Al filo de dos años desde que el sismo de magnitud de 6.4 estremeció la región sureste, los residentes de la comunidad El Faro, en el barrio Rufina en Guayanilla, aún están a la espera de habitar en un hogar seguro.

Y es que las agencias gubernamentales encargadas de encaminar estos esfuerzos- el Departamento de la Vivienda y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC)- no tienen conocimiento real de las necesidades de la comunidad, confirmó a Primera Hora la senadora Marially González Huertas, vicepresidenta del Senado y quien preside la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, ordenada por la Resolución de la Cámara 351 a investigar el estado de trabajos y reubicación en esta área.

“Pudimos constatar que ninguna de las agencias tiene un censo real de la comunidad. No tiene un censo real de cuáles son las necesidades”, señaló la legisladora a este medio al finalizar la vista ocular en la comunidad.

Por lo contrario, lo único que tenían las agencias era un memorando informativo de 32 personas de la comunidad. El documento incluía una tabla con información de las llamadas de Vivienda hacia estas personsas, todas presuntamente infructuosas.

“Las necesidades de la gente no se atienden a través de llamadas telefónicas. Se atienden visitando los lugares…para que vean lo que está pasando con nuestra gente”, puntualizó González Huertas.

El movimiento telúrico provocó el desplazo de 5.5 pulgadas (14 centímetros) de tierra bajo el nivel del mar, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés). Por ende, la mayoría de las más de 100 casas de la comunidad tienen el mar en el umbral de sus puertas, niveles que aumentan con cada lluvia.

“Aquí ciertamente vimos gente incómoda, molesta. Es bien triste que tú, cuando quieras ir al patio de tu casa, lo que tengas es el agua del mar”, manifestó.

Controversia transcendental

La falta de atención gubernamental no se limita a las secuelas del seísmo del 2020. Un gran número de los residentes- muchos de ellos mayores de 70 años- heredaron sus casas por sus bisabuelos que eran trabajadores del dueño de la antigua Central Rufina, Mario Mercado, por lo que no poseen títulos de propiedad, sino títulos de usufructo que recibieron durante la administración municipal del exalcalde Nelson Torres Yordán.

Por ende, tanto ahora como cuando pasaron los huracanes del 2017, este grupo de residentes no cualifica para ayudas de fondos federales por no poseer la documentación necesaria.

“Volvemos al problema que tenemos con (el Programa) R3: se está pidiendo un título de propiedad. Ellos indicaron que eso puede ser una opción, siempre y cuando la Junta de Planificación lo apruebe, pero que tienen que esperar que el Gobierno federal determine con el acuerdo de subvención y entonces ahí es que lo solicitan. Ellos no saben cuánto tiempo eso va a tomar”, detalló González Huertas.

Por otro lado, el alcalde guayanillense, Raúl Rivera Rodríguez, esperaba una asignación de $1.4 millones que “daría paso a la construcción de 35 residencias para familias que desean reubicarse” de parte de OSEC, pero el director regional de la agencia, Daniel Vega, no pudo precisar si esa cantidad estaba asignada al municipio.

Mientras que una opción para algunos habitantes del área sería solicitar vivienda mediante Sección 8 o mudarse a un residencial, “aquellas personas que están por encima de los ingresos establecidos por HUD (Departamento de Vivienda federal) no tienen una alternativa real”, dijo González Huertas.

Además, ha quedado en el aire la identificación de tierras de Vivienda para construir nuevos hogares.

“Ya mucha resistencia de parte de los residentes que quieren vivir en un hogar digno y un hogar seguro”, recalcó.

Reacios en dejar sus hogares

No todos los residentes están ansiosos de abandonar sus hogares. Muchos de ellos han reiterado su deseo de permanecer en sus casas, a pesar del nivel del mar.

“Aquí hay de todo. Aquí hay personas que desean más seguro, pero al momento no tienen más alternativas por los ingresos. Entonces, no cualifican por ningún programa federal. Entonces esa gente que se quiere ir y no cualifica tiene ahí esa piedra de tropiezo”, repitió al sostener que Vivienda también ha considerado la relocalización a casas más pequeñas a los residentes, opción que no consideró viable.

Estas personas le indicaron a González Huertas que recibieron promesas de campaña de “funcionarios que ahora son electos” de que se le rellenarían sus patios con arena para así anivelar la tierra.

“En algún momento tuvieron esa promesa de funcionarios que ahora son electos y les dijeron que ellos iban a arreglarles esa situación. Yo creo que no se debe engañar a la gente. No se puede revertir la naturaleza”, expresó al resaltar que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no permitiría estas acciones “por seguridad” y la protección ambiental.

Junto a González Huertas y Vega, en la vista ocular estuvo presente el alcalde, la secretaria auxiliar de Vivienda, Mayté Texidor, el senador Ramón Ruiz Nieves y el representante José “Cheíto” Madera, quien se comprometió abogar por la aprobación del Proyecto del Senado 122- que actualmente está en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes- para acelerar procesos burocráticos desde los municipios.