El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, hizo este lunes un llamado a la calma antes los temores que ha desatado la reciente orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump con el propósito de desmantelar el Departamento de Educación Federal (USDE, en inglés), pues hasta ahora no hay señales de que se vayan a afectar los fondos federales asignados para el sistema de educación en Puerto Rico, de los cuales dependen en gran medida para su funcionamiento.

No obstante, Ramos Parés aseguró que se mantienen “vigilantes” a todo lo que está ocurriendo en Washington, para tomar cualquier medida que sea necesaria.

La reacción de preocupación de la ciudadanía es de esperarse, toda vez que el DE recibe muchísimo dinero federal para su operación y sus programas. Según detalló el secretario, el DE, incluyendo todos los diferentes fondos federales que recibe, “probablemente estamos hablando de sobre $1,100 millones”, de los cuales “unos $800 y pico son fondos de la Ley ESSA (Ley Cada Estudiante Triunfa), entiéndase Título 1, Título II, Título III, Título IV; algunos $130 millones de fondos de educación especial y el resto para lo que es el área ocupacional, el programa para adultos, el área de instituciones juveniles”.

“Los fondos federales tienen un impacto directo y grande sobre la operación de las escuelas y sobre la operación del Departamento en términos generales. Básicamente la operación de las escuelas casi el 50% se sufraga con fondos federales”, confirmó.

Además del presupuesto de las escuelas, enumeró otros programas que también operan con fondos federales, como el horario extendido de las tardes, el plan en el que se trabaja el maestro sustituto, los planes de trabajo que conllevan la contratación de maestros retirados, los ofrecimientos de ‘21st Century’ que se dan a través de municipios a cargo de escuelas y entidades sin fines de lucro, el programa ‘school improvement’ para mejorar las escuelas de peor desempeño escolar, entre muchos otros.

Sin embargo, el secretario indicó que, “el anuncio que hemos visto hasta el momento y lo que han sido nuestras conversaciones con el gobierno federal, no ha tenido un impacto en los fondos y no se vislumbra un impacto”.

Tampoco anticipan impacto negativo en los fondos federales de educación especial. Explicó que lo que ha trascendido es que la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación (OSERS, en inglés) pasará al Departamento de Salud federal. Aclaró que esa oficina, “al igual que Educación Especial en Puerto Rico y Rehabilitación Vocacional, operan con cierta independencia del resto de los servicios y del sistema, así que en esa medida estaríamos viendo la transferencia de una oficina de un lado a otro, pero con su estructura operacional. Esta ha sido una de las oficinas que menos impactada ha estado en todo este proceso. Así que no vislumbramos mayores cambios”.

Además, resaltó, “el 77% (de las operaciones de educación especial) en promedio en los últimos años ha sido sufragado con fondos estatales. Así que la dependencia de este programa es mucho menor a los fondos federales”.

No obstante, recalcó que, “yo sí he dicho que estemos vigilantes porque el proceso presupuestario se va a estar dando y se va a estar trabajando, y veremos en las próximas semanas y meses cómo esto va a ir madurando en el Congreso”.

De acuerdo con Ramos Parés, lo que busca la orden ejecutiva de Trump, y la ejecución de la secretaria de educación federal Linda McMahon, “es un tema de eficiencia. Tienen una visión de eliminar burocracia, de eliminar oficinas y que los estados y territorios reciban el dinero de una manera directa y sin las menores restricciones posibles”.

“Así que la idea no suena mal. Hay que ver cómo la práctica, y cómo lo que está ocurriendo en Washington D.C. va a impactar a Puerto Rico. Ahora mismo, lo que sí hemos visto es pérdida de recursos que han tenido relación por años en el Departamento y que conocen el Departamento de Educación en Puerto Rico, pero no hemos tenido un impacto en los fondos”, indicó.

“Por eso he dicho, yo creo que hay que mantener la calma, hay que estar vigilante ante lo que ocurra”, insistió.

¿Y si llegan los recortes?

Ramos Parés sí admitió que, el desmantelamiento del USDE “ha traído para nosotros un reajuste en las comunicaciones. Igualmente, por ciertos días a lo mejor no tenemos el contacto y hemos tenido que escribir a las altas esferas del Departamento de Educación federal para que nos coordinen esa comunicación”.

Aunque no hay indicios de impacto en los fondos federales, el secretario fue claro en que, si llegaran a ocurrir ese escenario, “sin duda alguna tendría que haber una reducción en el sistema. Estamos hablando a lo mejor de personal que se tiene transitorio, que se tiene en ciertos proyectos especiales, etcétera. Sí, sin duda alguna el sistema tiene que ajustarse. Igualmente se harían las solicitudes correspondientes de fondos estatales sobre aquellas áreas que son esenciales para la operación de las escuelas”.

Más allá de la preocupación por un posible efecto negativo en los fondos, que reiteró no hay señales de que vaya a ocurrir ni para Puerto Rico ni para ningún otro estado o territorio, el secretario opinó que quizás podría “ser algo mucho más positivo lo que redunde de la implementación de esa orden ejecutiva al fin y al cabo”.

“Lo que se está discutiendo a nivel del Congreso es la posibilidad de que estos fondos lleguen como llegan los fondos de Salud, en un paquete, donde Puerto Rico tenga que establecer su plan de uso, y ese plan de uso sea informado o comunicado, para entonces poder utilizar los fondos sin la cantidad de restricciones que actualmente tienen. Así que, al final del camino, estaríamos hablando de una operación mucho más simple de la que tenemos hoy, porque los requisitos de permisibilidad y de manejo de los fondos estarían bajando, los estaría estableciendo el propio estado. Eliminaría varias capas de burocracia que a veces atrasan el que se pueda llevar a cabo la implementación”, explicó el secretario.