El alcalde saliente de Loíza, Eddie Manso, pudiera estar en aprietos legales próximamente tras denunciarse que bajo su administración ocurrieron un sinnúmero de acciones nebulosas que serán referidas en las próximas semanas a las autoridades federales y estatales. 

Hurto de bienes municipales, desvío de fondos públicos, decomisión irregular de computadoras, ayudas ilegales a familiares de jefes de dependencias y la desaparición de armas de fuego, son sólo algunos de los hallazgos que salieron a flote durante el proceso de transición de Loíza.

Así lo denunció públicamente el abogado Marcos A. Rivera, director ejecutivo del Comité de Transición de la alcaldesa entrante Julia Nazario Fuentes.

“El municipio de Loíza ha estado operando como un ente sin cabeza, cuyos miembros actúan de manera independiente, sin norte y sin dirección definida. Es un acéfalo que ha operado de manera improvisada, dando tumbos en ausencia de un líder capacitado”, dijo Rivera, quien detalló a la prensa las irregularidades que a finales de mes pretende entregar a modo de informe al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia.

Entre los señalamientos más serios se destaca la destrucción de 33 computadoras que fueron compradas hace siete meses y que fueron decomisadas sin el debido proceso de ley días antes de las elecciones generales. Luego, según informaron empleados del municipio en las vistas de transición, se dispuso del material en un vertedero de Humacao.

También se informó de la “desaparición” de la bóveda del cuartel municipal de una serie de armas, incluidas dos rifles AR-15, una escopeta y dos pistolas. El arma del chofer del alcalde, también desapareció. Ninguno de los casos fue esclarecido.

Otro asunto catalogado como “inaudito” para el licenciado Rivera fue el “hurto de bienes pertenecientes al municipio, uso indebido de propiedad municipal, la alteración de boletas para compra de combustible que fueron utilizados por personas civiles que no trabajan en la alcaldía y el uso de autos oficiales y de equipo del ayuntamiento para fines privados”.

“El proceso de transición reveló, además, que la Oficina de la Primera Dama y Asuntos de la Comunidad otorgaron dinero proveniente del Emergency Solution Grant a familiares y personas allegadas al director de dicha oficina y a la manejadora de casos”, agregó el abogado al explicar que para lograrlo se alteraron documentos públicos y se violaron varios artículos de la Ley de Ética Gubernamental.

Dijo que por los pasados años estos casos no fueron reportados a la Oficina de Ética ni al Departamento de Justicia, lo que tuvo el efecto de originar “una percepción de impunidad por actos negligentes y constitutivos de delitos”.

Rivera dijo que las ilegalidades son evidentes, pero le corresponde a las autoridades federales y estatales realizar la pesquisa y acusar directamente a Manso como responsables del tétrico escenario.

Sin chavos pa’ nómina

La situación se torna más crítica para Loíza destacando que es un municipio con un déficit acumulado de $8.5 millones y que el ayuntamiento depende casi en lo absoluto del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para pagar su nómina de $290 mil mensuales.

Y es que en este pueblo costero el 48% del presupuesto asignado se destina al pago de más de 400 empleados empleados transitorios y regulares y el de 25 empleados de confianza que devengan en total $600 mil anuales.

Este cuadro fiscal comatoso empeora con el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) congeló las cuentas del ayuntamiento desde el pasado mes de octubre al revelarse que la retención por concepto de seguro social que se le hacía a los empleados no era pagado a la agencia.

Así las cosas los empleados se han quedado en ocasiones sin cobrar sus quincenas, o con cheques rebotados como ocurrió esta semana, según explicó la alcaldesa Julia Nazario.

“Me acuesto pensando qué puedo hacer para mejorar esto”, dijo una angustiada Nazario al destacar que tan pronto jure a su cargo el 9 de enero solicitará un adelanto de la remesa al CRIM para cubrir los gastos de nónima.

Adicional, tomará medidas drásticas y austeras como lo es bajar el salario de todos los ayudantes especiales, así como minimizar los gastos de celular. Además, solicitó una reunión con el IRS a fin de buscar un acuerdo de pago con la agencia.