La llegada de inmigrantes dominicanos a Puerto Rico, mediante viajes ilegales que se realizan en embarcaciones de fabricación casera, ha registrado un aumento en los primeros meses del 2021, confirmaron portavoces de las autoridades federales y un activista de la comunidad dominicana.

El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, asoció este incremento en la llegada de indocumentados a que el gobierno de la República Dominicana cesó en el pasado mes las ayudas sociales relacionadas a la pandemia del coronavirus, se le llegó a quitar ese beneficio antes de tiempo a aquellos que recibían dinero del extranjero, ha aumentado el costo de los alimentos y no hay trabajo para los “chiriperos” (‘chiveros’ en Puerto Rico) por precaución a los contagios.

“Ha habido un cambio de gobierno, pero la miseria sigue intacta. Ahora, con el COVID, las personas que podían trabajar allá en cortar grama y construcción se han detenido y, entonces, han decidido arriesgar su vida”, planteó en entrevista con Primera Hora.

Dos de las agencias federales a cargo del tema de inmigración en la Isla, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, así como la Guardia Costera, solo pudieron presentar datos de las detenciones de inmigrantes, ya que no se ha calculado cuántos dominicanos han logrado hacer entrada a este territorio de los Estados Unidos. Aunque se da cuenta de un aumento, no se proyectó que el mismo fuese significativo.

Las estadísticas de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, que hace las detenciones en tierra, establecen que del octubre de 2020 al presente se han logrado capturar a más de la mitad de la cantidad de dominicanos que detuvieron en todo el año fiscal del gobierno federal que se extendió desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. Este aumento de intervenciones se asocia con un aumento de viajes en yola hacia la Isla.

Datos estadísticos suministrados establecen que las detenciones realizadas este año fiscal suman 227. De este grupo, una persona era proveniente de la India y tres de Haití. El resto, unos 223, eran dominicanos.

En el año del 2019 al 2020, entretanto, se observó una disminución anual de detenidos en comparación con el 2019. La cifra total fue de 356 inmigrantes interceptados, de los cuales 313 eran dominicanos. Le siguieron los haitianos con 22, seis brasileños y cinco colombianos. También se interceptaron entre una o dos personas provenientes de Rumanía, Guatemala, Venezuela, India y Cuba.

Para el 2019, el número total de inmigrantes detenidos fue de 562. Los dominicanos también fueron el grupo mayoritario. Representaron 536.

Entretanto, las detenciones realizadas en alta mar por la Guardia Costera y el grupo interagencial de la Frontera Caribeña, que incluye a la Policía de Puerto Rico, durante el periodo del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de marzo, sumaron 839.

Para el periodo del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre del 2020, la cifra total de intervenidos fue de 2,369.

Activo el mar

El portavoz de la Guardia Costera en la Isla, Ricardo Castrodad, comentó que, a base de los cálculos, se espera que se logre repetir en este año fiscal una suma similar a la reportada entre el 2019 al 2020.

Sin embargo, estipuló que en las últimas semanas “ha estado bastante activo por las yolas que provienen de la República Dominicana”.

Expresó que se ha observado el aumento a base de intercepciones o hallazgos de yolas en playas del noroeste de la Isla. Dijo, sin embargo, que no se compara con el incremento que hubo para los años 2004 y 2005, cuando se interceptaban alrededor de 12,000 personas tratando de hacer entrada de manera ilegal.

El último registro de llegada de inmigrantes a la Isla fue el pasado domingo, informó el portavoz de la agencia, Jeffrey Quiñones.

Se destacó un desembarco que fue captado en vídeo en una playa de Rincón y que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó en Twitter. En la toma se observa cómo un nutrido grupo de personas salía en manada de una yola. En Isabela, entretanto, la Policía pudo capturar a tres inmigrantes cuando arribaban al país.

