Representantes de la industria turística pidieron hoy al gobierno evitar imponer nuevas restricciones a ese golpeado sector ante el reciente aumento de casos de COVID-19 y, en cambio, enfocar sus esfuerzos en ir tras aquellos que no cumplen con los protocolos de seguridad recomendados para combatir la pandemia.

Pablo Torres, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA), alertó que “la actividad turística no aguantaría otro cierre y muchos negocios se verían obligados al cese de funciones, permanentemente”.

“Estamos a punto de un colapso total de la economía, si entra en vigor un cierre total nuevamente. Nuestra industria ya ha sido afectada lo suficiente en los pasados meses, los despidos de empleados han sido miles”, afirmó Torres, agregan que los estimados de pérdidas en ingresos ascienden a $271 millones si compara con el año pasado.

En cambio, el grupo le reclamó al gobierno que tome acciones efectivas para velar por el cumplimiento de las disposiciones de las órdenes ejecutivas que buscan combatir la pandemia, y sancionar a quienes las violen.

“Queremos solicitar a las agencias de ley y orden a que se comience a hacer valer las reglas que se indican en la orden ejecutiva, reforzar la vigilancia, establecer los límites y, de ser necesario, otorgar multas. No podemos seguir pagando justos por pecadores, cuando solo llevamos operando unos días luego de emitida la nueva orden ejecutiva, mientras las decisiones aparentan estar tomándose con información previa a la fecha de reapertura limitada”, afirmó Torres.

Luego haber estado semanas sin operar por las restricciones que estaban en vigor, el sector turístico fue autorizado a operar de manera limitada en la más reciente orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez.

Por otro lado, por los pasados días se viene registrando un alza paulatina en contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, algo que también tiene a muchos preocupados.

Otro asunto en el que los representantes de la industria turística hicieron hincapié fue la necesidad de supervisar de manera efectiva a todos los hospedajes alternativos independientes y casas y apartamentos de renta a corto plazo, “en donde se están hospedando muchos de los familiares y visitantes extranjeros que llegan a la Isla para evitar la supervisión y la cuarentena requerida”. Agregaron que se deben incluir “sanciones y multas sustanciales para los dueños y operadores por cada día de violación a las reglas”, o “imponer el cierre de esa operación”.

El grupo de empresarios de la industria turística subrayó que, además de las inversiones que han hecho en materiales, reacomodo de áreas comunes y adiestramiento de personal, llevan un monitoreo constante en sus instalaciones y realizan pruebas de manera sistemática a sus empleados, sin que se haya registrado al momento un solo caso de COVID-19. Resaltaron además que sus instalaciones son revisadas continuamente por oficiales del gobierno y, en el caso de los casinos, tienen un oficial vigilando sus operaciones 24/7.

En contraste, destacan, los propios datos del Departamento de Salud indican que los brotes del peligroso virus “se han concentrado de forma comunitaria, por ejemplo, congregaciones familiares y reuniones partidistas previo y luego de las primarias”.

“Enfatizamos en que no hay necesidad de cierre de los negocios que componen la actividad turística y que cumplen a cabalidad con los protocolos de la Compañía de Turismo y tienen la certificación de la Guía Operativa de Salud y Seguridad Turística, ya que las medidas de seguridad establecidas por nuestros socios son de primer orden”, insistió Clarisa Jiménez, principal oficial de la PRHTA, entidad que agrupa a cientos de negocios como hoteles de todo tamaño, casinos, restaurantes, líneas aéreas, compañías de transporte, atracciones, operadores de excursiones, entre otros.

Más allá de sus reclamos, el grupo sometió unas propuestas que considera pueden ayudar a atender la situación del COVID-19, sin llegar a provocar otro cierre económico. Dichas propuestas incluye: incrementar personal de la Policía de Puerto Rico, de ser posible activando la Guardia Nacional, para hacer cumplir la orden; hacer una campaña publicitaria masiva que exhorte a seguir las medidas de protección de contagio y dejar claro a la ciudadanía los riesgos y las multas de no cumplir con las restricciones vigentes; aumentar las pruebas moleculares y la rapidez en dar los resultados de éstas, para conocer la realidad de la situación y poder, de forma oportuna, controlar cualquier contagio detectado; robustecer el programa de monitoreo de casos para continuar teniendo datos precisos y confiables.