Aunque pudo asistir a la graduación de su hijo, una joven madre soltera residente del complejo de vivienda pública Torre de Francia, relata que lo hizo angustiada, bajo la amenaza de desahucio que había recibido días antes.

La mujer asegura que no se había vencido el plazo para pagar y que tenía asignado dinero del programa de CovidRent para cubrir la renta, asignación de la que tenía conocimiento el complejo de vivienda.

Al igual que ella, otras nueve familias -de las 99 que viven en ese complejo, incluyendo a personas de avanzada edad y otras mujeres y madres solteras-, también fueron amenazadas de desalojo, a pesar de que, insisten, dichas órdenes no estaban en cumplimiento con el reglamento vigente.

Según denunciaron varios líderes comunitarios, esa situación de ilegalidades y emisiones de órdenes de desalojo sin seguir lo que establece el Reglamento de Selección y Ocupación de vivienda pública, ha estado ocurriendo también recientemente en varios residenciales públicos, provocando una angustia innecesaria entre las familias que son objeto de estas amenazas.

Luz Vázquez Rodríguez, líder comunitaria de Torre de Francia, condenó que mientras por un lado la Administración de Vivienda Pública (AVP) exhorta a los residentes a solicitar el beneficio de CovidRent para pago de renta, agua y luz, por el otro, a sabiendas de que ya el residente hizo la gestión para esa ayuda y se la aprobaron, lo demande ante el tribunal para ejecutar un desahucio, con una orden que viola la reglamentación.

“Vemos constantemente al secretario del Departamento de la Vivienda, licenciado William Rodríguez Rodríguez, en varios medios invitando a los ciudadanos a accesar a estos fondos. Sin embargo, observamos esa misma administración actuando de manera contraria a lo que está promoviendo. Es necesario preguntarse, ¿cómo me invitas a solicitar una ayuda y a su vez me penalizas en momentos donde el pueblo atraviesa por una crisis económica y de vivienda?”, cuestionó Vázquez.

Por otro lado, una vez los residentes son emplazados y amenazados de desalojo, la mayoría de ellos intenta buscar ese dinero a como dé lugar para no quedarse sin hogar, y una vez hacen el pago, no les entregan el dinero que ya les habían aprobado de CovidRent, porque ya se cumplió ese pago de renta o utilidad para el que fue otorgado. Por si fuera poco, le cobran $150 a cada residente, por cada demanda, por concepto de cuotas y honorarios para la representación legal que lleva los casos al tribunal.

El grupo de líderes de la Coalición de Residentes del Área Metropolitana, que además de Vázquez incluyó a Mirta Colón Pellecier, de Las Gladiolas; Iris Yolanda Ríos Oppenheimer, de Luis Llorens Torres; y Jonathan Colón Reyes, de Puerta de Tierra; recordó que el reglamento vigente “establece que los procesos de pago de renta deben efectuarse en o antes del día cinco de cada mes”, y que “los referidos al tribunal para el cobro de alguna deuda y/o alegado desahucio en precario por falta de pago debe ocurrir luego de tres meses de incumplimiento por parte del residente”.

Colón Pellecier, una veterana activista que ha protagonizado luchas en favor de las comunidades bajo diversas administraciones, alertó que existe un borrador para un nuevo reglamento que reduciría sustancialmente los derechos de los residentes de vivienda pública. Agregó que el administrador de AVP, Alejandro Salgado Colón, “se comprometió a abrir a discusión ese documento”, pero eso no ha ocurrido. De hecho, el mismo administrador Salgado ha expresado públicamente la exhortación a residentes de vivienda pública a usar los $240 millones de fondos federales para pago de renta, agua y luz, pero también ha dicho que AVP planea devolver $60 millones de esa ayuda como parte de una estrategia para acceder a $45 millones para el desarrollo de unidades residenciales.

“¿Unidades residenciales para quién? ¿Quién va a vivir allí? ¿Quién se va a beneficiar de construir eso? ¿Cuántas personas se van a quedar en la calle por eso?”, cuestionó Colón Pellecier, agregando que mientras todo eso ocurre están afectando la salud mental de los residentes.

“Aquí se está atropellando a los residentes sin tomar en cuenta cuán vulnerable son. Estamos hablando de viejos de sobre 70 años de edad, donde no se está llevando a cabo orientación alguna, donde hay un reglamento... las leyes aquí son para seguirlas. O sea, no solamente nosotros los residentes de vivienda pública tenemos que seguir las leyes, los funcionarios también tienen que cumplirlas”, afirmó la veterana líder comunitaria, quien agregó que las demandas de desahucio eran “todas iguales, y no dicen qué cantidad de dinero se adeuda, cuando eso es un dato superimportante”.

