Su campo de acción, más allá de la denuncia, se limita a ofrecerle orientación legal a la familia del excombatiente de Irak.

“Sabemos que eso es de jurisdicción federal y es poco lo que podemos hacer debido a la cláusula de supremacía”, manifestó Padilla Ruiz.

Santiago Ruiz será acusado de disparar contra pasajeros en el terminal 2 del aeropuerto de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, el pasado viernes, hecho que dejó cinco muertos y seis heridos. En su primera comparecencia ante la corte el lunes, la jueza federal Alicia Valle le advirtió que, en caso de ser hallado culpable, se le podría imponer pena de muerte.

En cuanto a la familia, se le puede explicar a qué se expone el veterano.

“Trabajamos la orientación legal completa. No podemos manejar una querella porque él (Santiago Ruiz) no vive en Puerto Rico, pero podríamos canalizar cualquier reclamo”, indicó.

Al preguntarle si entiende necesario que las autoridades de Puerto Rico, donde está prohibida la pena capital, se expresen sobre este caso, respondió que más adelante deberían hacerlo.

“El tribunal ya le ha asignado dos defensores públicos y estoy seguro que ellos van a trabajar el tema de procesabilidad. Primero hay que ver cómo se dan los procesos, si hay imputabilidad o no, si se certifica como un caso de pena de muerte y que luego se hagan las expresiones que correspondan”, sostuvo.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) capítulo de Puerto Rico, Liza Gallardo, también planteó la importancia de que el gobierno local combata la imposición de la sentencia de muerte a puertorriqueños. 

“En la Constitución de Puerto Rico, la pena capital es ilegal. Sería idóneo que las instituciones del gobierno de Puerto Rico defiendan el derecho a la vida en los casos donde se pueda considerar la pena de muerte”, expresó.