Varias personalidades relacionadas con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la industria energética en Puerto Rico depusieron en una vista ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que abordó, entre otras cosas, la transformación energética de Puerto Rico y la concesión de las operaciones de transmisión y distribución de la AEE al consorcio privado LUMA Energy, bajo el sistema de una alianza público privada (APP).

Entre los deponentes ante la comisión que preside el congresista Raúl Grijalva, estuvieron el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, y el director ejecutivo del Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanes, quienes a nombre del gobierno defendieron el acuerdo con el consorcio.

Tal como han hecho desde que se hizo el anuncio de la APP con LUMA, aseguraron que el pacto no supondría aumentos en la tarifa ni despidos de empleados, y que por el contrario significaría un paso hacia un servicio eficiente y de excelencia que se merece el pueblo.

También depuso Edison Avilés, presidente del Negociado de Energía.

Pero la audiencia también ofreció oportunidad de expresarse a entidades y uniones que declararon su oposición al proyecto para poner en manos de LUMA las operaciones de transmisión y distribución de la AEE.

Ruth Santiago, miembro de la Coalición Queremos Sol, condenó el acuerdo que entrega sumas multimillonarias a LUMA sin las garantías necesarias para que provea el añorado servicio de calidad, que a su vez elimine la dependencia a combustibles fósiles, y mantenga los empleos de los trabajadores de la AEE. En cambio, sostuvo, Queremos Sol propone “la reivindicación de la utilidad pública a través de la participación ciudadana”.

También tuvo un turno el presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa Jaramillo. El líder obrero sostuvo que, aunque reconocen que la AEE necesita ser transformada, el contrato con LUMA resulta nocivo para los mejores intereses de Puerto Rico.

Además, Figueroa Jaramillo, a través de un intérprete, dijo que avalaban la propuesta de Queremos Sol, comentado que es una mucho más provechosa para la Isla.

El líder obrero condenó que el contrato con LUMA otorga al consorcio amplios poderes decisionales, así como el manejo de miles de millones, según entienda conveniente, y catalogó el acuerdo como “un despilfarro increíble de fondos públicos que no sirve a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.

También participó Josen Rossi, presidente del Instituto para Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico, quien defendió la inversión en energías renovable y llamó a una mayor y mejor regulación de la industria, indicando que había una falta de confianza grande en la capacidad de la AEE de poder dirigir la transformación energética que necesita la Isla.

A preguntas de los congresistas, Ortiz habló de planes para dividir la Isla en ocho redes que podrían operar independiente una de otras, de manera que si hay un desastre natural como un huracán, no se apague toda la Isla. Habló además de proyectos para soterrar y proteger líneas, en particular en zonas cercanas a grandes industrias como las farmacéuticas, para que se afecten lo menos posible con cualquier fenómeno natural.

El representante Paul Tonko, tras comentar que la AEE recibiría $1,900 millones de fondos federales para transformar el sistema eléctrico, y le cuestionó a Ortiz si la agencia tenía un plan claro para invertirlos de la mejor manera, incluyendo la instalación de paneles solares.

Tonko le cuestionó además a Fontanes sobre la cláusula de fuerza mayor que tiene el contrato de LUMA, y si a misma podría usarse para retirarse si ocurría un desastre de gran magnitud.

Fontanes sostuvo el asunto se estaba malinterpretando y que la cláusula no estaba diseñada para ser usada de esa manera.

La congresista Nydia Velázquez preguntó a Fontanes si LUMA asumiría la cobertura pensiones que tienen actualmente los obreros de la AEE, y el directivo indicó que todos los derechos adquiridos serían respetados.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, también participó de la vista e indagó, entre otros asuntos, sobre la validez e integridad del proceso que terminó con la contratación de LUMA, a lo que Ortiz respondió que el contrato fue retado en corte por uno de los competidores de LUMA, y no se encontró ninguna irregularidad.

El representante Darren Soto abordó el tema de resiliencia, y recordó el desastre que significaron los huracanes Irma y María para el sistema eléctrico de Puerto Rico. Insistió en que los fondos de recuperación deberían usarse de la mejor manera posible para que no se repita algo así, e insistió en que la Isla debe superar su dependencia a los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y poner más énfasis en la energía renovable y en particular la instalación de paneles solares y baterías y sistemas de almacenaje.

Preguntó a los participantes, específicamente, si Puerto Rico podía dejar de usar petróleo y carbón para 2030. Ortiz dijo que se movían en esa dirección, aunque no se podía dar una garantía absoluta porque dependería de varios factores.

El congresista Alan Lowenthal, vicepresidente del comité, cuestionó si LUMA estaba en condiciones de trabajar con las uniones de la AEE. Ortiz respondió que la compañía que componen LUMA tienen operaciones con una gran cantidad de obreros unionados, por lo que no deberían tener problema.

Lowenthal también le preguntó a Ortiz por la situación del enorme déficit para pagar las pensiones. El director ejecutivo dijo que el asunto era responsabilidad de la AEE, y que LUMA, en cualquier caso, “pararía el sangrado”.

La congresista Deb Haaland preguntó sobre la reciente mención de la posible integración de energía nuclear en la transformación de la AEE. Ortiz dijo que, aunque no era un problema técnico, no creía que hubiera ninguna comunidad que estuviera dispuesta a aceptar una planta nuclear en sus cercanías.