Los propietarios del Restaurante el Cerro de Coco, ubicado en el barrio Florencio, en Fajardo, llevan alrededor de un mes sin poder operar su negocio debido a la suspensión de sus permisos por parte del Municipio.

Según la administradora, Yanira Ortiz, el restaurante cuenta con todas las autorizaciones necesarias para operar, pero se les ha hecho imposible conseguir la patente municipal.

“Tuvimos que cerrar desde hace cuatro semanas y son ocho las familias que nos quedamos sin empleos. Llevamos un año y cuatro meses en este proceso y ya cumplimos con todo lo requerido por ARPE, se pagaron todas las patentes y por ley tenemos todo. Hace un año nos llegó una carta, luego de que abrimos el negocio, y nos suspendieron los permisos. El Municipio hizo una querella a ARPE y nosotros no podemos ejercer porque el municipio no nos da la patente. El caso se está evaluando y se supone que el tribunal emita sentencia pronto”, explicó Ortiz.

Las razones para revocar los permisos, según les han indicado, se debe a quejas de vecinos, quienes no están de acuerdo con que el restaurante El Cerro de Coco opere en la zona.

“La verdad no entendemos en qué les afecta porque el restaurante no queda cerca de residencias ni solemos tener ambientes cargados. Esto es un ambiente familiar”, indicó Ortiz.

Los propietarios alegan que los vecinos de la zona crearon una asociación solamente para sacarlos de allí y que el municipio está ayudándolos.

“Los vecinos hicieron una asociación nada más que para cerrarnos el negocio. Se asociaron con el Municipio para decir que no cumplíamos con las normas de ARPE. Luego, como no encontraron nada porque estamos en cumplimiento, se fueron por el lado de que no es territorio comercial sino que es un territorio urbano. Estos vecinos están siendo orientados y ayudados por el municipio para que ARPE no nos dé el permiso”, aseguró Ortiz.

Los comerciantes lamentan el impacto que pueda tener entre sus comensales habituales y los turistas que solían visitarlos, además de los jefes de familia que dependían de su empleo en el establecimiento, por lo que piden al Municipio que reconsidere la situación.

“Este es un lugar turístico donde la gente estaba viniendo a comer y estamos generando empleos. Son ocho familias que se están afectando con el cierre. Estamos buscando como ayudarnos económicamente y como ayudar también a la economía del pueblo. No entendemos por qué nos hacen esto, ya que le pagamos patenta, IVU y contribuciones y es el mismo municipio es el que nos quiere negar la oportunidad de progresar. Solicitamos que se reconsidere esta determinación porque además nosotros no podemos volver invertir en otro lugar, ya sería mucha la pérdida”, concluyó la administradora.

El municipio niega tener inherencia en el caso

Sin embargo, el Director de la Oficina de Permisos Municipal, el ingeniero Manuel Quiles explicó que el municipio no tiene jurisdicción en este caso, ya que los permisos fueron solicitados a nivel estatal, ya que no es hasta octubre 2016 que se abre la oficina municipal.

“Primero es importante explicar que empezamos a operar la Oficina de Permisos Municipal desde octubre 2016 y que ese permiso en particular lo radicaron antes, a través de la OGP en San Juan. Nunca fue con el municipio y el municipio no puede dar patente a negocios sin el debido permiso. En ese proceso la OGP le da el permiso y luego lo revoca porque hubo una apelación en los tribunales por parte de los vecinos. Es por eso que la OGP hizo esa reconsideración y, al no cumplir con ciertos elementos, le revocaron el permiso”, explicó Quiles, quien añadió que “en lo único en lo que el municipio intervino fue en aclarar a la OGP los endosos y recomendarle que hicieran vistas públicas”.

A pesar de que los propietarios alegan cumplir con todos los requisitos, el director plantea que la ubicación del negocio en zona residencial es fundamental para la otorgación de permisos.