La complejidad de la violencia doméstica no puede verse solo desde el marco de las estadísticas del crimen que reducen a meras cifras los asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

La trabajadora social y directora del Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Lisdiel Flores, lamentó el hecho de que solo cuando una mujer es asesinada se le pone atención públicamente a este asunto, que parece desvanecerse en poco tiempo sin que se asuman las posturas necesarias para prevenir que una nueva tragedia enlute a otra familia.

“Para nosotros que llevamos muchos años, por ejemplo, el Hogar Ruth lleva 37 años dando servicios a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y a sus hijos e hijas, es bien doloroso porque nuestras voces son escuchadas cada vez que hay un asesinato; es cuando más se nos escucha nuestros reclamos y es cuando el tema más se pone en boca de todo el mundo”, comentó Flores, quien dirige la organización comunitaria dedicada a promover los derechos humanos y ofrecer espacios de convivencia seguros y solidarios que salvan las vidas.

Según las estadísticas oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), hasta el 25 de diciembre, 11 mujeres habían sido asesinadas, víctimas de la violencia doméstica, para una diferencia de dos casos menos que los contabilizados durante el 2019. Sin embargo, estas cifras no incluyen las víctimas secundarias o indirectas.

La víctima más reciente fue Ileana Rodríguez Félix, de 35 años, cuyo cadáver fue localizado el Día de Navidad en el asiento del pasajero de una guagua manejada por su pareja, la cual se estrelló contra un poste en el barrio Navarro en Gurabo. Los golpes que presentaba la mujer en la cabeza y el rostro no son compatibles con el accidente de tránsito, pero una jueza no determinó causa para arresto contra Denis A. Rivera Aponte, de 38 años, por el delito de asesinato y sí en un cargo por ofrecer información falsa a las autoridades. El caso ser verá en alzada.

Precisamente, en los albergues se observan las secuelas de la falta de prevención a todos los niveles, comentó Flores, a quien brindarle una mano amiga a una mujer que enfrenta un riesgo inminente de muerte le trae esperanza y a la vez el temor de que las dimensiones de este problema sigan ocultas.

“Las víctimas que logran llegar a un albergue, agraciadamente, que no pierden sus vidas porque hay albergues disponibles; llegaron porque ya no había otro remedio, no hubo remedios previos para prevenir que eso sucediera. Así que nosotros recibimos la secuela de lo que es no trabajar con la prevención de la violencia desde los distintos frentes, campañas educativas, educación a nuestros niños y a nuestras niñas en el tema. Para nosotros es más doloroso aún. Cada vez que llega una víctima a nosotros nos da esperanza, porque llegó, pero a la misma vez nos duele y cada vez que una es asesinada todos estamos de luto”, exclamó Flores.

Expuso que no se puede perder de perspectiva las dificultades que atraviesan las sobrevivientes de la violencia doméstica para poder romper con el ciclo de maltrato luego de que logran separarse de sus agresores, ya que si no reciben los recursos de apoyo necesarios para enfrentar este proceso y que les den la credibilidad que necesitan, podrían regresar a la misma relación o involucrarse en otra igualmente conflictiva.

En solo días, con el cambio de gobierno, la trabajadora social confía en que finalmente se decrete un estado de emergencia por la violencia de género como ha sido reclamada desde noviembre de 2018 para que se les proporcione la importancia y el mérito que merecen las vidas de las mujeres que no mueren en el mismo contexto que los hombres; son asesinadas en su mayoría en el seno de su hogar, donde se presume deben estar más protegidas.

“Yo no quisiera perder las esperanzas y yo creo que si queremos atender la situación de la violencia de género en Puerto Rico de una manera puntual definitivamente debemos decretar el estado de emergencia para ponerle la mirada puntual a la situación y allegar los recursos”, sostuvo Flores, quien considera hay una falta de voluntad para atender la situación como merece.

También cree que debe evaluarse si la orden ejecutiva firmada a finales de octubre por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que declara la lucha contra la violencia a la mujer como un servicio prioritario del gobierno, es operacional.

La orden ejecutiva ordena la creación de un Negociado de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, la cual estaba pendiente de la aprobación de un protocolo y de la asignación de una partida presupuestaria.

“Yo creo que una de las cosas que debería hacer este gobierno es mirar esta orden ejecutiva y mirar cuán operacional es y revisitarla. Creo que de una manera puntual hay que hacerlo, cuán efectivo o cuán no efectivo. Creo que no tenemos que inventarnos la rueda, nosotros llevamos muchos años en esto. La rueda está hecha, lo que hay es que fiscalizar la implementación de lo que ya existe y sobre todo la implementación de la Ley 54 que es una ley de vanguardia”, afirmó Flores.

