El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a través de su presidente Manuel Quilichini, anunció hoy la reactivación de la coalición Junte de Voluntades, una abarcadora organización que tiene el propósito de conseguir que se exima a Puerto Rico de la aplicación de la Ley Jones, también conocida como Ley de Cabotaje, o que se derogue dicha ley.

La coalición, creada en el 2015, bajo el entonces presidente del Colegio, Marc Anthony Bimbela, reúne a un sinnúmero de representantes de la comunidad legal, sindicatos, empresarios, comerciantes, navieros, líderes religiosos, comunidades, organizaciones políticas, agrupaciones de puertorriqueños en los Estados Unidos, así como ciudadanos en su carácter personal, entre otros.

Quilichini sostuvo que la reciente exención temporal otorgada a un barco de combustible, luego de la emergencia provocada por el huracán Fiona, que desató una situación de inseguridad y escasez de combustible y suministros para atender las necesidades urgentes en hospitales, comercios y viviendas, dejó nuevamente en evidencia la necesidad de eximir a Puerto Rico de las Ley de Cabotaje.

Agregó que “es una oportunidad perfecta para que el gobierno de Puerto Rico reclame de una manera más contundente la eliminación de las leyes de cabotaje”.

La Ley Jones, explicó, dispone que toda mercancía que venga a Puerto Rico por vía marítima procedente de algún puerto estadounidense tenga que trasladarse a la Isla en barcos de construcción estadounidense, con tripulación estadounidense y con bandera estadounidense.

“Esa realidad nos impone un sobreprecio en los productos que consumimos de más $1,500 millones al año”, afirmó, recordando que el 85% de los productos que se consumen en Puerto Rico no se producen aquí en la Isla.

La aplicación de la Ley Jones a Puerto Rico contrasta notablemente con la realidad de las vecinas Islas Vírgenes Estadounidenses, territorio al que no se le aplican las disposiciones de dicha ley.

Asimismo, destacó que gran parte de la mercancía que llega a Puerto Rico desde los Estados Unidos procede del puerto de Jacksonville, en Florida, y situaciones como el reciente paso del huracán Fiona por la Isla, y días después el paso del huracán Ian por Florida, colocan a Puerto Rico en una posición extremadamente vulnerable de enfrentar escasez de alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad, combustible, materiales de construcción, justo en momentos en que se llevan a cabo labores de rescate y reconstrucción.

El portavoz del Junte de Voluntades, Marc Anthony Bimbela, hizo un “pedido urgente” a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para que promueva ante el Congreso federal la derogación de la Ley Jones.

“Si como muestra un botón basta, la urgencia de la derogación de esta ley la vemos en las dificultades que enfrentó el país para poder descargar 300,000 barriles de diésel que permanecieron por días estacionados en una barcaza anclada en aguas internacionales a 4 millas náuticas de Puerto Rico”, afirmó.

Bimbela agregó que el Junte de Voluntades se mantendrá activo “en una campaña educativa hacía el país”, y participará y promoverá “acciones concertadas con otros sectores de la sociedad civil en aras de lograr la derogación de la aplicación de la Ley Jones a Puerto Rico”.