Veinte años han esperado los jueces de la Rama Judicial por una revisión salarial.

La primera excusa que escucharon, según hizo constar el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y juez del Apelativo, Carlos Salgado Schwarz, fue que un cambio en la paga de los jueces trastocaría el presupuesto de la Rama Ejecutiva. Esto se debía a que el salario de los fiscales del Departamento de Justicia se computaba a base de unos por cientos del salario de jueces del Tribunal de Primera Instancia.

No obstante, el pasado 18 de diciembre el gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto de la Cámara 1343, el cual desvinculó el salario de los fiscales del de los jueces y los ubicó de acuerdo al “Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución Uniforme para el Gobierno Central”. Esto provocaría que los fiscales reciban un aumento retroactivo al 1 de enero, una vez se implemente este plan.

Sin embargo, los jueces y demás personal judicial volvieron a quedar en un abismo. Ello provocó que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, levantara su voz el pasado mes en reclamo de justicia salarial.

“Una vez más, reclamamos al gobernador y a la Junta Supervisión Fiscal que incluyan a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial en la reforma salarial que han anunciado para los demás empleados del gobierno. La dignidad salarial no puede ser solo para algunos. Nuestras secretarias, trabajadoras sociales, mantenedores, alguaciles, abogados y abogadas, mediadores y demás personal son esenciales para que todos los días se haga justicia en Puerto Rico. De la misma forma, nuestros jueces y juezas, que al igual que los fiscales y procuradores no reciben un aumento hace 20 años, también merecen una remuneración competitiva y que esté a la par con la del resto de los funcionarios del sistema de justicia”, expresó la jueza presidenta.

Al finalizar el año, el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó un proyecto de ley para aumentar el salario a los jueces. Se trata del proyecto del Senado 1106.

En la exposición de motivos se destaca que, según el National Center for State Courts, Survey of Judicial Salaries, “Puerto Rico se ubica por debajo del umbral de compensación que prevalece para los jueces en las demás jurisdicciones para asegurar una judicatura robusta e independiente”.

Salgado Schwarz denunció que desde el 2003 no se revisa el salario de los jueces ni se concede ningún aumento salarial, ya que “la Ley de la Judicatura no tiene una cláusula de aumento por costo de vida, no tiene una cláusula de a los cinco años un aumento automático para poder modificar el salario de los jueces. Pues, hay que hacer una enmienda a la ley”.

Durante el transcurso de los 20 años hubo una medida presentada por Oronoz en el 2019 para hacer la revisión salarial. Sin embargo, el proyecto quedó en nada. Por tal razón, el portavoz de los jueces aseguró que “el momento es ahora. Cuando se están discutiendo los presupuestos, se está discutiendo todo, los sobrantes y todas esas cosas que están pasando con el presupuesto del país”.

Ha trascendido, sin embargo, incomodidad entre los jueces, principalmente los municipales, por los números fijados en la medida de Rivera Schatz para computar de cuánto sería el aumento.

El salario propuesto

Específicamente, el proyecto contempla aumentar de $69,600 a $90,000 el salario de los jueces municipales; de $89,600 a $120,000 el de los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia; de $105,000 a $145,000 el de los jueces del Tribunal Apelativo; de $120,000 a $173,000 a los jueces asociados del Tribunal Supremo; y de $125,000 a $183,000 el del juez presidente del Supremo.

Además, busca conceder cada cinco años un ajuste salarial de 2%.

La controversia, supo Primera Hora, es que a los jueces superiores se le incrementaría el salario a unos $30,000, mientras que a los municipales solo habría un aumento de unos $20,000, cuando alegan que tienen mayores responsabilidades asignadas.

Salgado Schwarz, quien es el único juez autorizado a hablar con la prensa por su cargo de presidente de la Asociación, evadió enfocarse en una sola clasificación. Señaló que todos los jueces tienen un alto de nivel de trabajo, que en la mayoría de los casos terminan con tareas para completar en sus hogares.

“Todos somos jueces, todos tenemos la misma responsabilidad y el mismo deber, y no podemos hacer una competencia interna”, opinó.

Además, estipuló que por regulaciones ya establecidas, para la designación de jueces municipales se les exige menos requisitos de experiencia que a los jueces superiores.

Pero, más allá de disputar quién tiene más tareas o responsabilidades, señaló que, en conjunto, la división salarial que se expone en la medida no va a la par con el aumento del costo de vida que se ha dado en los pasados 20 años.

“Nosotros realizamos ese ejercicio con los salarios del 2003, lo trajimos al 2022 y lo ajustamos por el ‘Consumer Price Index’. El juez municipal, el número del ejercicio era más alto de los $90,000, el superior era más alto que $120,000, el del juez del Tribunal de Apelaciones era más alto que el número de $145,000″, señaló.

