Se apunta otra victoria judicial la Iniciativa Naranja de Cabo Rojo
Un comerciante y un ciudadano presentaron la nueva petición de interdicto.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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El alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz informó mesiante comunicado de prensa que el Tribunal de Apelaciones denegó una segunda petición de interdicto y moción en auxilio de jurisdicción, incoada por dos ciudadanos que se oponen a la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo.
La decisión implica que se continuará cobrando mediante la compra de bolsas naranjas por el recogido de basura en este municipio.
Según Ramírez Kurtz, el Tribunal Apelativo resolvió que los peticionarios del interdicto no probaron “que exista circunstancia alguna, de naturaleza urgente, que requiera nuestra intervención inmediata. Unicamente argumentan que la Ordenanza Municipal Núm. 26 es ilegal y que se les se está ocasionando daños porque tienen que someterse a una ordenanza” que ellos consideran nula y que supuestamente afecta sus derechos constitucionales.
“Continuaremos adelante, como hasta ahora, con la Iniciativa Naranja que constituye un sistema novedoso para el presente y futuro de Puerto Rico”, declaró el Alcalde.
Ramírez Kurtz reiteró el éxito y la aceptación ciudadana a la implantación de la Iniciativa Naranja que dispone un programa de reciclaje y el novedoso sistema de pago del servicio de recogido y disposición de desperdicios sólidos mediante la compra de bolsas color naranja.
Un comerciante y un ciudadano presentaron la segunda petición de interdicto. Ya en mayo pasado la jueza Lynnette Ortiz decidió no detener la implantación de la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo. También hubo un inetnto infructuoso contra esta iniciativa por parte del Departamento de Justicia.
“La Ordenanza Municipal Número 26 beneficia a los 50,000 habitantes de Cabo Rojo y, por extensión, a los residentes de los otros municipios que se proponen imponer el cobro por la disposición de los desperdicios sólidos para continuar prestando servicios esenciales y evitar el cierre de sus operaciones”, apuntó Ramírez Kurtz, quien denunció que ante las constantes imposiciones y recortes en aportaciones del Gobierno Central a los municipios se ha visto en la obligación de auscultar y analizar medidas alternas para mantener la continuidad de los servicios.