El representante independentista Denis Márquez presentará este mediodía el pliego acusatorio que radicará ante la Cámara de Representantes para comenzar el proceso de residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Sin dar detalles del contenido del documento, indicó que el pliego acusatorio contiene “conductas con cada delito aplicable” que el ejecutivo y su grupo de asesores supuestamente cometieron al hacer comentarios en un chat de Telegram.

El contenido del documento, dijo el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), será presentado durante una conferencia de prensa citada para las 12:30 p.m. de hoy.

Márquez realiza este esfuerzo pese a que los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, han descartado por el momento comenzar el proceso de residenciamiento. La preocupación que tienen es que no hay un secretario de Estado que asuma las responsabilidades del gobernador y existe oposición a que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se quede como gobernadora interina.

Rosselló está en medio de múltiples controversias, principalmente por el chat divulgado entre el pasado martes y el sábado en el que se destapan una serie de mansajes machistas, sexistas, homofóbicos y amenazantes del primer ejecutivo y su grupo íntimo de asesores.

Entre otras cosas, el gobernador llamó “pu…” a la expresidenta de la Legislatura Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito. Mientras, el exmonitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, radicó una querella en el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) contra los participantes del chat por supuestos mensajes amenazantes en su contra.

Uno de los comentarios destacado sobre esta situación lo hizo el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, quien afirmó que el “monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda, pero hay que meterle mano”.

En medio de la controversia del chat, las autoridades federales realizaron un operativo anticorrupción el pasado miércoles en los que arrestaron a cuatro contratistas del gobierno y a dos exfuncionarias de la administración de Rosselló Nevares, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud, Angie Ávila.