La Comisión de Personas Privadas de su Libertad del Colegio de Abogados de Puerto Rico reclamó hoy que toda la población carcelaria sea vacunada contra el COVID-19, así como el personal que trabaja en las cárceles del país.

“Urge que el Estado tome acción inmediata y vacune a toda la población correccional y al personal que allí labora y brinda servicios. La estrategia no debe ser la de reaccionar a los contagios o brotes, sino la de prevenirlos mediante la vacunación. Una pronta vacunación a tales grupos protegerá a la población carcelaria como también a los familiares de aquellas personas que por razón de trabajo visitan las cárceles”, expresó el licenciado Donald R. Milán Guindín en declaraciones escritas.

La población correccional en Puerto Rico se estima en unos 7,500 hombres, mujeres y menores, según la Comisión, y hay otras 1,000 personas que laboran diariamente atendiéndolos.

“Aproximadamente entre un 15% a un 20% de la población penal se encuentran detenida por no poder pagar su fianza, siendo ellos forzados a esperar en la cárcel su día en corte. La vacunación de los privados de libertad permitiría que muchos de los casos que hoy están detenidos puedan nuevamente atenderse en los tribunales a la brevedad posible. Por consiguiente, atender esta población con premura no solo mantiene a la comunidad segura, sino que ayuda a proteger los derechos constitucionales de una gran parte de la población detenida”, señaló por su parte el licenciado Diego H. Alcalá Laboy.

La Comisión destacó que la Organización Mundial de la Salud así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que los confinados están expuesto a un nivel de contagio elevado debido las limitaciones para implementar medidas de salubridad, el espacio reducido para aislar enfermos, entre otros factores.