Cada 19 días, en promedio, un hombre decide terminar con la vida de su pareja o expareja, según las estadísticas de la Policía de los últimos dos años. Es por esto que la Colectiva Feminista en Construcción lleva pidiendo hace meses que el gobierno declare un estado de emergencia, pero ¿qué conlleva esto?

Según Zoán Dávila, activista de la Colectiva, es algo parecido a cuando un huracán va a impactar a Puerto Rico y el gobierno se mueve a tomar decisiones para asegurar la vida de las personas. Sería activar a todas las agencias para que trabajen en conjunto para atajar el alza en casos de violencia de género y proteger la vida de las mujeres. 

“Es una declaración que hace el Estado reconociendo que hay un problema crítico en cuanto a la violencia de género. Es una expresión que hace el Estado y que conlleva unas órdenes que le da al gabinete de que ese problema tiene que atenderse de manera urgente en cada agencia según el trabajo que hagan”, explicó Dávila. 

Las expresiones surgieron antes de que un grupo de mujeres, hombres y niños marcharan desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta La Fortaleza para exigirle a la gobernadora Wanda Vázquez que haga la declaración de emergencia.

En la reunión que sostuvieron hoy conla primera ejecutiva del país, Shariana Ferrer, otra de las portavoces del grupo, expuso que le propusieron que tuviera un término de 60 días.

“Sería para identificar las fallas que hay en el gobierno. ¿Qué se ha hecho? Si ha habido cumplimiento. Identificar las fallas y cómo mejorarlas y luego se decide si se extiende”, expresó. 

Dávila indicó, por su parte, que han sometido unos 15 puntos para atacar la problemática desde las agencias públicas. 

“Serían campañas de concientización para atender el asunto de la prevención y con campañas masivas en los medios de comunicación. Un proceso educativo en las escuelas con la educación con perspectiva de género, pero, también, transversal en todas las agencias del gobierno y los funcionarios públicos que intervienen con sobrevivientes de violencia entre parejas”, sostuvo. 

Asimismo, “atender el asunto de la impunidad en las agresiones sexuales y el problema craso que hay en la Policía de Puerto Rico, en Fiscalía y en el Departamento de Justicia de que no están atendiendo las órdenes de protección y los casos de violencia doméstica de manera adecuada”, añadió. 

En lo que va de año, unas nueve mujeres han muerto por violencia doméstica, según las estadísticas oficiales de la Uniformada. Un décimo incidente no se ha incluido porque se trata de la muerte de una menor de edad supuestamente causada por su novio. Mientras, el año pasado, los asesinatos de mujeres por violencia de género fueron 23.

¿Se podrían tomar las medidas de prevención y educación sin declarar un estado de emergencia?

“Se podrían implementar, pero lo que nosotros estamos proponiendo y estamos denunciando es que en Puerto Rico hay protocolos y hay leyes para atender el asunto de la violencia de genero. El problema es que no se está implementando y es, precisamente, lo que ha provocado una crisis. Yo creo que debe haber un reconocimiento de parte del Estado de que hay unas fallas”, dijo la activista.

Por ejemplo, Dávila indicó que Vázquez reconoció en la reunión de hoy en La Fortaleza que hay problemas de comunicación entre las diferentes áreas policíacas.

“Le pedimos a la gobernadora que reconozca un incremento de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, que hay una situación crítica en Ciencias Forenses -de todos los “safe kit” que no se analizan y que no hay protocolos claros para hacerlo, ni tampoco para tratar a las víctimas que van q hacérselos a los hospitales-, que hay una crisis en la policía con agentes que son agresores, hay como 642 querellas administrativas de policías que han agredido a sus parejas”, detalló. 

Si se declara un estado de emergencia, ¿existen fondos federales para atender la situación? 

“Sí, hay fondos federales. Hoy en la reunión, Vázquez dijo que si le realizábamos una propuesta buena y señalaba cuáles eran las necesidades, ella veía la posibilidad de ir al Congreso a pedir fondos e ir a la Junta de Control Fiscal para pedir que no se redujera fondos para atender este asunto”, destacó Dávila.

De los 408 asesinatos que se han reportado en lo que va de año, 28 las víctimas han sido mujeres, cifra que incluye los casos de violencia de género.