La Administración de Servicios Generales (ASG) iniciará, a partir de hoy una nueva etapa de gobernanza y administración de fondos públicos tras la aprobación del Reglamento de Compras de la agencia por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Este dicta las nuevas normas y procesos de compras y subastas del gobierno de manera centralizada y transparente y atiende las fallas enfrentadas en el pasado en los procesos gubernamentales de para la adquisición de bienes.

Según Karla Mercado Rivera, Administradora de ASG y Principal Oficial de Compras del gobierno, con la aprobación de la Ley 73-2019 y la certificación del Plan Fiscal creación de la legislatura, los roles de la agencia fueron reconceptualizados. A raíz de ello, ASG asumió nuevas responsabilidades y facultades para efectuar, regir y fiscalizar todas las compras del Gobierno de Puerto Rico.

La ley 73-2019, aprobada el 19 de julio de 2019, le ordenó a la ASG, entre otras cosas, la promulgación de un reglamento único de compras y subastas con el fin de uniformar el proceso de compras y licitaciones en el Gobierno de Puerto Rico.

“Este no es un reglamento más. Es el instrumento que nos permitirá generarle al fisco ahorros significativos y una mayor eficiencia. Porque la transparencia, se traduce en ahorros y confianza de todos los sectores. Queremos devolverles a los ciudadanos, la confianza en su gobierno. De este modo, nos encaminamos a cumplir con el plan que nos encomendó la JSF, cuando ordenó la creación del nuevo modelo de la agencia”, señaló la licenciado Mercado Rivera.

Esta explicó que el proceso de desarrollo del nuevo reglamento, que tomó meses para lograr un consenso, contó con la participación de representantes de diferentes industrias como la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas (CUD) y la Asociación de Contratistas, entre otros.

“Previo a la aprobación, celebramos vistas públicas donde se le garantizó al sector privado la participación e inclusión de ideas y preocupaciones sobre el reglamento y los nuevos procesos, que dispondremos en la ASG. Este fue el primer paso para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades para todos los sectores y proveedores de bienes y servicios del gobierno”, detalló la Principal Oficial de Compras del Gobierno y Administradora de ASG.

Mercado agregó que debido a que la centralización de compras forma parte del plan fiscal, la JSF y la nueva administración se ASG conformaron un equipo de profesionales que conjuntamente revisaron todos y cada uno de los aspectos del reglamento mediante un extenso periodo de intercambio de ideas. “Al final del proceso, la Junta avaló el reglamento. Además, incorporó responsabilidades adicionales a la agencia, contempladas en el plan fiscal aprobado”, puntualizó la funcionaria.

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Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal dijo que el reglamento busca “mejorar sustancialmente” las prácticas del Gobierno de Puerto Rico en la adquisición de bienes y servicios, así como prevenir las irregularidades e ineficiencias que han plagado el sistema de contrataciones del País.

“Este reglamento es un gran paso hacia adelante para Puerto Rico. El reglamento le permitirá a Puerto Rico adquirir bienes y servicios de manera eficiente y eficazmente a los mejores precios posibles. La licitación competitiva de bienes y servicios, la contratación transparente y los controles definidos son el principio rector del buen funcionamiento del proceso de adquisición, y eso es lo que permite este nuevo reglamento”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.

La revisión de la Junta de Supervisión del reglamento propuesto por ASG condujo a cambios sustanciales:

  • Minimiza lo que califica como adquisición excepcional, permitiendo las compras directas de bienes y servicios fuera de los procesos normales de adquisición.
  • Establece un proceso definido para adquisiciones excepcionales, incluidas compras durante emergencias.
  • Requiere un proceso de nueva licitación cuando no se recibieron ofertas o propuestas en el proceso de adquisición de contratos ordinarios de bienes y servicios.
  • Las licitaciones en formato de libro abierto (también conocido como contratos de costo-más) para requerir que los proveedores incluyan todos sus costos, márgenes y servicios para ayudar en la transparencia de la toma de decisiones
  • Publicación de todas las órdenes de compra, además de todos los contratos, siguiendo el mismo procedimiento.