La Comisión de Derechos Civiles (CDC) dio a conocer un informe sobre la cantidad de muertes de confinados bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la que describió como “alarmante”, pues considera que muchas se pudieron haberse evitado.

La investigación indica que, entre 2011 y 2024, murieron 726 personas que estaban confinadas en instituciones del DCR.

De hecho, de acuerdo con el director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, esta investigación comenzó a raíz del aumento de muertes de confinados y la constante radicación de querellas por parte de familiares denunciando violaciones de derechos, así como las noticias publicadas en diversos medios de comunicación.

La investigación encontró que las muertes en las cárceles han continuado en alza. En los años 2021, 2022 y 2023 se registraron 80 muertes de confinados en cada año. Para el 2024 la cifra disminuyó a 62 fallecimientos.

Todo esto ocurre a pesar de que la población correccional ha ido disminuyendo, de 11,860 confinados en 2012 a 7,374 en el 2024.

Los hallazgos del informe, indica la CDC, son resultado de “una minuciosa investigación sobre datos estadísticos recopilados”, que fueron contrastados con los datos provistos por el DCR y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

De acuerdo con el informe, la principal causa de muerte fue la sobredosis de drogas, en particular con fentanilo, xilacina y cocaína. La segunda causa de muerte fue por sepsis, condición que puede desarrollarse por ineficacia o insuficiencia de servicios médicos. Otras de las causas de muerte más identificadas fueron: homicidio, enfermedades infecciosas y síndrome de retirada.

Todo eso contrasta con el deber del DCR de promover la rehabilitación y mantener lugares seguros para todas las personas bajo su custodia.

El informe de la CDC resalta una preocupación particular por el aumento de muertes de personas sumariadas, es decir, personas que murieron bajo la custodia del DCR sin que el Estado hubiese probado su culpabilidad más allá de duda razonable y sin que se hubiese emitido un fallo condenatorio en su contra.

La CDC agrega que esa situación pone de manifiesto la “necesidad de reconceptualizar el sistema de justicia criminal”.

El informe también analizó el acceso a servicios médicos y de salud, y concluyó que “la pobre calidad de los servicios médicos o la falta de acceso a ellos, en el momento oportuno, pudo contribuir a muchas de las muertes”. De igual forma, se identificó un problema de “falta de supervisión adecuada de personas confinadas con condiciones de salud mental”.

“Con un presupuesto en promedio de casi 13 millones de dólares anuales es increíble que se documente la falta de acceso a servicios médicos adecuados y oportunos para esta población”, condenó el director de la CDC.

Padilla Ruiz recordó que “las personas privadas de la libertad no están exentas de las protecciones constitucionales, por lo que un encarcelamiento no implica la suspensión de sus derechos y la agencia con la responsabilidad de su custodia tiene el deber de hacer valer las garantías constitucionales vigentes”.

Entre varias recomendaciones y “por la incongruencia en los datos estadísticos entre las agencias de seguridad pública recomendamos establecer comités interagenciales entre el DCR, el ICF, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para crear mecanismos de comunicación periódica y normas uniformes para la recopilación de la información”, insistió el director de la CDC.

Además, se recomienda la creación de programas para atender las adicciones como un asunto de salud pública y no con medidas penales exclusivamente.

“Queda meridianamente claro que, en Puerto Rico, aunque el mandato constitucional y la ley propenden para la rehabilitación de las personas en confinamiento, las condiciones carcelarias se apartan de esa responsabilidad. Es urgente que se tomen medidas que sean cónsonas con nuestros principios constitucionales”, concluyó Padilla Ruiz.

Primera Hora solicitó una reacción al DCR y su designado secretario, Francisco Antonio Quiñones Rivera, envió unas breves declaraciones indicando que la agencia cumpliría con servir a los confinados bajo su custodia.

“En atención al reporte sobre las muertes en las instituciones carcelarias entre los años 2011 al 2024, reiteramos el compromiso del Departamento de Corrección y Rehabilitación en atender a la población que está bajo nuestra custodia”, sostuvo Quiñones Rivera.