Un grupo de personas se manifestó hoy frente a la alcaldía de Camuy en respaldo a una empleada del municipio que, según alegan, no se le ha permitido regresar a trabajar por haberse negado a realizarse una prueba de COVID, lo que consideran una violación de sus derechos.

Según explicó el Dr. William López Mora, portavoz de World Rally for Freedom en Puerto Rico, organización que se unió a la manifestación en favor de la empleada Rawell Rivera Feliciano, a quien desde hace una semana no se le permite entrar a su centro de trabajo, a pesar que “tiene una exención de vacunación y de pruebas”.

“Este requerimiento de parte del municipio lo establece el alcalde (Gabriel Hernández Rodríguez), de manera unilateral. No es a través de una ordenanza municipal ni nada que se le parezca sino, simplemente, se le ocurrió hacer un memorando exigiendo el criterio de prueba de COVID para retornar del receso navideño”, explicó López Mora.

“Siendo así, la empleada tiene una exención de vacunación y de pruebas, como lo establecían en su momento las órdenes ejecutivas y administrativas”.

“No obstante, el alcalde pretende que no se le permita acceso a su centro de trabajo, y que utilice sus licencias, hasta que se someta. Porque, básicamente, le está mandando a agotar sus licencias, pero tiene que cumplir con el criterio comoquiera. O sea, básicamente es, usa tus licencias hasta que se sometas a lo que yo te impongo”, condenó.

Argumentó que el alcalde se está amparando en la orden administrativa del Departamento de Salud, “que ya fue derogada, ya no tiene vigencia. Desde el 29 de septiembre se eliminó el criterio de prueba para acceso a ningún centro gubernamental. Así que esa excusa es flaca”.

Sostuvo además que el protocolo que el alcalde “pretende imponer”, no tiene relación con los protocolos que se impusieron a través de las órdenes ejecutivas y administrativas, porque no se trata de pruebas semanales para mantener un monitoreo continuo, sino “de que cuando vuelven del receso navideño, o te haces la prueba o no entras”.

“Y ese no es el protocolo que se estableció a nivel generalizado durante los últimos años. En ese sentido, entendemos que se le están violando sus derechos”, afirmó.

Afirmó que, en medio de toda la controversia, a Rivera Feliciano “se le negó el pago de la quincena, no se le renovó el contrato, que casualmente venció al finalizar la semana pasada”.

Condenó que, mientras Rivera Feliciano “ha estado luchando cinco días completos, la semana pasada, frente a la legislatura municipal, debajo del sol, mientras el alcalde hace caso omiso del reclamo, no dialoga, no negocia, no soluciona”.

Indicó que la empleada “no es la única no vacunada, ni la única que ha entregado exención para la vacunación” entre todos los empleados del municipio, “pero en estos momentos es la única que decidió no someterse a esta medida dictatorial que el alcalde impone”.

Agregó que “la apoyan muchos de sus compañeros por debajo de la mesa, pero por temor a represalias no la apoyan en el piquete que está haciendo ni de manera pública”.

López Mora recordó que todavía está ante la consideración del tribunal supremo la controversia sobre si es válido o no que el estado imponga regulaciones de conducta al ciudadano a través de órdenes ejecutivas, como lo ha sido los requisitos de vacunación o pruebas, o la exigencia de uso de mascarillas. Argumentó también que las vacunas y pruebas, e incluso el uso de mascarillas, se han aprobado por la FDA bajo requisitos de uso de emergencia, saltando un sinnúmero de pasos y requisitos que tomaría una aprobación regular, y que, en el caso de las pruebas “fallan mucho, dan muchos falsos positivos, no te garantiza nada, no da realmente ninguna seguridad”.

“Y en ese sentido, todo lo que está bajo uso de emergencia, son productos experimentales, y por tanto tenemos la capacidad de aceptar o rechazar. Todas las medidas que se han implementado, han sido medidas experimentales, forzadas sobre la población”, opinó López Mora.

El portavoz de World Rally for Freedom en Puerto Rico añadió que, a falta de diálogo para buscar entendimiento ante la situación que enfrenta Rivera Feliciano, tendrían que recurrir a los tribunales, para “tomar acción legal, porque evidentemente esto tiene que ir a un tribunal, esto es un atropello ya craso”.

“Lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la dama, sería llevado a tribunales, porque es donde único podemos pelear esto y tratar de que sean garantizados”, insistió López Mora, agregando su agradecimiento a los medios por permitir exponer posturas diferentes en el tema del COVID.

Alcalde responde a la denuncia

El alcalde Hernández Rodríguez, sin embargo, negó que estuviese ocurriendo un atropello contra la empleada, como reclaman los manifestantes. En cambio, sostuvo que, para empezar, el municipio no exige vacunación. Agregó que, por acuerdo con los mismos empleados del municipio, sí se hacen pruebas de detección del virus, para mayor seguridad y tranquilidad de todos.

“Cuando comenzamos las labores el martes, 3 de enero del 2023, le solicitamos a todos los empleados que se reportaran a una cancha, la cancha del country club en el barrio Puente, para que se trabajara lo que son las pruebas de detección de COVID, como hemos hecho todo el tiempo desde que comenzó el COVID. Para nuestra sorpresa, hubo una empleada, en aquel momento empleada del municipio, que se rehusó a hacerse la prueba. Pero, lamentablemente, sus compañeras de trabajo en el departamento donde ella trabaja, y todos los demás compañeros estaban de acuerdo que todo el mundo para incorporarse a trabajar debió haber tenido la prueba negativa de COVID. Y así fue que se estipuló”, explicó el alcalde.

Agregó que ese día 3 de enero, se hicieron la prueba 311 empleados, y solo esa empleada “se resistió a hacerse la misma, cosa que nos estuvo extraña, porque anteriormente se la había hecho sin ningún tipo de problema”.

“Y esa es la situación que está ocurriendo. Ha habido medios que han cambiado la situación, han involucrado el asunto de las vacunas. En ningún momento el gobierno municipal ha exigido vacunación alguna. El gobierno municipal, sí, el día que estuvo haciendo pruebas de detección de COVID, sí tuvo disponibles, el Departamento de Salud, como pasa en todos los demás municipios de Puerto Rico, tuvo vacunas disponibles. Y hubo 47 empleados que voluntariamente se vacunaron”, indicó Hernández Rodríguez.

Añadió que siete personas dieron positivo, “y ese mismo día se fueron a sus casas. Y cuando regresamos luego del Día de Reyes, ellos se reportaron a trabajar nuevamente”.

“El gobierno municipal ha estado actuando correctamente. Y no hemos tenido que cerrar ninguna dependencia o departamento por algún tipo de brote”, afirmó el alcalde. “Yo creo que es un asunto de responsabilidad, es un asunto de proteger a nuestros compañeros de trabajo de que no contraigan el COVID-19. Es un asunto de seguridad. Nos da seguridad a nosotros, que tenemos nuestras familias, y cuando lleguemos a nuestro hogar evitar algún tipo de contagio”.