Luego de unos ajustes de último momento, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, finalmente compareció en horas de la tarde ante la comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que le había citado como parte de la investigación en torno a la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez.

Sin embargo, su comparecencia, que se produjo luego de que se ausentara a la cita en la mañana y se le convocara para la tarde “so pena de desacato”, se produjo en la forma de una vista ejecutiva, es decir, a puertas cerradas a la prensa y el público, a pesar de que, a juicio tanto del presidente de la Comisión, el senador independiente José Vargas Vidot, como del senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el secretario no dijo nada que no se pudiese haber dicho públicamente.

“Realmente yo no creo que la vista fue tan productiva”, expresó Vargas Vidot, lamentando que “hay una idea adversativa de la investigación”, al punto que, aun sin pertenecer a partido alguno “siento que estoy como defendiéndome, o atacando”, cuando “en realidad lo que pienso es que, ante una situación como la que pasó con Hermes (Ávila Vázquez), las agencias de gobierno debemos de unirnos para buscar la transparencia, la verdad, que haya rendición de cuentas”.

Recordó que hay dos investigaciones abiertas, generadas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que “indican la negligencia de Physician Correctional (empresa a cargo de los servicios médicos carcelarios), que indican recomendaciones puntuales para evitar que situaciones de esa naturaleza se desarrollen”, y que surgen “a partir de la lamentable muerte de Ivette Joan (Meléndez Vega)”.

Aseguró que, con la vista, no buscaba “asaltar” al secretario, sino que “complementara la información”, para conocer si durante estos cuatro meses de investigación, “se ha logrado hacer algo, si se ha logrado que la secretaria (del DCR) responda a las recomendaciones puntuales de cambio que están en sus manos y que no hace falta legislación para ellos, si se ha logrado determinar si hay alguna causa para arresto de alguien, si la negligencia fue negligencia o se puede tipificar como algún delito, si hay una negligencia que puede catalogarse como negligencia criminal”.

Así las cosas, el legislador consideró que, “más allá de que se le pidió formalmente una reacción sobre posibles enmiendas de la Ley 25 (de 1992)”, el secretario no atendió satisfactoriamente sus preguntas y agregó que “él (secretario) básicamente insultó el deseo nuestro, la intención de que la investigación concluyera”.

El senador Bernabe se hizo eco de su colega y afirmó que “en esa vista ejecutiva no se dijo absolutamente nada que no se pudiera decir públicamente” y cuestionó “por qué había que hacerlo en secreto y que ustedes no pudieran oír al secretario lo que él dijo y que tengan que cogerlo de segunda mano”.

Bernabe resaltó que, como ha planteado desde el inicio, considera que “no hay una decisión más importante que pueda tomar una secretaria de Corrección que la decisión de si una persona está libre o sigue encarcelada, y es inaudito que la secretaria de Corrección haya delegado esa decisión en otro funcionario”.

“En última instancia después de todas las investigaciones que se hagan, la secretaria de Corrección sigue siendo responsable de haber delegado una decisión clave”, más aún cuando, como “planteó el presidente del Senado cuando se estaba discutiendo este tema, que la Ley 25 dice que esa decisión es indelegable” y, por tanto, “la única conclusión es que la secretaria violó la ley. Y nosotros esperamos que cuando se someta el informe de Justicia se establezca esa violación de ley de la secretaria”.

Por su parte, el secretario Emanuelli, a su salida de la vista ejecutiva, se reiteró justificar su ausencia a la vista original de la mañana porque “la citación que se nos hizo a nosotros era para que nosotros habláramos sobre los hechos del caso de Hermes (Ávila Vázquez). Entonces qué pasa, yo no puedo hablar de una investigación que está en proceso o que no ha culminado”.

Agregó que, más adelante escuchó declaraciones del presidente de la Comisión, “de que él quería compartir cierta información de la investigación cómo se hacía”, y llamó al presidente del Senado y se hizo disponible para comparecer.

En cuanto a lo discutido en la vista ejecutiva, que calificó de “algo muy amable”, sostuvo que “ellos quieren saber qué se ha hecho, en qué etapa se encuentran los informes, y preguntaron dos o tres cosas que no se pueden decir, y yo con mucho gusto dije que no se podían decir”.

