El paciente, en este caso el sistema de salud de Puerto Rico, está en estado crítico o más bien en estado de coma, a juzgar por las expresiones al unísono de diversos representantes de grupos de médicos, hospitales, farmacias y laboratorios, quienes, también de manera unánime, coinciden en el diagnóstico de que la enfermedad principal que causa este terrible cuadro médico “son las aseguradoras” médicas.

En una mesa redonda que tuvieron hoy con las senadoras Keren Riquelme y Elizabeth Rosa, y el senador Rubén Soto, presidente de la Comisión de Salud del Senado, el amplio grupo también presentó varias recomendaciones de tratamiento para que, aunque no se cure del todo, el paciente pueda al menos salir del coma, abrir los ojos y levantar un poco la cabeza.

Pero la interrogante, una y otra vez, fue si existiría la voluntad suficiente en el Legislativo y el Ejecutivo para administrar al menos algún tratamiento efectivo contra “el problema principal” o “el elefante en el cuarto”, que fueron algunas de las descripciones usadas para referirse a las aseguradoras médicas.

El secretario del Departamento de Salud, doctor Carlos Mellado, quien se unió, de manera inequívoca y categórica, al enfático reclamo de poner freno a las aseguradoras, abundó que esta crisis del sistema de salud se remota a antes del huracán María (2017), y advirtió además que si Puerto Rico no recibe más fondos para septiembre, “no sé qué va a pasar con Puerto Rico, porque esto cuesta $4.2 billones ($4,200 millones)”.

“Ahora, cuando ese dinero está acá, y lo tenemos que pagar, nosotros decidimos poner $4.2 billones en manos de compañías privadas, con fines de lucro, lo cual no es malo, ellos tienen su oportunidad de ganar dinero, pero tienen que dar servicio al paciente”, afirmó Mellado. “No pueden ser proveedores, no deberían ser proveedores, porque se sacan la mano de este bolsillo, para ponérsela en este otro bolsillo”.

El secretario agregó que “los médicos se están yendo” y muchos no están recibiendo el 4% de incentivo que se otorgó, porque “el médico que se gradúa no lo están contrato. Le hacen la vida de cuadros”. Agregó que las aseguradoras “sacan médicos y proveedores” de su sistema “sin justa causa”.

“Pues ahora tenemos un contrato en donde definimos lo que es justa causa, que haya cometido un delito, fraude, o algo grande para poder sacarlo. Porque no tenemos médicos”, afirmó. “Y tenemos lo de ‘any willing provider’ (cualquier proveedor dispuesto). Si no hay proveedores, pues, ¿por qué le voy a decir que no a un cardiólogo, si no tengo cardiólogos?”.

Mellado agregó que, en el caso planes Medicare Advantage, “los médicos no están cobrando, no están cobrando tarifas adecuadas. Siempre se habla de que los Medicare Advantage es campo ocupado porque CMS (Centro de Servicios para Medicare y Medicaid) lo regula. Puede ser, como que no puede ser. Nadie ha ido al tribunal a retarlo. Pero tienen que tener una licencia del Comisionado de Seguros”.

Acotó que, para renovar su contrato con CMS, los planes advantage tienen que tener la licencia del estado, y para poder tenerla, “tienen que cumplir con todas las leyes y responsabilidades del estado”.

“Y cuando digo que se tienen que unificar leyes... sí, porque los planes privados, exclusivamente regulados por el comisionado; los advantages, por la libre; Medicare, Medicaid y lo que es platino, hacemos un contrato y tienen que llevarse por lo que diga el RFP (solicitud de propuesta). Pero tenemos 50 y pico de empleados para velar por eso”, comentó Mellado. “Por lo tanto, hemos sido bien consistentes en tener un contrato que le dé las garras a ASES (Administración de Seguros de Salud) a hacer valerlo, porque si no, es letra muerta”.

Mellado insistió que la situación “es complicada” y se necesitan más residentes en la parte médica, y reclamó a la Junta de Supervisión Fiscal que “entienda que necesitamos más dinero para poder tener más residentes”.

“Y necesitamos que nuestro sistema retenga a ese médico, para que cuando se gradúe el lunes, el martes no se vaya a los Estados Unidos, porque las ofertas están brutales en Estados Unidos”, agregó el doctor Mellado, con tono de urgencia.

El secretario recomendó a los legisladores “verificar las leyes que existen, unificarlas, darle el poder al comisionado de seguros, darle más poder al procurador del paciente, o sea, hacer justicia. Justicia, una ley para que doña Juana la de Orocovis no se enfrente en un tribunal con X aseguradora que tiene un bufete completo y puede estar una vida entera defendiéndose, en apelativo, en supremo. Eso toma años, y Juan del Pueblo no puede hacer eso, porque los abogados cuestan”.

“Tenemos que crear leyes que sean en beneficio de estos pacientes”, insistió, poniendo como ejemplo casos de pacientes suyos que “para ver un oftalmólogo, por un sangrado en la retina, (esperan) tres meses. Cuando eso en las primeras 24 horas no lo ves, perdiste el ojo. Y es duro”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctor Carlos R. Díaz Vélez, también reclamó en duros términos contra las aseguradoras y sometió una lista de 15 propuestas para tratar de atender la crisis del sistema de salud y la fuga de profesionales de la salud, que incluye entre otros puntos “igualar las tarifas todos los servicios y procedimientos de los planes médicos y privados con la tarifa de Medicare” y “establecer el pago a un máximo de 15 días por los servicios prestados y facturados a las aseguradoras, y pago doble si no se paga antes de los 30 días. Por encima de los 30 días se añade multa de 25% adicional”.

