La senadora Nayda Venegas Brown insiste en destacar las bondades de un proyecto de ley que trastocaría el derecho al aborto en Puerto Rico, aseverando que es uno educativo y que dejará al descubierto en vistas públicas unas supuestas irregularidades ocurridas en “algunas clínicas” que ofrecen el servicio. Mientras, otras voces advirtieron que la medida es una peligrosa, inconstitucional e intimidante que, entre otros factores, pondría en riesgo la salud de la mujer puertorriqueña.

Las reacciones al tema han protagonizado la discusión pública desde el pasado viernes cuando la legisladora envió un comunicado de prensa anunciando como “una oportunidad histórica” los detalles del Proyecto del Senado 950 que lleva por nombre “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”.

Es una legislación que, a juicio de la senadora novoprogresista, busca proteger los intereses del Estado para “asegurar los derechos, la salud y la seguridad de la mujer dentro de los procedimientos de aborto y, a su vez, busca preservar la vida humana”.

En Puerto Rico, el derecho al aborto fue reconocido por el tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Roe V. Wade (1973). Luego el Tribunal Supremo de Puerto Rico revalidó el derecho bajo el caso Duarte Mendoza (1980).

La pieza legislativa ideada por Venegas Brown -referida a la Comisión de Asuntos de la Mujer- propulsa prohibir los abortos luego de las 20 semanas de gestación (a menos que la salud de la mujer esté en riesgo), y catalogaría como “ilegal” que se interrumpa un embarazo si la única razón es que el feto haya tenido un diagnóstico de anomalía. En la isla, contrario a otras jurisdicciones, el aborto no está limitado a un tiempo determinado de gestación. Aun así, data recopilada por el Departamento de Salud (DS) durante los años 2010 a 2015 demuestran que más del 80% de los procesos de terminación de embarazos se llevan a cabo antes de las 12 semanas. Los dedos de las manos contabilizarían los abortos ocurridos, por año, después de las 18 semanas de gestación.

Confrontada con lo que provocaría un cambio radical en los procesos para aquellas mujeres que, por derecho, eligen no continuar un embarazo por razones de anomalías en el feto, la senadora respondió lo siguiente: “Un niño viene con anomalía y mamá decide abortar. Pero tiene un niño que sufre un accidente y queda parapléjico y, ¿qué va a hacer con ese niño? Son cosas que hay que traerlas a la discusión pública y que tenemos que pensar… estamos tomando el tema del aborto como si se estuviera saliendo de un paquete y eso no es así”, respondió.

Rechazó que el ejemplo que dio sea uno disuasivo, al igual que otras contemplaciones del proyecto, como lo sería obligar a la fémina a visitar en dos ocasiones la clínica u hospital donde recibirá el servicio de planificación familiar, así como obligar a los médicos a realizar a la mujer una ecografía 48 horas antes de programar el aborto, esto con el fin de que se pueda observar “las dimensiones del feto, y retratar con precisión la presencia de miembros externos y órganos internos, incluidos el latido del corazón, si está presente o visible, del niño por nacer”. Posteriormente, se deberá documentar la respuesta de la mujer -con firma incluida- a la escena descrita anteriormente.

¿No le parece que lo del sonograma es una acción restrictiva y que pretende persuadir a la mujer que ya tomó la decisión de culminar su embarazo… no le parece una intromisión del Estado?, se le cuestionó.

“Puerto Rico es uno de los lugares más permisibles para el aborto… y no, esta no es una medida antiaborto, ni restrictiva, es una medida que busca educar a la mujer, a la menor, antes de tomar una decisión tan importante como es el aborto”, dijo sin responder completamente a la pregunta.

Venegas Brown dice tener documentados testimonios de mujeres que dicen haber sufrido daños emocionales tras tomar la decisión de abortar sin haber sido educadas en las clínicas de terminación de embarazo e, incluso, dijo tener conocimiento de casos de clínicas que “practican el aborto a los nueve meses, cuando una mujer ya está por parir”.

¿Tiene evidencia?, le inquirió este diario a la legisladora que no tenía a la mano documentos que probaran lo dicho, pero señaló que estarán disponibles “luego” en las vistas públicas donde se discuta la pieza legislativa.

El proyecto de ley dispone también que las menores de edad tengan autorización de su padre, madre o tutor legal al momento de solicitar el servicio de interrupción de embarazo. En Puerto Rico, una menor tiene derecho a interrumpir su embarazo. Registros del DS indican que en un periodo de cinco años (2010 a 2015) se efectuaron en Puerto Rico 28,052 abortos, de éstos 155 fueron menores de 14 años, 221 de 15 años, 516 de 16 años y 849 de 17 años. Otros 5,593 correspondían a féminas entre 18 y 19 años.