Explicó que el borrador de informe de la investigación que ha visto tiene “ciento noventa y pico de páginas, y está en etapa final”. A preguntas de si se haría público antes que termine el cuatrienio de gobierno, aseguró que, “créanme, eso no va a llegar a unas elecciones ni nada… ese no es mi estilo”.

Sobre posibles enmiendas a la Ley 25-1992, que se usó como base para la excarcelación de Ávila Vázquez, sostuvo que pidió a los senadores que lo pusieran “por escrito, que es lo que se hace. El trámite ordinario es que todas las leyes o todo lo que quieran los legisladores que se consulte, lo manden en una carta. Me dan cinco días, seis días, y entonces se hace el estudio y se le explica todo lo de la Ley 25″.

A la pregunta de si tenía alguna recomendación o sugerencia de enmienda a la Ley, dijo que “por el momento” no tenía ninguna, y esperaría a ver las sugerencias de los legisladores, “porque yo no soy legislador”.

No llegó en la mañana

Más temprano en la mañana, el senador Vargas Vidot explicó que el secretario había enviado una carta “muy respetuosa, muy linda, llena de palabras”, en la que, en su mayor parte, “dice que nosotros tenemos el perfecto derecho de citarlo, que tenemos el deber de citarlo, inclusive, porque el planteamiento este de que vamos a enmendar leyes debe de tener el concurso y la participación del propio secretario de Justicia, toda vez que ha implicado crímenes que se han dado por la interpretación de una ley”.

Sin embargo, agregó, en esa misma carta terminaba “diciendo que es discreción de él si quiere venir o no”, y, de hecho, no se presentó a la vista, lo que llevó al senador a citarlo para la 1:00 p.m. “so pena de desacato”, que “es una facultad que nos da el Código Político”, y que han tenido que utilizar antes con otros funcionarios como el secretario de Salud y la secretaria de Corrección y Rehabilitación.

Emanuelli, en tanto, emitió unas breves declaraciones escritas, en las que justificó su ausencia cuestionando el fin público de una comparecencia pública suya mientras todavía está en curso una investigación criminal en torno a excarcelación del criminal Ayala Vázquez.

Ya en horas de la tarde, previo a la vista ejecutiva, el presidente del Senado, el senador José Luis Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD), anunció que, tras citar nuevamente al secretario, le había dicho que estaba “disponible para declarar”, pero le solicitaba al Senado hacerlo “en vista ejecutiva porque no quisiera entrar en los hechos específicos de la investigación, que aunque se señaló públicamente una fecha de culminación, la investigación no ha culminado”.

Además de Vargas Vidot, Bernabe y Dalmau, también se sumó a la vista ejecutiva la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Hermes Ávila Vázquez fue excarcelado bajo un polémico proceso en el que, entre otras irregularidades, fingió estar parapléjico para beneficiarse de una ley que otorga clemencia a confinados bajo ciertos criterios, como el de padecer una enfermedad terminal.

Una vez fuera, en abril pasado, acechó y asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega, crimen por el que fue acusado de feminicidio, destrucción de pruebas, violaciones a la Ley de Armas y a la ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, cargos por los que se declaró culpable en agosto pasado, al llegar a un acuerdo con la fiscalía por el que cumpliría 102 años de prisión.

Antes de salir en libertad en abril de 2023, con un pase extendido bajo los beneficios de la Ley 25-1992, Ávila Vázquez estaba cumpliendo una sentencia de 122 años de prisión emitida en su contra en el 2005 por cargos de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas.

A pesar de que no cumplía con los requisitos de esa ley, se autorizó su excarcelación, luego de cuestionables evaluaciones llevadas a cabo por un panel médico de la compañía Physician Correctional, contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para correr el Programa de Salud Correccional.

Ese proceso de excarcelación está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia y del Senado. Además, 15 empleados del DCR fueron referidos a la División de Disciplina de la agencia para ser sometidos a procesos administrativos en su contra.