuaremos en ella hasta tanto la Junta apruebe dicha petición o la administración identifique otra alternativa para la consideración del Sindicato”, sostuvo.

“Nos ha costado una nueva huelga lograr que se garanticen los acuerdos alcanzados en febrero del presente, pero gracias a nuestra militancia y el apoyo de la comunidad universitaria lo estamos logrando y no levantaremos la misma hasta tanto se cumpla la totalidad del acuerdo”, destacó.

El sindicato de Trabajadores concluyó que sus exigencias son, además de justas, la única manera que tienen los trabajadores de validar el acuerdo de febrero de este año.

“Nuestros trabajadores han esperado seis meses por la administración. Ahora le toca a esta resolver y garantizar cumplimiento total del acuerdo de febrero. Continuará la huelga, hasta lograr que así sea”, concluyó.

De igual forma, Ferrao remitió expresiones escritas en las que repasó sus conversaciones con el Sindicato de Trabajadores y reiteró “el pedido de una universidad abierta para beneficio de toda la comunidad universitaria”.

Tarde de negociaciones

Más temprano, Ferrao había anunciado tener “la mejor intención, la mejor disposición”, de atender los reclamos de los trabajadores. Pero, sobre todo, indicó que le urgía la apertura de la universidad y escuelas ubicadas en Río Piedras para que iniciaran las clases.

De hecho, expuso que “estamos haciendo cálculos y aproximando a cifras” para identificar unos $2 millones del presupuesto general de la UPR que permita, al menos, cumplir con una de las exigencias del Sindicato de Trabajadores para dar fin a la huelga. El dinero sería para pagar el retroactivo de $2,200 a unos 1,430 empleados para satisfacer el aumento de salario mínimo que entró en vigor el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, que llevó el jornal de $7.25 a $8.50.

Sobre la segunda exigencia del gremio, de que se ponga en vigor una orden judicial que les permita tener su propio plan médico, Ferrao aludió a que se encuentra apelando la decisión en el Tribunal Supremo. Dijo que recientemente se completó la subasta en la que se seleccionó a una aseguradora de salud, por lo que hacer cambios provocaría un aumento en el pago de la cubierta médica para el resto de los trabajadores.

“La importante noticia es que logramos subir el salario mínimo que estaba en $7.25 a $9.50. Obviamente, como ustedes saben, la autorización tuvimos que pedirla a la Junta de Supervisión Fiscal y eso era una de las grandes reivindicaciones del sindicato. Venimos aquí de nuevo con la mejor intención, con toda la información posible para sentarnos en la mesa de diálogo”, señaló Ferrao, previo a entrar al cónclave.

El proceso de negociación, que inició a las 3:00 p.m., se realizó ante la mediadora del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, Madeline Meliá.

El presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz Hernández, se atribuyó haber realizado las gestiones desde ayer, martes, con el Departamento del Trabajo para lograr que este proceso de negociación se diera.

En conferencia de prensa, el líder sindical mostró malestar con el hecho de que en febrero pasado Ferrao firmara un acuerdo con el gremio y no fue hasta el 2 de agosto que suscribió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para reclamar los fondos para cumplir con solo una parte del compromiso. Se trataba del aumento del salario mínimo a los trabajadores de mantenimiento de $7.25 a $9.50.

Fue ayer, martes, tras anunciado el inicio de la huelga, que Ferrao pudo anunciar que se daría dicho incremento salarial a unos 1,430 trabajadores.

Cabe destacar que el presidente de la UPR informó a Primera Hora que este aumento salarial se comenzará a pagar el 14 de septiembre y se le daría a los empleados un retroactivo al 1 de julio de 2023.

Al no cumplirse, sin embargo, con el pago retroactivo al 1 de julio de 2022, el paro no se detuvo. La medida provocó que se detuviera el inicio de clases en la UIPI, la cual iba a recibir unos 12,000 universitarios, así como en las escuelas de la UPR localizadas en Río Piedras.

Muñoz Hernández ha insistido en el pago retroactivo del primer aumento de salario mínimo de $7.25 a $8.50, así como la opción de escoger su propio seguro de salud. Expuso que no accederían a la petición de abrir a los portones de la UIPI, ya que supuestamente el presidente de la UPR los engañó en febrero pasado.

Recordó que en la huelga que decretaron en febrero accedieron a abrir los portones para dar paso a los acuerdos firmados por Ferrao y este no les cumplió.

“El resultado fue que, a pesar de que nosotros convinimos en abrir los portones, regresar a nuestras labores y negociar un acuerdo, no honró los acuerdos a los que llegó con nosotros. Y por eso es que los trabajadores que nos acompaña aquí en la mañana de hoy, y ellos te pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo, se sienten engañados, porque fue precisamente eso lo que ocurrió la ocasión anterior. Y entonces, naturalmente, hay que hacer un poco de historia. Él parece que es profesor de historia, pero tiene mala memoria. Y es que en esa ocasión ese fue el acuerdo, pero no lo honró. Y entonces los trabajadores lo que dicen es va a hacer exactamente lo mismo con nosotros, nos va a decir que regresemos, vamos a llegar entonces a un tipo de acuerdo, si es que llegamos a un acuerdo y luego él va a decidir si lo honra o no la honra. Ya sucedió en el pasado, así que hay probabilidad de que el vuelva a hacer exactamente lo mismo”, manifestó Muñoz Hernández.

A su llegada al Departamento del Trabajo, Ferrao alegó que en el proceso de aprobación del presupuesto del año fiscal solicitaron a la Junta de Supervisión Fiscal $30 millones para lograr pagar estos compromisos a los trabajadores, pero se los negaron.

De hecho, alegó que los acuerdos alcanzados en febrero pasado se realizaron bajo ciertas condiciones. Alegó que “dependían que la Junta de Supervisión Fiscal autorizara parte de muchas de ellas, sobre todo las que tienen que ver con dinero”.

No obstante, en los documentos que se estipularon los acuerdos que firmó Ferrao y Muñoz Hernández en febrero, así como en el Laudo de Estipulación que se pactó ante el Departamento del Trabajo, no se incluye nada relacionado a que su cumplimiento estaba sujeto a una determinación de la Junta de Supervisión Fiscal.