La Cámara de Representantes envía mañana miércoles a las autoridades -estatales y federales- los 11 referidos de funcionarios del Ejecutivo y contratistas por posibles delitos de corrupción y malversación de fondos públicos en la contratación de pruebas fallidas del COVID-19.

El informe de la Comisión de Salud con los 11 referidos, al Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente, Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI), fue acogido hoy por el pleno de la Cámara, en el último día de la sesión ordinaria. También se hacen referidos al Tribunal Supremo porque algunos de los imputados son abogados

Los funcionarios referidos son: el coordinador del Task Force Médico, Segundo Rodríguez, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, la sub secretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, la ex jefa de Personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza, la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris, Santos, el secretario Auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy, la ayudante especial del Negociado de Manejo de Emergencias, Guarina Delgado y el ex jefe de la Administración de Servicios Generales, Ottmar J. Chávez Piñero.

También encaran referidos, el abogado Juan Maldonado, quien gestionó el cancelado contrato de $38 millones para la compra de las pruebas rápidas a nombre de Apex General Contractors, así como el presidente de la empresa, Robert Rodríguez López y el presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo Vázquez.

En el debate del informe, el representante novoprogresista Juan Oscar Morales, quien como presidente de la Comisión de Salud, condujo la investigación legislativa ripostó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Hay quienes dicen que este informe es una tragedia y yo concurro, es una tragedia cuando el pueblo estaba en aquella incertidumbre esperando por pruebas rápidas y había unos lucrándose”, sostuvo Morales, quien dijo que debe haber una disculpa al País “porque cuando las cosas están mal, están mal”.

“Esto no es cuestión de rojos y azules…Hubo funcionarios del gobierno que pusieron en riesgo la salud del pueblo, hay una crasa deficiencia administrativa. En el Departamento de Salud se tomaron decisiones sin consultar a los expertos”, sostuvo Morales.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, calificó el lío de la compra de las pruebas como “uno de los procesos más angustiosos, criminales y mafiosos de la historia reciente de Puerto Rico”. Pidió que se lleve a los responsables “hasta las últimas consecuencias”.

Cuestionó también a la gobernadora por sus expresiones de “que había que velar a los que iban a estar a favor del informe”.

“Todo esto se da en el contexto de la pandemia y de la lucha primarista, pero fue una investigación donde hubo una amplia participación de todos los representantes. Tuvimos la oportunidad de confrontar a negligentes y corruptos funcionarios y a una partida de buscones que se aprovecharon para venderle unas pruebas en $38 millones y otras también.

“En el cuatrienio este es mi turno de mayo indignación y de mayor coraje por toda esta patraña, mientras la gente tenía que mantenerse en su casa el clientelismo político se llenaba los bolsillos de dinero”, dijo Márquez Lebrón.

“No nos olvidemos de la llaga, la patraña, de las constantes que se vivió en esta Cámara el cuatrieno pasado y en otras ocasiones que han costado cárcel”, agregó el legislador, quien culminó el turno citando la Divina Comedia, de Dante Alighieri .

El portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández dijo que aunque la mayoría parlamentaria no refirió el informe al Departamento de Justicia “procesalmente” hay que enviarlo a la agencia. “Lo prudente es referirlo a Justicia, aunque la Secretaria de Justicia se tenga que inhibir”, sostuvo

También dijo que “desde el punto de vista de fraude bancario hay que referirlo al gobierno federal y al Comisionado de Instituciones Financieras”.

“Este esquema es serio y lamentable”, indicó Hernández.

Después de culminado el debate, la Cámara daría por recibido el informe.