Más creativos

La pandemia ocasionada por el COVID-19, durante la cual numerosas mujeres han tenido que vivir encerradas junto a sus agresores, ha representado nuevos retos en la labor diaria de los albergues, la cual fue reforzada mediante las redes sociales y la creación de una red con una sola línea de ayuda para poder orientar a las mujeres con personal especializado y si es el caso diseñar un plan de escape.

“Nosotros como organizaciones nos tuvimos que reinventar y ellas (la víctimas) tuvieron que ser más creativas al momento de buscar la ayuda, porque buscarla pone en riesgo sus vida si esta persona (el agresor) se daba cuenta que estaba buscando ayuda”, reveló Flores.

Desde marzo, las llamadas de orientación han incrementado considerablemente ya que nunca han dejado de operar, aún en los momentos de mayor crisis.

El Hogar Ruth es parte de la línea de ayuda del Proyecto Matria, que opera bajo el teléfono (787) 489-0022 las 24 horas y los siete días de la semana.

Esta organización, al igual que otras que no han recibido ni un solo centavo del gobierno y se han visto obligadas a cancelar sus dos actividades de recaudación de fondos anualmente, necesitan de voluntarios, apoyo económico y hasta de productos de primera necesidad.

Cualquier ayuda o aportación puede canalizarla a través del (787) 883-1884 o por ATH Móvil al (787) 792-6596.

Las víctimas

Al cierre del 2020, 46 mujeres habían sido asesinadas en la Isla. Del 1 de enero al 26 de diciembre de 2020, el NPPR había atendido 6,307 incidentes de violencia doméstica para una diferencia de 809 menos que en el mismo período en el 2019. Solo las áreas policíacas de Carolina (18) y Utuado (35) se observó un alza en estos delitos. Las 11 víctimas de asesinato por sus parejas este año fueron identificadas por el NPPR como:

Katherine Y. Ruiz, de 26 años, fue baleada el 5 de marzo, en el residencial Jardines de Aguada, por su expareja, quien se privó de la vida. La pareja se encontraba en trámites de divorcio y ese día se llevaría a cabo una vista judicial.

Yolanda González Muñoz, de 49 años, asesinada a balazos el 16 de marzo en la oficina de su psiquiatra en la avenida Nativo Alers, en Aguada, por su esposo, quien luego se suicidó. La mujer había radicado una querella de violencia doméstica en su contra, pero el día de la vista preliminar se negó a declarar y el caso fue desestimado.

Ashley Mary Rodríguez Torres, de 27 años, falleció el 29 de marzo tras su pareja consensual dispararle frente a sus hijos durante una discusión en las parcelas Castillo, en Mayagüez. Christian Rodríguez Rivera, alias Cristian Bala, con antecedentes penales, huyó de la escena.

Mildred Williams Martínez, de 25 años, fue asesinada el 3 de julio cuando su expareja le disparó en el interior de un vehículo en el barrio San Isidro, en Canóvanas. Contra el individuo estaba vigente una orden de protección hasta febrero del 2021 tras agredirla.

Yaramarie Valera Resto, de 38 años, murió el 23 de agosto cuando su expareja le disparó mientras compartían en el barrio Santa Rosa I, en Guaynabo.

Marilyn Reyes Ayala, de 46 años, fue asesinada de varios impactos de bala por el guardia penal Pedro Montes Collazo el 16 de septiembre. Dos días después Montes Collazo se privó de la vida tras internarse en un monte en Naguabo mientras era buscado también por el crimen de un compañero de trabajo en el complejo correccional de Guayama y el de una vecina en Patillas.

Francheska Ayala Vélez, de 28 años, fue asesinada de varios balazos el 19 de septiembre en el residencial Sábalos Gardens, en Mayagüez, por su expareja, quien luego se suicidó.

Yolanda Díaz Torres, de 42 años, fue baleada el 18 de octubre en el residencial Nuestra Señora de Covadonga, en Trujillo Alto, y se acusó a su compañero consensual.

Carmina Roldán González, de 72 años, fue apuñalada el 5 de noviembre en su hogar del barrio Jagual, en San Lorenzo, por su esposo, a quien se le radicaron cargos criminales.

Damarys Parrilla López, de 43 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja en su residencia de la urbanización Monte Vista, en Fajardo el 19 de noviembre. Enrique Prado Nieves, de 42 años, se privó de la vida ahorcándose en su apartamento. Había una orden de protección vigente.

En el caso particular del crimen de Alexandra Cardona Torrado, de 27 años, quien fue ultimada a balazos el 26 de junio en Arecibo por la expareja de su amiga, con quien estaba al momento de los hechos brindándole ayuda, no fue adjudicado.