Racismo en Puerto Rico: un problema negado e ignorado
Expertos en derechos civiles hablan del discrimen racial en la Isla y cómo ha sido invisibilizado sistemáticamente, en el marco de las protestas por la muerte de George Floyd
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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En los 20 años que Neyza González Rodríguez lleva de relación con Luis González, los comentarios de índole étnico-racial han sido constantes y el primer cuestionamiento que conocidos y extraños le hicieron estuvo relacionado al hecho de que ella es blanca y él negro.
“Lo triste es que ya lo vemos NORMAL”, escribió recientemente Neyza en la red social Facebook donde enumeró múltiples instancias en las que han sido víctimas de comentarios que implican discrimen.
“Siempre me veían y me decían: ‘qué cómica, tan blanca con un trigueño’. Primero, que no encuentro lo cómico en mi relación y, segundo, que no sabía que los blancos tenían que casarse con blancos”, descargó en el escrito.
Cuando llegó el embarazo de su hija Daniela, surgieron también comentarios racistas por aquellos que -más que al estado de salud de la madre o la criatura- se cuestionaban qué color de piel heredaría la bebé.
“Qué cosa salió, trigueña”, relata que le decían constantemente.
“Han sido preguntas y respuestas que ya las vemos normal. Preguntas y respuestas que son innecesarias en un mundo que debe ser de igualdad”, agregó.
En entrevista con Primera Hora, Neyza dijo que sintió la necesidad de hablar del tema enmarcado en la cadena de eventos ocurridos con la historia de George Floyd, un hombre de Minneapolis que murió el 25 de mayo en medio de una intervención que evidencia brutalidad policíaca de un oficial de seguridad de raza blanca contra el ciuadadano negro.
Un filme de un videoaficionado que estaba cerca del lugar muestra el momento en que Floyd fue lanzado al piso por el policía Derek Chauvin, quien mantuvo su rodilla sobre el cuello de la víctima durante 8 minutos y 46 segundos. En un momento dado se escucha en el video a Floyd suplicar porque lo soltaran. “I can’t breathe.. I can’t breathe”, dijo el hombre y padre de una niña de seis años que no podia respirar ni moverse, hasta que murió. Chauvin fue despedido y se le imputó de asesinato en tercer grado el 29 de mayo. Otros tres policías que lo acompañaban fueron arrestados recientemente.
Desde el 26 de mayo comenzó una ola de protestas en Minnesota y que se ha extendido por varios estados de Estados Unidos y otras jurisdicciones, como Puerto Rico, en un reclamo por el fin de un racismo sistemático contra los ciudadanos afrodescendientes.
Para Neyza es injusto que situaciones como la de George Floyd ocurran, pero si alguien conoce que el discrimen racial es real y consistente es ella y su esposo, a quien apodan Choco desde niño luego que unos compañeros de clases -en la adolescencia- le dejaran en una ocasión en su cubículo una imagen del mono que decoraba la caja de los cereales Choco Krispies.
“El racismo también lo hemos vivido en la Quinta Avenida (en Nueva York) cuando no lo quisieron atender en Tiffany (lujosa joyería) por su color de piel. Posteriormente, otro empleado se percató de la situación y fue amable. Pero también el racismo lo vivimos cuando viajamos porque a él lo detienen en todos los aeropuertos… o como la vez que esperábamos en un valet parking por nuestro auto y llegó una muchacha y le dio la llave a mi esposo para que le estacionara el carro. ¿por qué le dio las llaves a él y no a otro muchacho blanco que estaba al lado de nosotros. Gracias a Dios que mi esposo assume todo con una actitud de chiste y no le da importancia. Pero no todos soportamos igual y no hay porqué tolerarlo. Debemos respetar la diversidad, todos somos iguales, todos somos humanos”, destaca Neyza.
El discrimen racial es sistemático
El discrimen racial en la isla -aunque evidente en muchas instancias cotidianas- es ignorado, invisibilizado y negado por el mismo sistema que está llamado a atender este problema social que lanza a muchos puertorriqueños a la desigualdad en términos de educación, salud, acceso a la justicia y mejores oportunidades en el empleo, entre otros factores.
