La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, calificó hoy de “draconiano” el proyecto del Senado que busca que se aplique en Puerto Rico de forma retroactiva, la normativa federal que establece que en los juicios por jurado de delitos graves los veredictos sean unánimes.

Según Quiñones de Longo de aplicar la norma retroactiva, “por lo menos 9 mil acusados tendrían la capacidad de reclamar bajo la igual protección de las leyes”. Dijo que si se aplicara la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin retroactividad, unos 133 casos que están activos en procesos de apelación podrían invocar la nueva norma.

En un panel ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, la titular de Justicia planteó que los juicios unánimes deben ser prospectivos, pero la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), defendió la retroactividad y sostuvo que la Asamblea Legislativa lo que busca “es balancear el juego”.

“Es draconiano (el proyecto) porque está tratando de arreglar un error que no existe, se estarían borrando convicciones que el Ministerio Público probó más allá de duda razonable con el mayor estándar de prueba. Ya el Ministerio Público cumplió y se pretende con toda esta medida borrar todo”, dijo Longo Quiñones en la audiencia transmitida por cable televisión.

Argumentó que la medida no aporta al balance de la justicia porque sería aplicar una nueva norma procesal en casos finales y firmes realizados en cumplimiento de las normas aplicables al momento de la convicción.

“Sería borrón y cuenta nueva de casos que, al momento de la convicción, cumplieron con el derecho procesal”, dijo para agregar que el revisitar estos casos tendrá un impacto en las víctimas y testigos y crearía un sentido “de impunidad”.

Dijo que el Departamento de Justicia tiene una partida de $41 millones para operar el aparato de procesamiento criminal y enumeró que actualmente el Ministerio Público cuenta con 235 fiscales.

“Estamos por debajo de lo que la ley provee, faltan muchos por nombrar”, añadió.

Por su parte, el director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Félix Vélez Alejandro, defendió la aplicación retroactiva de los casos y sostuvo que el sistema de procesamiento criminal es uno desbalanceado en contra del acusado, desde la primera vista de causa para arresto.

También dijo que la Legislatura no tiene que esperar a que el Tribunal Supremo decida si la normativa debe aplicarse retroactivamente.

“Esta Legislatura no tiene que esperar ni por la Corte Suprema de Estados Unidos ni la de Puerto Rico, porque se trata de algo que está en sus facultades”, indicó Vélez.

En torno al argumento de que para los fiscales sería difícil presentar la evidencia si se reabren los casos resueltos, Vélez indicó que “hay unas reglas” para los testigos que no están disponibles. “Que van a tener que pasar trabajo en algunos casos, pero tienen que sentarse a buscar la prueba y en cómo probar sus casos. En algunos casos será inmaterial porque ya cumplieron sus sentencias”, indicó el abogado.

Expuso, además, que ya casi no se ven juicios por jurado porque “el sistema lo desalienta”, a pesar de que es un derecho del acusado.

“El reconocimiento de veredictos por unanimidad para lograr la convicción de un ciudadano fortalece nuestras garantías constitucionales, hace que el procesamiento penal sea uno más justo y balanceado enalteciendo así la presunción de inocencia en la que está cimentada nuestro ordenamiento”, esbozó.

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Jessika Correa González, expresó, por su parte, que la medida afecta a las víctimas y pidió que el proyecto sea dejado sobre la mesa.

“No toma para nada en cuenta a las víctimas que tendrían que pasar nuevamente por el vía crucis de sus agresores”, sostuvo la fiscal.

“Aplicar esta medida de forma retroactiva expone a las víctimas a revivir experiencias traumáticas al enfrentarse nuevamente a su agresor. Este efecto es aun mayor en casos de asesinato y de delitos sexuales, sobre todo, los que envuelven (involucran) menores”, agregó

El proyecto del Senado es similar a otro que aprobó la semana pasada la Cámara de Representantes.

“Para nosotros los legisladores esto no es tan fácil, porque tenemos que hacerle justicia a todas las partes”, dijo la representante María Milagros Charbonier, quien presidió la vista.

“El estado es un andamiaje, una estructura y el ciudadano está solo”, sostuvo la presidenta de la comisión.

“Secretaria, usted dijo que este es un proyecto draconiano, el planteamiento suyo es draconiano... Es usted la que tiene 40 y pico de millones (de dólares) con fiscales y un andamiaje con personas bien pagas… No es igual. Es el Estado con todo su andamiaje frente al individuo”, expresó Charbonier.

“Reconocemos que debe hacer una enmienda para que sea prospectivo, pero la enmienda que ustedes (Justicia) proponen es que no aprobemos el proyecto”, dijo por su parte, el representante Luis Vega Ramos.

“No voy a discutir aquí por qué las convicciones para los independentistas fueron de una mayoría de 9-3 como se planteó en la Ley de la Mordaza. Eso no fue por derechos constitucionales”, argumentó a su vez, el representante pipiolo, Denis Márquez Lebrón.