Tal y como habían anticipado hace una semana, los alguaciles se ausentaron hoy a sus lugares de trabajo en los tribunales en una protesta masiva para reclamar justicia salarial y condiciones laborales dignas.

Según informaron varios portavoces de los alguaciles, que prefirieron no revelar sus nombres por temor a represalias, “este es el primer paso que se está dando. Es un día histórico en el Poder Judicial. Esto nunca se había dado, (debido a) la inacción, la falta de empatía de la administración de la jueza presidenta (del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez) y del pleno del Supremo, que no ha tomado cartas en el asunto”.

Los representantes aseguraron que alrededor de 600 alguaciles, o el 80% de los 750 que laboran a través de las 13 regiones judiciales a nivel Isla, no se reportaron hoy, pero no ofrecieron el desglose de asistencia.

Mientras, la Administración de Tribunales refutó la cifra y redujo a 236 las ausencias.

De acuerdo a uno de los portavoces de los alguaciles, la manifestación fue la más grande registrada en la administración de tribunales. Explicó que esta ausencia masiva provocó que el Centro Judicial de Utuado estuviera “prácticamente, inoperante”, pues solamente se reportaron dos secretarias, la supervisora y nueve alguaciles de los 30 que trabajan allí.

Asimismo, indicó que algunos de los tribunales municipales están cerrados, como el de Juana Díaz, Añasco, Lares y Adjuntas, entre otros, aunque esta información fue desmentida por la administración de tribunales. En la Región Judicial de Bayamón, solo 14 de 95 alguaciles se reportaron a trabajar. Mientras, en la Región Judicial de Fajardo se reportaron nueve de 22 alguaciles.

“Lo que estamos reclamando es un aumento salarial justo, dado a las condiciones que estamos laborando, exceso de trabajo, uno haciendo el trabajo de dos o tres compañeros y estamos reclamando mejores condiciones laborales y un aumento acorde a las labores que realizamos”, resaltó.

El portavoz expuso que el salario base de un alguacil es de aproximadamente $1,720 mensuales para unos $20,640 al año, que redunda en $10.58 la hora.

La portavoz de prensa de la Oficina de la Administración de los Tribunales, Ileana Baéz Bravo, refutó que la cantidad de aguaciles ausentes fuera significativamente menor a la ofrecida por el portavoz. Pese a que este diario le solicitó la cifra de ausencias reportadas hoy, no proveyó esa información.

Asimismo, señaló que no todas las ausencias registradas hoy respondieron a la manifestación, sino que “hubo ausencias previamente anunciadas y autorizadas por concepto de diversas licencias tales como: militar, sin sueldo, vacaciones regulares, enfermedad por hospitalizaciones y COVID-19, entre otros permisos previamente solicitados, por lo que el total real es sustancialmente menor”.

“Según información preliminar obtenida directamente de las regiones y dependencias judiciales, de los 740 alguaciles y alguacilas del Poder Judicial, 236 se ausentaron sin tener autorizada su ausencia con cargo a alguna licencia”, informó a este diario.

Baéz Bravo aclaró también que “ninguna vista” fue cancelada debido a ausentismos.

Un segundo denunciante, quien también prefirió el anonimato para evitar represalias, reveló que los alguaciles no reciben una reclasificación en alrededor de 20 años y el último incremento salarial fue de $200.

“Posterior a que nos dieran los $200, nos prometieron que sí iban a reclasificar los puestos, que era lo que originalmente se había buscado. Eso quedó ahí el tintero, no hicieron nada, cambió la administración y se siguió esa batalla casi silente hasta poquito antes de la pandemia (por el COVID-19), como en el 2019, que hicimos una manifestación masiva frente al (Tribunal) Supremo”, relató al rememorar que, después de esa protesta, les prometieron otros $200 al salario base que “nunca llegaron en ningún momento”, así como la reclasificación prometida.

Recordó, también, que en abril el gobernador vetó el Proyecto de la Cámara 504, que buscaba incluir a los alguaciles como empleados de alto riesgo en la Ley del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, por cuanto presuntamente la medida iba en contra del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). Asimismo, señaló que se han contratado guardias de la compañía St. James Security, en lugar de cumplir con sus reclamos.

“Esta administración se ha destacado, porque no se expresa. Cuando se habla, lo que hacen son esas promesas que no quedan en nada. En realidad, nosotros desde el 2011 llevamos un reclamo hacia nuestro patrono, porque ya van casi 20 años que a nosotros no nos reclasifican los puestos. Así que, podrás imaginar el rezago que hay en lo que nos pagan comparado con otros puestos similares de aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos”, reclamó.

Conscientes del “rezago salarial”

Contrario a la información provista a este medio, el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, afirmó que los tribunales y dependencias del Poder Judicial sí están operando en horario regular.

Explicó que los casos y asuntos en los Tribunales de Primera Instancia en todo Puerto Rico continúan atendiéndose según pautados o tras ajustes implementados, lo que incluye los asuntos calendarizados presencialmente y los que se atienden de forma remota. Asimismo, aseguró que se está atendiendo público en las Salas de Investigaciones, así como en las secretarías y demás áreas de los centros judiciales.

Sin embargo, reconoció el “rezago salarial” que existe y advirtió en que “toda gestión dirigida a obtener un mejor salario debe ser compatible con el cumplimiento de las responsabilidades que como servidores públicos asumimos voluntariamente”.

“Continuaremos haciendo los reclamos correspondientes para lograr la justicia salarial para nuestro personal. Ahora bien, toda gestión dirigida a obtener un mejor salario debe ser compatible con el cumplimiento de las responsabilidades que como servidores públicos asumimos voluntariamente. No podemos permitir que se afecten los servicios a la ciudadanía”, comentó.