Tanto Castrodad como Quiñones exhortaron a los dominicanos a no arriesgar sus vidas en estos viajes. Es que explicaron que las embarcaciones que son intervenidas están a punto de zozobrar, por lo peligroso que es el Canal de la Mona y porque a las embarcaciones de fabricación casera les entra el agua en todo el trayecto.

El pasado 17 de abril, de hecho, se interceptaron a 10 inmigrantes en Isabela que estaban deshidratados y requirieron atención médica en el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, informó el Negociado de la Policía.

“Los riesgos e inconvenientes de un viaje en yola a través del Pasaje de la Mona superan los beneficios percibidos de inmigrar hacia territorio estadounidense. El viaje en yola es peligroso al abordar una embarcación rústica en madera, que durante el trayecto hace agua”, expuso Quiñones.

Comentó que los inmigrantes que se aventuran a arriesgar su vida en el tramo de 80 millas náuticas que hay entre República Dominicana y el oeste de la Isla, tienen tres posibles desenlaces. Habló sobre la victimización de indocumentados por parte de organizaciones contrabandistas, el inconveniente de un encausamiento criminal y la pérdida de vida en el mar.

“De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en su informe de 2011 sobre el tráfico de inmigrantes a través del mar, el tráfico ilícito de migrantes por mar produce el mayor número de muertes en todo el mundo. El informe aduce que entre las causas de muerte se han documentado la falta de alimento, la deshidratación, así como el ahogamiento y palizas o asesinatos por los contrabandistas, quienes han tirado gente por la borda. También se han reportado suicidios. Aprovechando el hecho de que los inmigrantes indocumentados se sienten indefensos ante su situación, individuos y organizaciones criminales le someten a la explotación sexual o al trabajo forzado, manifestaciones de la trata de personas acreditada como una expresión moderna de la esclavitud. Los contrabandistas no solo se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas que transportan, sino que también les intimidan para evitar el procesamiento criminal por delitos de mayor gravedad”, explicó el portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Castrodad, por su parte, detalló que los esfuerzos del gobierno estadounidense son dirigidos a detener la entrada de inmigrantes de manera ilegal en el mar, ya que reconocen el peligro que se corren las personas al cruzar el Canal de la Mona.

“Nuestro llamado sigue siendo el mismo. Es peligroso, no salgan en estos viajes, están arriesgando su vida”, puntualizó.

El funcionario federal destacó que desde el 2009 la Guardia Costera tiene la prueba biométrica, que permite registrar el ingreso de la persona, conocer si tiene expediente criminal o si tiene reincidencia en intentos de entrar a la Isla. Señaló que este sistema les ha permitido que la Fiscalía federal procese criminalmente a inmigrantes.

“Eso ha ayudado mucho a que se controle la cantidad de viajeros, porque tienen consecuencias de que pueden terminar yendo a la cárcel. Ahora no es, te regreso automáticamente”, destacó.

Primera Hora solicitó entrevista con el cónsul de la República Dominicana en la Isla, Opinio Antonio Díaz Vargas. Se informó, sin embargo, que este debía esperar a recibir una autorización del gobierno dominicano, por lo que al cierre de esta edición no se pudo obtener una reacción.

También se le solicitó una entrevista a la Dirección General de Inmigración en la República Dominicana. Funcionarios de la agencia indicaron que se demoran unos 15 días en atender la petición.

Cabe destacar que información publicada por medios dominicanos establece que, aunque se eliminó el beneficio de “Quédate en casa”, el gobierno dominicano impulsa un nuevo programa, llamado “Supérate”, que concede una ayuda económica para un millón de familias en pobreza extrema o pobreza moderada. Se concentra, sin embargo, en el reempleo, capacitaciones e incentivos para microempresas.

Rodríguez, sin embargo, insistió en achacarle la culpa al gobierno de Luis Abinader.

“El gobierno tiene una responsabilidad y es culpable de lo que está pasando. A ellos le toca la tarea de resolver la situación. No es peor la situación por el envío de dinero que hacemos”, sentenció.