“Ese reglamento no lo hizo ninguno de nosotros, ese reglamento lo hizo Vivienda. Pues Vivienda lo tiene que cumplir. ¿Cómo vas a estar a estar desahuciando la gente a diestra y siniestra sin tomar en consideración que primero que nada tienes que seguir el reglamento establecido, y segundo que hay casos y hay casos?”, insistió Colón Pellecier. “Están llenando las salas de los tribunales por casos que realmente son inaceptables”.

La alegación de que las órdenes de desahucio no cumplían con el reglamento vigente fue respaldada por la abogada Ariadna Godreau, que escuchó el grito de auxilio de la comunidad y asumió de emergencia la defensa del grupo de residentes, y quien sostuvo que así se demostró también ante el tribunal.

“Una vez más nos encontramos ante casos de desahucio que son arbitrarios, que son abusivos, que no tienen ninguna razón en derecho. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, los casos que vemos en Torre de Francia, que es por llevar residentes de vivienda pública a los tribunales sin razón, que termina siendo un negocio donde hay personas que se están lucrando de los desahucios y del dolor de las familias residentes de vivienda pública”, denunció la abogada, agregando que es un escenario que se repite una y otra vez.

“Lo que vimos el lunes, con estos desahucios presentados por Torre de Francia, son desahucios donde no se había cumplido con los procesos; son demandas que son estereotípicas, es decir que todas dicen lo mismo y a la misma vez no dicen nada; y estamos viendo que ni siquiera hay una representación legal adecuada a los fines de que la administración pueda justificar por qué quiere sacar a una familia de su vivienda”, explicó la abogada, agregando que “es lamentable que los fondos públicos en vez de utilizarse para los residenciales públicos se utilicen para alimentar a quienes quieren vaciar o sacar a las familias empobrecidas de los residenciales”.

Godreau alertó además que esta situación ocurre al mismo tiempo que se reporta un aumento en la cantidad de personas sin hogar a través de la Isla y en la cantidad de personas que dice estar sin hogar por primera vez. Paralelamente, agregó, Vivienda Pública tiene una lista de espera de 15,000 personas, “así que la gente que es sacada de aquí, literalmente, no hay otra alternativa que la calle”.

La licenciada confirmó también que, de todos esos casos de desahucio por impago en vivienda pública, el 72% van dirigidas contra mujeres, muchas de ellas madres solteras, impactando de manera desproporcionada a ese grupo.

El grupo culminó su denuncia dejando claro que se van a mantener en pie de lucha y no van a permitir que continúen los atropellos contra residentes.

Al mismo tiempo, hicieron un llamado al gobernador Pedro Pierluisi, al secretario Rodríguez y el administrador Salgado a sentarse y “discutir qué está ocurriendo realmente y por qué estas instrucciones están bajando de la agencia, y por qué están tomando estas medidas que al final lo que estamos viendo es que el plan es desaparecer los proyectos de vivienda pública en la Isla, cuando sabemos la necesidad de vivienda que realmente existe”.

Vivienda Pública ordena revisión

Ante las denuncias que hicieron los líderes comunitarios y varios residentes, Primera Hora solicitó una reacción de la AVP, y el administrador Salgado emitió unas declaraciones escritas en las que afirma que ordenó una revisión de los procesos de desahucio que son eje de las denuncias de residentes.

“La Administración de Vivienda Pública está comprometida con la seguridad y el bienestar de todos nuestros residentes, es por eso que, al momento y bajo el Programa de Asistencia para la Renta ya se han beneficiado sobre 15,370 familias de Vivienda Pública que mantenían atrasos en el pago de renta. Asimismo, más de 21,480 familias se han ayudado con el pago de energía eléctrica y sobre 20,200 familias con el pago de agua. Esto totaliza un desembolso de $43 millones en ayudas directas a las familias de Vivienda Pública bajo este programa”, explicó el administrador.

“Desde el primer día, la instrucción para cada agente administrador ha sido el que se agoten todos los remedios antes de llegar a la alternativa de un proceso de desahucio. Ante los señalamientos publicados, hemos ordenado que de forma inmediata este agente administrador detenga los procesos de desahucio y someta a una revaluación cada caso para conocer si ha utilizado el tope de la ayuda disponible y de no ser así, lo someta para la ayuda correspondiente, según instruido”, agregó Salgado en sus declaraciones escritas.

“El Programa de Asistencia para la Renta continúa disponible y con fondos suficientes para seguir asistiendo a los puertorriqueños hasta septiembre de este año”, concluyó.