El doctor Díaz recordó que lleva 30 años de práctica en la Isla, ocupando posiciones de Procurador del Paciente, en el Tribunal Examinador de Médicos, en un sinnúmero de comités, y colaborando con decenas de resoluciones y leyes, pero “el país ya se cansó. La clase médica se cansó. Los trabajadores de salud se cansaron. Esto colapsó. Le guste o no esa es la realidad”.

“Se nos están yendo ya 500 médicos, confirmado por el secretario, cada año. Se nos está muriendo la gente, Centro Médico está en decadencia, las residencias están en decadencia, todo está en decadencia”, afirmó el doctor Díaz.

“Y el denominador común es las aseguradoras. Le guste a quién le guste. Es la realidad”, insistió.

Alabó la mesa de diálogo y la disposición para atender la situación, pero reclamó “que no se quede en la mesa redonda. El país espera ya resultados. Enmendar leyes, eso se puede hacer ya. Si la Legislatura está bipartita y todos están de acuerdo que la salud es primordial, y el gobernador entiende nuestro mensaje, es cuestión de firmar las cosas y se acabó”.

Añadió que los médicos y profesionales de la salud, “estamos en la mejor disposición de trabajar” y a esos efectos han sometido varias recomendaciones, y llamó “a meter mano y buscar lo que haga falta”.

“La Legislatura tiene que bregar con esto ya. Establecer que esto es prioridad. Yo doy 60 días. En 60 días la Legislatura que empieza una sesión nueva ahora puede ya tener proyectos sobre condiciones de trabajo actuales”, aseguró, agregando que apoya los esfuerzos que está llevando el secretario Mellado.

Díaz llamó a poner requerimientos y controles a las aseguradoras para garantizar que cumplan con la ley. Advirtió, sin embargo, que “hay que tener voluntad”, porque “sabemos que las aseguradoras bloquean proyectos, hacen lo que sea para intervenir con buenas leyes que los afecten a ellos”.

Durante la mesa redonda, además de sugerencias puntuales, como las de flexibilizar exigencias para permitir que trabajen en la Isla profesionales graduados de universidades que cuentan con las credenciales adecuadas, o emitir de forma automática el número de proveedor al profesional que termine sus estudios y obtenga su licencia médica, hubo un desfile de testimonios de representantes de hospitales, farmacias, laboratorios y grupos de especialistas médicos de toda clase de irregularidades y arbitrariedades a las que son sometidos de manera regular por parte de las aseguradoras médicas.

Entre esas situaciones, mencionaron: cambios y enmiendas unilaterales a los términos y tarifas en los contratos, lo que ha obligado a que tengan que dejar de ofrecer ciertos servicios a pacientes; cancelaciones o exclusiones sin justa causa; dilación de procesos, que conlleva a dilaciones en tratamientos, y en consecuencia daños permanentes y hasta muerte de pacientes; cambios arbitrarios a las recomendaciones de medicamentos o tratamientos, ignorando el criterio médico; establecimiento de clínicas propias en violación de leyes y reglamentos, y en competencia desleal; envío de pacientes a laboratorios para pruebas que luego no financian, entre otras.

Una emergencióloga, directora de sala de emergencias en un hospital privado, que sostuvo que batallan a diario por poder mantener el personal necesario para la operación de la sala de emergencias, se unió al reclamo para “meterle mano a las aseguradoras”. Comentó que “he tenido que demandar a tres aseguradoras para que paguen... hace dos años, por poco tenemos que irnos de sala de emergencias porque no nos querían pagar. Tuve que ir a los planes médicos, a sentarme en el lobby, a rogar para que nos dieran un adelanto. Me sentía como un perrito ahí, a ver si me tiraban algo”.

“Es una falta de respeto a los médicos”, reclamó otro de los participantes. “Y los médicos que están aquí es porque están haciendo patria”, agregó, recordando que cada vez más profesionales de salud optan por irse a laborar fuera de Puerto Rico y cada vez es más elevado el promedio de edad entre los que quedan practicando en la Isla.

“Ah, y ojo, que todavía ni hemos hablado de otro gran problema. No hemos hablado de la salud mental”, alertó otro galeno en tono sombrío. “Si entramos ahí, creo que el país necesita Prozac en Carraízo, porque todos estamos deprimidos, todos nos sentimos abusados. Y no hay siquiatras, no hay sicólogos”.

Mientras, los legisladores también expresaron su disposición a trabajar con el asunto con celeridad.

“Esto es un reclamo que tiene el pueblo de Puerto Rico”, afirmó Riquelme, agregando que la idea de la mesa redonda surgió tras recibir una llamada de una persona que no tenía un neurocirujano que la operara luego de un derrame cerebral y acabó falleciendo.

“Todos estamos hablando de lo mismo. Y qué bueno que todos podemos reconocer la necesidad que tenemos de resolver este problema. Hemos traído algunas propuestas a corto, mediano y largo plazo”, aseveró Riquelme, quien llamó a “investigar las deudas que las aseguradoras tienen con el plan Vital, con los hospitales, con los médicos” y “trazar soluciones para que los médicos no se vayan de Puerto Rico”.

El senador Soto, por su parte, sostuvo que la crisis de salud “se veía venir hace mucho tiempo” y para atenderla desde el primer día de su gestión presentó “el Proyecto número 2 del Senado, que no es otra cosa que el pagador único, para que ese intermediario llamado aseguradora no obstaculice que cada dinero llegue a nuestros pacientes”.

Agregó que también han presentado un paquete de cuatro medidas para evitar que los médicos se vayan de Puerto Rico y para que los proveedores puedan contratar directamente a laboratorios, farmacias, hospitales y médicos.