Una medida administrativa que obliga a los licitadores del gobierno a adoptar una política laboral de equidad salarial trajo al tapete el tema de si tal cosa era necesaria porque en Puerto Rico, presuntamente, reina el machismo.

En conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, resaltó que “si la pregunta es que, si yo creo que Puerto Rico, como cultura, es una sociedad machista, en el siglo 21, mi respuesta es no”.

La medida de administración discutida entre el gobernador Ricardo Rosselló y los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, dispone que si el licitador no cumple con la política de equidad salarial quedará fuera del registro gubernamental por un año y se expone a multas de $5 mil o más.

“¿Eso parte de la premisa que Puerto Rico es una sociedad machista?”, se le preguntó. 

“No, no parte de la premisa”, insistió Rosario Cortés. “Yo no diría que Puerto Rico discrimina por razón de sexo, que es una sociedad que se encarga de hacer eso por cuestión racial, pero hay unas medidas a nivel local y federal que prohíben eso. Se le está diciendo a los licitadores es que si ustedes quieren licitar bienes y servicios en Puerto Rico tienen que tener una política en que las mujeres cobren lo mismo que los hombres. Esa es la política pública”.

“Pero hay una denuncia hecha por un grupo de mujeres…”, comentó una reportera.

“Si estás hablando del caso particular de Guaynabo”, interrumpió el funcionario, “las expresiones del gobernador están en récord. Sea un alcalde o cualquier otra persona, debe investigarse, si es privado o público”.

Se refería a las acusaciones en contra del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, quien ha sido imputado de acoso sexual y hostigamiento y fue referido por el Departamento de Justicia a la Oficina del Fiscal Especial Independiente ya que pudo haber incurrido en 20 violaciones de ley.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por su parte, le impuso al Municipio una multa de $30 mil por la “negligencia crasa” con la que actuó sobre las políticas contra el hostigamiento sexual.

“¿No reconocer que es una sociedad machista no es parte del problema?”, insistió la reportera.

“No hacer estas legislaciones que estamos sometiendo sería parte del problema. Pero las acciones del gobernador y la legislatura no solamente es en (esta medida), es igualdad salarial, es la ley de violencia doméstica, así que la política pública de esta administración se ha fomentado para precisamente atender cualquier situación como la que estás planteando”.

Bajo la misma sombrilla

Otra de las medidas discutidas entre el Ejecutivo y los líderes legislativos dispone que, de ahora en adelante, será la Comisión de Servicio Público (CSP) la que manejará todos los asuntos de transporte colectivo, “que incluye transportación pública, turística, ambulancias y redes de transporte” como los servicios Uber y Lyft, según explicó el secretario. 

“En ese sentido estamos fortaleciendo los trabajos de la Comisión, que es donde se delegarán estas funciones, para que puedan fiscalizar. Podrán obtenerse permisos especiales temporeros en línea, lo que va a agilizar el trabajo de los taxistas, transportistas y ambulancias”, agregó.

“Los taxistas decían que están sobrerregulados mientras los de Uber que a ellos los regulaba el DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) y que a ellos no les daban los mismos permisos que a los taxistas”, explicó Rosario Cortés. “Lo que estamos haciendo es una política entera para que todos estén regulados por el mismo ente, que va a facilitar que en Puerto Rico haya desarrollo económico en esa área”.

Otras medidas presentadas giran en torno a la fiscalización de casos de impericia médica y la transferencia de las funciones y personal de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico “sin despedir empleados”, acotó Rosario Cortés.