Así lo expresaron en un análisis con Primera Hora la catedrática y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Palmira Ríos y el abogado criminalista y activista Marcos Rivera, ambos incansables luchadores contra el racismo en Puerto Rico.
Plantearon la ironía de la situación en la isla donde, incluso antes que en Estados Unidos, se rechaza el discrimen racial pues el artículo II, sección 1 de la Constitución de Puerto Rico (1952) estipula que “la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana”.
“La situación aquí es cómo hacer efectivo ese mandato constitucional. No hay que enmendar leyes ni constituciones. El problema es que aquí por años, todos los gobiernos, han dicho que aquí no hay ese tipo de problemas y se prefiere mirar en otra dirección… se prefiere ocultar, ignorar e invisibilizar”, expresó Ríos
Agregó que en términos de estadísticas los negros siempre han sido una población invisible a la hora de formular políticas públicas, de ofrecer servicios y crear programas que atiendan sus necesidades específicas.
En ese sentido inquirió a los aspirantes políticos de las elecciones de noviembre a expresar sus propuestas a fin de atender estos señalamientos. “Hay que incluir ese debate en las campañas electorales”, sostuvo al agregar que los líderes religiosos y organizaciones comunitarias de base y las universidades deben también sumergirse en el tema.
“No hay tasas estadísticas, por ejemplo, de cómo es el aprovechamiento académico por razas o grupos socialmente construidos como raza o la diferencia en los empleos en esta población. Tampoco sabemos si hay discrimen en conceder préstamos para comprar casas, en el acceso a la salud y todos esos factores de vida… o más simple y cercano: aquí, a diferencia de Estados Unidos, no se está llevando el rastreo y conteo de casos de la COVID-19 incluyendo el factor de raza. Ya sabemos que en Estados Unidos es evidente que afecta más a los afroamericanos y a los latinos. Pero aquí ese tipo de estadística no se recoge… y por ahí hay que comenzar. Hay que identificar el problema y empezar a recoger datos para saber si hemos progresado o hemos retrocedido”, dijo Ríos al cuestionar cómo se analiza la pobreza sin incluir el factor de la raza, algo esencial en otros estudios a nivel mundial.
Por su parte, el licenciado Rivera describe el discrimen racial sistémico como una dinámica “activa y silenciosa” que se manifiesta en diversas fases, incluyendo el proceso educativo del país, “el cual carece de un currículo que le enseñe a los niños y niñas desde grados elementales lo más básico: los derechos que los protegen en la Constitución”.
“Hay que revolucionar la filosofía educativa. Que el niño sepa desde chiquito que tiene derecho a la igualdad que sepa que no puede ser discriminado por su color de piel, por su religión, por su condición social o que tiene derecho a la libre expresión”, indicó el abogado reconocido por liderar varios casos de índole racial en la isla, incluyendo el de la niña Alma Yadira Cruz
El caso de Alma Yadira causó indignación en la isla en el 2017 pues la niña -en aquel entonces de 11 años- enfrentó cargos por una agresión simple, dos por amenaza y otros dos por alteración a la paz tras un incidente con otras niñas en la escuela Dr. Modesto Rivera Rivera, en Carolina.
Alma y su mamá siempre sostuvieron que la niña se defendió de un patrón de bullying del que era víctima, y así lo habían denunciado en el plantel. El Ministerio Público luego retiró los cargos pero “el daño ya estaba hecho en la menor”.
“En este caso Alma fue víctima de bullying en la escuela y victimizada también por el sistema”, explica Rivera sobre el caso que culminó con una demanda civil por negligencia y discrimen en el que sus padres reclaman $1 millón por los daños, sufrimientos y angustias mentales ocasionados, según los demandantes, por el Departamento de Educación, el director escolar, la trabajadora social y la Policía.
“En Puerto Rico, el caso de Alma es el de muchos niños y niñas del sistema público y privado… y fijamos responsabilidad no solo en el estado, sino también en los padres porque son conductas que aprenden en sus casas con unos padres que nunca recibieron educación sobre igualdad y discrimen. Definitivamente, nuestro sistema necesita ser revisado y debe comenzar por esa filosofía educativa”,destacó.