Puerto Rico es una de las jurisdicciones con mayores gastos fiscales
Así lo reveló un estudio de Espacios Abiertos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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Los gastos fiscales, o tributarios, en Puerto Rico para el 2022 ascienden a $23,271 millones, cifra que duplica el presupuesto anual del fondo general y que muestra un patrón de aumento, reveló un estudio de Espacios Abiertos (EA).
El análisis titulado “Gastos fiscales en Puerto Rico: desafíos internos y perspectiva mundial” reveló que Puerto Rico lidera 29 jurisdicciones de Estados Unidos y 92 países a nivel global en cuanto al impacto fiscal de los incentivos económicos (también conocidos como incentivos o privilegios contributivos), respecto al tamaño de su economía usando tanto Producto Interno Bruto (21%) como el Producto Nacional Bruto (31%).
Los gastos fiscales o tributarios son créditos, deducciones, diferimientos, exenciones y tasas preferenciales. En Puerto Rico hay 463 gastos fiscales, pero solo se reportan datos del 53.7%. En el año 2017, los gastos tributarios representaron $22,517 millones. En el lapso de cinco años, incrementó a $23,271 millones. Para el 2023, el Departamento de Hacienda proyecta que alcanzarán $23,669 millones, según sus propios datos, apuntó la investigación.
El estudio concluyó que Puerto Rico es una de las jurisdicciones a nivel global que proporcionalmente más incentivos ofrece y, a su vez, es donde menos se contabilizan los beneficios que aportan esos incentivos.
“Casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del ‘presupuesto oculto’, pues es un gasto fiscal cuyo detalle no se conoce”, expresó el economista Daniel Santamaría Ots, analista sénior de política pública de EA quien dirigió el estudio.
El estudio destacó que todavía no se incluyenestimados de impacto fiscal para casi la mitad de los gastos tributarios listados mientras que se excluyen los gastos relacionados a la Ley Núm. 154 de 2010 sobre el impuesto a las empresas foráneas y las contribuciones sobre la propiedad de los municipios. Además de que la información no cumple con la ley de datos abiertos, el informe señala que cuenta con datos obsoletos, al presentar un estudio en el año 2022 con datos que —en el caso de las corporaciones, que representan dos terceras partes de los gastos fiscales— son de los años 2016 y 2017.
El informe que debería analizar el impacto de todos los incentivos bajo la Ley Núm. 60 de 2019 (Código de Incentivos), contiene análisis sobre solo tres leyes de incentivos de un total de 76 que consolida el Código, incumpliendo con el análisis de todos los programas, tal y como lo requiere su mismo estatuto. Estas leyes analizadas en el informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) representan solamente $566.6 millones del monto total de gastos fiscales de $22,085 millones en 2021 (2.6% del total), reveló EA.
Santamaría Ots explicó que los gastos tributarios pueden ser muy positivos, pues hay gastos fiscales que han demostrado ser efectivos en ayudar a los contribuyentes, como el Crédito por Trabajo, que fomenta el trabajo formal y ayuda a combatir la pobreza. Por otro lado, cuando son mal diseñados o no hay evaluación periódica u oportuna sobre su eficacia o rendimiento, estos gastos pueden hacerse obsoletos o llegar a incumplir con sus objetivos por completo, sin generar beneficio para la sociedad o la economía que justifique el “gasto”.
Santamaría Ots destacó que conocer el rendimiento económico y social de los gastos tributarios es de extrema importancia para Puerto Rico, así como lo es para cualquier jurisdicción. El gobierno federal, por su parte, hace público esa información desde 1974.
Desde el 2017, Espacios Abiertos ha promovido la transparencia en esa partida oculta de gastos y que se incorpore dicho análisis al proceso de consideración y aprobación del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que anualmente realizan las ramas legislativa y ejecutiva.
El reclamo de Espacios Abiertos por la transparencia llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, habilitando la publicación en 2019 por Hacienda del primer Informe de Gastos Tributarios.
Pese a este avance, la organización sin fines de lucro detalló que “el informe que publica Hacienda, ahora en su tercera edición, todavía carece de mucha información relevante tanto para los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de aprobar el presupuesto gubernamental como para la ciudadanía que tiene el derecho de conocer a dónde va el dinero público”.
“A pesar de su magnitud, gran parte de los gastos fiscales no se divulgan, convirtiéndolos en un presupuesto oculto que no pasa por escrutinio público. Como consecuencia de mantenerlos fuera del ojo público, es raro que estos gastos sean evaluados en términos de costos y beneficios”, subrayó el economista.
Por ende, EA emplazó al gobierno a crear un registro público oficial o presupuesto de gastos fiscales que incorpore las mejores prácticas en la divulgación, rendición de cuentas y análisis de los gastos tributarios.
“Desde Espacios Abiertos abogamos por una ley que requiera la preparación de un informe de gastos fiscales que incluya las mejores prácticas de divulgación donde se incluyan todos los gastos con su impacto fiscal correspondiente. Y, este informe no estaría completo si no incluye la evaluación del rendimiento de cada gasto y cómo estos afectan social y económicamente a Puerto Rico”, puntualizó Santamaría Ots.
Integrantes del área de investigación de EA, incluyendo a Santamaría Ots, su homólogo, Alexis López Paleo, y paneles interactivos de datos creados por el analista Gabriel Ríos Pérez, examinaron el “Puerto Rico Tax Expenditure Report for Tax Year 2023″ presentado en abril por Hacienda, al igual que los datos de los informes anteriores. Esto lo compararon con otras jurisdicciones de Estados Unidos y otros países para determinar dónde se ubica Puerto Rico respecto a sus gastos fiscales. Los expertos indicaron que el ingreso no devengado por estos tratos contributivos especiales es dos veces mayor al presupuesto del fondo general.