En 1917, luego de cuatro siglos de política colonial en la Isla, los puertorriqueños dieron un paso en la lucha por lograr la igualdad de derechos entre sus pares colonizadores.

La participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial había permitido que emigrantes puertorriqueños aportaran con su trabajo a la economía estadounidense. Además, la inestabilidad que podía traer la guerra al Caribe, puso en primer plano la necesidad de fortalecer la unión entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

Como consecuencia, el Congreso aprobó una serie de reformas políticas para la Isla como parte de un proyecto de ley propuesto por el senador William A. Jones. La nueva ley, aprobada en abril de 1917, creaba para Puerto Rico una nueva legislatura compuesta por un senado y una cámara de representantes, con mayor participación electoral para los puertorriqueños. Además, la Ley Jones extendió una carta de derechos civiles para los puertorriqueños, basada en la de los Estados Unidos.

Sin embargo, una de las mayores concesiones fue la extensión de la ciudadanía estadounidense a los habitantes de Puerto Rico. Aunque la medida no tuvo una gran acogida entre la mayoría de la población, el Congreso estimó necesaria la imposición de la ciudadanía como estrategia para fortalecer la seguridad nacional.