Un grupo de personas, entre ellas representantes de instituciones comerieñas, llegó esta tarde al Departamento de Educación para entregarle al secretario Rafael Román un ‘Manifiesto sobre violación de Derechos Civiles’ en la Escuela Superior Juana Colón.

El documento surge luego que la agencia, según alegaron los ciudadanos, manejara mal el incidente que ocurrió del 17 al 19 de agosto pasado, cuando Karina Fontánez Rivera y otras estudiantes de ese plantel utilizaron pantalones propios para una mujer, pero con los mismos colores del uniforme escolar de los varones.

Los querellantes alegan que ante “el daño emocional provocado por las autoridades educativas a estas jóvenes y el sometimiento a un ambiente escolar lleno de acoso y señalamientos atacando la identidad de estas por la imposición del uniforme establecido para los varones, exigimos revocar la directriz impuesta por la directora y el secretario de imponer a las estudiantes el pantalón diseñado para hombres”.

Según el Manifiesto, la administración escolar y las altas esferas de Educación coartaron el derecho a la educación, la intimidad y a asumir su identidad a estas jóvenes por no permitírseles acudir al salón por tres días. También alegan que se le negó el derecho a la madre de Karina a querellarse por maltrato institucional. 

Por eso le exigen a Román que se retracte de la mala práctica de evitar que la madre fuera ante la División Legal de Educación, que sancione a los responsables en la escuela de violarle los derechos a las jóvenes y que le ofrezcan a estas asistencia psicológica gratuita. También, educar desde una perspectiva de género para evitar actos de opresión contra el resto de la población estudiantil.

“El caso de Karina expone la vulnerabilidad de nuestros estudiantes dentro de los escenarios escolares que día a día son víctimas de atropellos y violaciones de derechos y hasta de las mismas cartas circulares del Departamento de Educación por diversos funcionarios”, reza el documento.

Según los denunciantes, las prácticas de la escuela y de Educación violentan derechos contemplados en la Constitución de Puerto Rico; la Ley Orgánica del Departamento de Educación; la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, la Carta Circular sobre la Equidad de Género del Departamento de Educación y la Carta Circular sobre el Uso de Uniformes.