“Muchas madres han llegado hasta mi oficina preocupadas por este asunto… y este proyecto, diría, que es una alerta para decirle a los padres que su hija está yendo a abortar y no lo sabe”, expuso al añadir que “han pasado 45 años desde Roe versus Wade y ya es hora de tocar el tema… hay algo que falta, hay algo que hay que integrar porque son diferentes los traumas que puede pasar una mujer al tomar esta decisión”.

Defensora de la propuesta

Entre las personas que defienden el proyecto de la senadora, se destaca la portavoz de la organización de base comunitaria Mujeres por Puerto Rico, Claribel Maldonado, quien dice que el propósito de la pieza legislativa es “proteger el derecho de la mujer a estar totalmente informada antes de tomar la decisión de abortar y que tenga un periodo de 48 horas para hacerlo sin presiones”.

De hecho, en su página de Facebook, la organización colgó un documento titulado “Puertorriqueñas hablan sobre su proceso de aborto”, en el cual se presentan unos testimonios de mujeres -que bajo anonimato- aseguran haber sufrido el síndrome de estrés post-aborto luego de haber interrumpido sus embarazos.

“Uno de los casos es de una mujer que no la orientaron adecuadamente sobre el efecto adverso que podía ocurrir de quedarse tejido del feto en su útero… es una mujer que sufrió mucho, pues fue parte de ese menos del 1% al que le ocurre esto. De haber sido informada, tal vez no hubiera tomado la decisión de abortar”, dijo Maldonado.

La activista insiste en que la mayoría de las mujeres no necesitan un aborto, sino apoyo para continuar su embarazo. “El trauma emocional de muchas mujeres es real”, insistió al mencionar como ejemplo un artículo publicado en la página The Alliance for Post-Abortion Research and Training donde se alude a un estudio en Estados Unidos que revela que sólo el 10.8% de las féminas que acuden a clínicas de abortos reciben asesoramiento adecuado.

Voz de alerta y de preocupación

En el otro lado del escenario, están las voces que levantan bandera y preocupación por la propuesta legislativa de la senadora.

Entre éstas se destaca la abogada María Dolores Fernós, conocedora del tema del aborto en Puerto Rico y exprocuradora de la Mujer, quien advirtió las repercusiones a la salud de la mujer que podría tener las “disposiciones horrendas” como las que propulsa Venegas Brown.

“Lo que pretende el proyecto de la reverenda Venegas es, básicamente, cerrar todas las puertas que se han abierto respecto al aborto en Puerto Rico y hacerlo ilegítimo colocando en riesgo la vida y la salud de las mujeres que ahora mismo está salvaguardada”.

Insistió en que la medida busca provocar “terror” a las mujeres que interesan -no importa la razón- culminar un embarazo, un procedimiento que es seguro en Puerto Rico, contrario a muchos países donde la ilegalidad o las leyes restrictivas provocan tasas elevadas de abortos peligrosos.

De hecho, datos provistos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos. “Cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su propia salud y la de sus familias”, sostiene la OMS en su página web.

“Este no es un proyecto para proteger a las mujeres. Es un proyecto para proteger la ideología religiosa de la senadora y tratar de imponerla desde el Estado a todas las mujeres de nuestro País”, dijo Fernós.

Mientras, Blanca Cuevas, directora ejecutiva de Profamilia, un centro de planificación familiar fundado desde 1954 y que, entre sus servicios, tiene disponible la clínica de terminación de embarazos IELLA, opinó que el proyecto de ley es uno de retroceso a los derechos reproductivos que se han alcanzado durante las pasadas décadas.

“Más allá de garantizar la seguridad en el proceso o la salud de las mujeres lo que hace es obstaculizar el acceso y poner en vilo la salud y bienestar de las mujeres”, expresó al aclarar que actualmente las clínicas -se estima que hay seis en la Isla- cumplen con una estricta reglamentación del Departamento de Salud.

“Las medidas, particularmente lo que se menciona del sonograma, tiene el único propósito de disuadir e intimidar a la mujer en ese derecho constitucional que tiene de poder decidir sobre su salud reproductiva… y si lo evalúas bien es un proyecto terrible porque hasta criminaliza”, manifestó al rechazar, tal como dispone la pieza legislativa, que un aborto provoque riesgos a la salud como el cáncer de mama. “Eso es un mito, como muchas otras cosas más que menciona el proyecto”, dijo Cuevas.