Orientativa, así clasificó hoy la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, la reunión que tuvo con la superindentente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, el pasado miércoles a raíz de los piquetes que se avecinan. 

Las declaraciones de Fernádez se dan luego de que este diario publicara expresiones de la superintendente en las que aseguró que haría todo lo posible por mantener la UPR abierta y permitirle el paso a los alumnos que deseen entrar a estudiar. 

La presidenta interina confirmó la reunión que tuvo con Hernández de Fraley y aseguró que fue "con el propósito de estar debidamente orientados". 

Relacionadas

"Ante los anuncios de marchas y manifestaciones por los diferentes sectores, así como los resultados de votos en asambleas estudiantiles a paros o posibles huelgas prolongadas, era inminente la necesidad de insertarnos en el asunto de seguridad para todos los que componen la Universidad de Puerto Rico, incluyendo la Administración Central. Un aspecto inherente es tener clara la política pública, además de conocer las medidas en las unidades para salvaguardar la no confrontación como institución autónoma", comunicó en un parte de prensa. 

Asimismo, añadió que otra de las finalidades de la orientación fue saber cómo proteger y evitar daños a la vida y a la propiedad. Además, de buscar la manera de respetar los derechos constitucionales de todos y todas. 

"Sería imperdonable que ocurran eventos desafortunados o daños irreparables por no darnos la oportunidad de analizar de manera ponderada las políticas institucionales por nuestra parte, así como de las leyes estatales y federales que se deban cumplir", enfatizó Fernández.

De igual forma, catalogó su acción como una responsable, mientras confió en la "prudencia y la tolerancia a escuchar las ideas y posturas, manteniendo la Universidad abierta como instrumento de búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a nuestro país". 

Por último, Fernández mencionó supuestos incidentes que "levantaron gran preocupación" y que fueron motivo para la reunión con la superintendente de la Policía. Entre ellos está, "el hecho de restricción de libertad ocurrido en la UPR Ponce el 10 de marzo, por el cual opté no presentar querella (éramos 5 personas en el vehículo), y la interrupción y manifestación hostil suscitada durante la reunión de la Junta de Gobierno el 20 de marzo".