Los números a los que alude deberían llevar los salarios de los jueces a $101,000 los municipales, $131,040 los superiores, $153,563 los del Apelativo, $175,500 los jueces asociados del Supremo y $182,812 el cargo de juez presidente del Supremo.

Pero, aun cuando haya diferencias, Salgado Schwarz hizo constar que “mi análisis para los números puede ser tan valioso y tan exacto o inexacto como el análisis llevado a cabo a nivel legislativo para poner estos números en un proyecto”.

Añadió que lo que hizo fue que, “tomé un análisis de acuerdo a como se valoraban los daños en la jurisprudencia. Que puedo estar mal en cuanto a por qué estoy utilizando este criterio para salario y no un criterio demográfico económico, ciertamente. Admito que la ciencia mía utilizada para este criterio no es la exacta, pero es una herramienta para atemperar lo que es el valor presente de esos números de hace 20 años. Y es como yo digo, estos números que toca aquí no es un aumento de sueldo. Ese es el valor presente del mismo sueldo de hace 20 años. Eso es lo que es. Si en el 2003 se hizo algún estudio para sacar esos números, este número es ese mismo. No es un aumento. Es traerlo a lo que vale hoy ese número. Eso no es considerado para mí un aumento. Eso es actualizar los números de hace 20 años”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura expuso que el 2% fijado para conceder ajustes salariales cada cinco años “no va de la mano con la inflación y el costo de vida… El 2%, lo que aumentaría, por ejemplo, a los municipales de $90,000 a $92,000 en cinco años. Ese no es el aumento real al costo de vida”.

Aun cuando existan diferencias numéricas y controversias sobre lo que cada juez merece cobrar, lo que quiso destacar Salgado Schwarz es que al menos se ha abierto un debate para revisar el salario de los jueces.

“Mi punto de vista es que, por lo menos, es algo. Se está atendiendo, se está discutiendo y está, por lo menos, presentado ante la Rama Legislativa para que se le dé un debate y se pueda atender esa particularidad que corresponde para preservar la independencia judicial en nuestro país. Que no tiene que ver con Carlos Salgado, no tiene que ver con Juan Pérez, el juez superior de cualquier región; tiene que ver con el juez que esté en ese momento, con la persona, con lo que se diría el oficio de ese juez que tenga esa responsabilidad de atender las causas y controversia y que pueda estar tranquilo. Porque ahora mismo, dentro de todas las vicisitudes que hemos pasado en términos fiscales en el país, a los jueces se les eliminó el plan de pensión. Así que ya eso no es un criterio a tomar en consideración para aspirar a la judicatura”, precisó.

También destacó que un ajuste salarial ayudaría a atraer a buenos abogados a la judicatura para que se imparta justicia.

Si, de momento, el salario de los jueces no es competitivo, pues los abogados que interesaran ser jueces, pues no van a querer meterse a la judicatura. Entonces, van a preferir irse a trabajar a otras ramas del gobierno o a la práctica privada. Perdemos, entonces, los recursos humanos para la judicatura, porque no está siendo bien remunerado. Y, los jueces, muy lejos de lo que se dice, no somos dioses del Olimpo. Somos seres humanos de carne y hueso. Al revés, dentro del sacerdocio de la judicatura renunciamos a muchos derechos que el ciudadano de a pie posee, entre ellos el derecho a la libertad de expresión. La razón por la que estoy aquí es que yo soy el único que tengo permiso para poder hablar, porque soy presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, pero (no hay) ningún otro que pueda hacer esto. El derecho a afiliación (lo perdemos). Los jueces no pueden votar en las primarias”, ejemplificó.

¿Cuándo se atenderá la medida?

Todavía se desconoce cuándo será analizada y llevada a votación esta medida legislativa. Rivera Schatz la radicó el pasado 22 de diciembre, cuando la Legislatura se encontraba en receso.

La medida fue asignada a la Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por la senadora Gretchen Hau, el pasado 9 de enero.

Se informó que ya se solicitaron comentarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de la Administración de Tribunales.

En unas declaraciones escritas remitidas a Primera Hora, la senadora indicó que “de la misma forma en que la Comisión de lo Jurídico del Senado, la cual presido, evaluó el proyecto para otorgar un aumento salarial a los fiscales, estoy en la mejor disposición y con la mayor apertura para atender cualquier proyecto que pretenda el mismo fin en el Poder Judicial. El trámite realizado para evaluar el proyecto de los fiscales, el cual en días recientes el gobernador convirtió en Ley, fue uno responsable, de apertura y participativo”.

“La comisión está lista para iniciar el trámite legislativo ante cualquier proyecto que busque evaluar el aumentar el salario a los jueces. Sin embargo, es necesario que se incluya a todo el componente del Poder Judicial. Entiendo es necesario atemperar la situación fiscal de la rama judicial a la realidad que vive el país en estos momentos. Reitero mi disposición y mi receptividad para evaluar cualquier proyecto de ley para los fines expuestos”, añadió.