“En el Poder Judicial estamos conscientes y apoyamos los reclamos de nuestro personal para que se atienda el rezago salarial que experimentan. Por ello, según ha expresado la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, reiteramos nuestro llamado a la Junta de Supervisión Fiscal, al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que se le asignen al Poder Judicial los recursos necesarios para atender los reclamos que hemos formulado”, añadió.

Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi, en expresiones emitidas durante una conferencia de prensa para presentar a los candidatos a dirigir la organización de Servidores Públicos Progresistas, sostuvo que se están haciendo gestiones ante la Junta de Supervisión Fiscal para atender el reclamo de mejoras salariales de los alguaciles y otros empleados de los Tribunales.

“Yo he estado en conversaciones con la presidenta del Tribunal Supremo, así como el administrador de los Tribunales. Ellos tienen unas propuestas pendientes ante la Junta. Yo me he solidarizado. Pero otra vez, la Junta lamentablemente es la que tiene la última palabra en asuntos fiscales en Puerto Rico”, comentó el gobernador.

“Sepan todos los servidores públicos que cada vez que tengo la oportunidad de ayudarlos lo he hecho. Sepan, como esta tarde se va a estar anunciando, que cada vez que puedo he defendido a todos los pensionados del gobierno. Ni uno ha recibido un recorte y he defendido el retiro digno de los policías y esta tarde voy a estar haciendo un anuncio sobre ese asunto”, agregó.

El gobernador reiteró que ha tenido reuniones con la presidenta del Tribunal Supremo y que, a su vez, ellos han tenido reuniones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la JSF para tratar ese tema.

“Estamos en ánimo de asistirlos”, insistió.

Steidel Figueroa manifestó que la Junta de Supervisión Fiscal asignó cerca de $11 millones para subsanar esta compensación, fondos que se utilizarán para otorgar un aumento salarial inicial de $200 mensuales que entrará en vigor en julio para los funcionarios y funcionarias judiciales, excluyendo a los jueces y juezas.

Asimismo, Steidel Figueroa añadió, además, que está en marcha la revisión del Plan de Retribución del Poder Judicial, cuya implementación se quiere viabilizar durante el próximo año fiscal.

Sin embargo, según los alguaciles, esto no acapara sus reclamos, pues ellos solicitan un incremento de $1,000 al salario base.

“La jueza presidenta emitió un comunicado que daba un aumento de $200 a cada personal efectivo el 15 de julio. No obstante, no cumple con los reclamos que le estamos haciendo hace alrededor de dos años y medio. Los alguaciles ahora mismo el salario base son unos $1,720, el cual nos convierte en los oficiales de alto riesgo y de orden público peores pagos”, dilucidó el denunciante.

“Tanto el gobernador (Pedro Pierluisi) la Legislatura, la Junta de Control Fiscal han otorgado aumentos sustanciales a los guardias de corrección, a la Policía de Puerto Rico, a los bomberos y han dejado marginados a los alguaciles. La jueza presidenta y tanto el pleno del Supremo, que son los que verdaderamente administran, han sido ineficientes en cómo lograr que se pueda dar un aumento sustancial a los alguaciles a la labor que realizan todos los días. Hemos visto que no han sido proactivos, no han rendido información a la Junta de Control Fiscal que valide y que se pueda efectuar un aumento como se le ha solicitado para llevar a cabo ese aumento y entendemos que este, lamentablemente, están poniendo en riesgo la ciudadanía que visitan los tribunales, las víctimas de delito, las víctimas de violencia de doméstica, dado a que no existe ningún tipo de seguridad en las distintas regiones judiciales”, recalcó.

El portavoz también detalló a Primera Hora que los alguaciles sufren de exceso de trabajo. Indicó que un empleado se ve en la obligación de cumplir con las funciones de varias personas.

Señaló que un solo alguacil cita, emplaza y/o diligencia órdenes del tribunal, cuando ordinariamente debería estar acompañado de uno u dos compañeros. También, dijo que se asignan solamente dos o tres alguaciles para manejar a los más de 20 confinados que llegan diariamente a los tribunales.

Reiteró que el responder al reclamo de los alguaciles no es un asunto caprichoso, sino que implica la seguridad de víctimas de delito y de la ciudadanía en general.

“Nuestro interés siempre ha sido colaborar, pero lamentablemente la jueza presidenta y el supremo no han tomado acciones correctivas y han forzado que esto ha pasado y es peligroso. Básicamente dejan desprovisto a todos los visitantes que acuden a la sala, principalmente las víctimas de violencia doméstica. Es algo que están tomando livianamente cuando es un asunto de seguridad”, repitió al mencionar que las víctimas de violencia doméstica son las más vulnerables por cuanto no hay personal en estas salas para atenderlas.

En el Centro Judicial de Utuado, específicamente, los empleados situaron un cartel que leía “La pobreza tiene cara de mujer”. Esto porque el 75% de los empleados de tribunales son féminas, explicó el denunciante.

Para esta fuerza trabajadora, es irónico y penoso el hecho de que sus reclamos no son atendidos, dado a que Oronoz Rodríguez suele ser “ferviente defensora” de grupos minoritarios.

“Más triste aún que la jueza presidenta, (siendo) mujer, no reconozca el valor y el desempeño que realiza todos los días la mujer puertorriqueña. Dentro de ese grupo están las compañeras alguacilas y las compañeras secretarias. Y eso es lo que choca, porque la jueza presidenta ha sido ferviente defensora de esos aparentes grupos minoritarios, pero no pone la acción donde pone la palabra”, acotó.