A un día de que culminen las vistas públicas sobre la reforma contributiva en la Cámara de Representantes, los representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos hicieron un frente común este domingo al presentar un paquete de medidas para viabilizar la reestructuración de la deuda pública y para establecer nuevas fuentes de recaudo que permitan bajar la tasa del impuesto al consumo que aplicaría bajo el nuevo sistema tributario.

Los legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) advirtieron que su intención no es sustituir el proyecto de reforma contributiva con sus propuestas, sino incluirlas en la discusión actual del nuevo modelo impositivo, y complementar los objetivos que persigue la medida de la administración de Alejandro García Padilla.

Una de las piezas, que será sometida oficialmente este lunes en la Cámara, enmendaría la Constitución del Estado Libre Asociado para darle a la Legislatura la potestad de auditar, certificar o renegociar la deuda del Gobierno y de las corporaciones públicas.

La resolución concurrente, además, eliminaría el trato preferente que tiene hoy el pago de la deuda pública frente a otras obligaciones del Gobierno por virtud de la Sección 8 del Artículo VI de la ley máxima, que dispone que el pago de intereses y la amortización de la deuda tendrán prioridad cuando el estado no tenga recursos suficientes para cumplir con sus asignaciones presupuestarias. Para que los cambios se materialicen, la legislación dispone celebrar un referéndum especial el 1 de julio próximo para que los electores se expresen sobre el nuevo lenguaje constitucional.

“La recuperación económica a la que apostamos requiere unas importantes inversiones estratégicas que se tienen que dar desde el servicio público para mejorar las condiciones económicas de todos en el sector privado de nuestro País. Sin embargo, el mayor impedimento para lograr que se realicen estas inversiones estratégicas ha sido el peso que nos representa el creciente pago de la deuda pública en el presupuesto gubernamental”, subrayó Torres durante una conferencia de prensa en su oficina legislativa, en la que estuvo acompañado por sus dos correligionarios.

Vega Ramos dijo que el servicio de la deuda ascendió este año a $4,500 millones, y destacó que ese es el único renglón, dentro de los gastos del Gobierno, que ha aumentado de manera consistente anualmente.

“La enmienda constitucional ubica adecuadamente el pago de la deuda frente a las prioridades de inversión pública que son necesarias para fomentar el desarrollo y crecimiento económico pleno de Puerto Rico. Atemperando a la realidad la responsabilidad constitucional que le obligaría a priorizar la deuda pública sobre las necesidades del País y el desarrollo económico de quienes lo sudan, el gobernador queda libre para poner en marcha un plan programático de inversión social”, enfatizó Vega Ramos, quien como presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico estaría a cargo de evaluar la medida.

Los tres legisladores del PPD aseguraron que el presidente cameral, Jaime Perelló, y el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, el representante Rafael Hernández Montañez, conocen sobre estas iniciativas, pero no quisieron anticipar el desenlace.

“El asunto de estar de acuerdo o no, eso se decide en el camino procesal del proceso legislativo”, subrayó Torres.

“Esto no cancela el proceso que se está llevando a cabo en este momento de evaluación de una reforma contributiva. Esto añade a ayudar a resolver el problema de la reforma contributiva porque no solamente son medidas para manejar la deuda, sino para allegar fondos que se están buscando para poder responder a esa reforma contributiva”, agregó el representante por San Juan.

Además de la pieza sobre la enmienda constitucional, los representantes presentaron medidas que, según alegan, tienen la capacidad de generar cerca de la mitad de los ingresos adicionales que el Ejecutivo estimó recaudar con la reforma contributiva y el Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16%. Cuando se presentó la legislación, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, calculó que generaría alrededor de $1,200 millones netos adicionales.

Una de las propuestas establecería una contribución especial a las megatiendas con ventas brutas anuales de más de $600 millones. Vega Ramos comparó esta medida con una sobretasa similar a la de la Patente Nacional, que quedaría eliminada con la aprobación del proyecto de reforma contributiva.

Otra de las alternativas, recogida en una legislación separada, propone aumentar de 2% a 6% la contribución por las ventas que las megatiendas hacen entre sus matrices y subsidiarias (“transfer pricing”) de la mercancía que revenden a los consumidores en la Isla.

Natal ya había presentado dos medidas adicionales para atender al asunto de la deuda pública. El Proyecto de la Cámara 2003, al que se unieron como coautores Vega Ramos y Torres, autorizaría, bajo la misma declaración de emergencia fiscal que reconoce la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014) que se decrete una moratoria sobre el servicio del 78% de la deuda.

En tanto, el Proyecto de la Cámara 2314 dispone que, mientras dure esa moratoria, se crearía una comisión especial e independiente que auditaría toda la deuda del Gobierno.

“El producto de la auditoría nos permitirá identificar cuánta de la deuda puertorriqueña vigente es deuda legítima y cuánta es deuda ilegítima. Descartada la deuda pública ilegítima, pasaremos a negociar con nuestros bonistas, que invirtieron en Puerto Rico de buena fe”, sostuvo Natal.

Torres insistió que las piezas legislativas buscan principalmente evitar que la carga de la reforma contributiva recaiga en los segmentos poblacionales de menos recursos económicos.

“Hemos traído sobre la mesa medidas que no solamente han surgido como iniciativas nuestras, sino que muchos sectores han puesto sobre la mesa. No podemos afectar el desarrollo económico de Puerto Rico con una reforma contributiva porque, no importa el por ciento del impuesto que le pongamos al País, si no tenemos desarrollo económico, si no tenemos negocios que produzcan empleos, si a la gente no le da el dinero que le ponemos en el bolsillo para pagar ese impuesto, no vamos a obtener los ingresos que necesitamos”, puntualizó Torres.