El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, presentó este domingo un paquete de seis medidas legislativas que buscan frenar la discriminación que, en muchas instancias, sufre la población inmigrante en Puerto Rico al intentar hacer valer derechos fundamentales o al reclamar servicios básicos como la educación y asistencia médica.

Una de las medidas enmendaría la “Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito” para impedir que a una persona extranjera se le cuestione su estatus migratorio durante una investigación criminal.

Mientras, otra de las piezas prohibiría que a un paciente se le nieguen los servicios de salud a base de su estatus migratorio cuando se trata de una emergencia o de una mujer embarazada. La medida, explicó Bhatia, extiende a toda la Isla una norma establecida por el Municipio de San Juan y que hoy aplica únicamente a las instalaciones de salud del gobierno municipal.

“Ningún hospital, público o privado, podrá rechazar a dichos pacientes”, advirtió Bhatia durante una rueda de prensa.

El presidente senatorial estuvo acompañado en la actividad por los senadores de San Juan, Ramón Luis Nieves y José Nadal Power, así como del vicepresidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau; la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz, y representantes de la comunidad inmigrante, principalmente de República Dominicana.

El paquete de medidas incluye, además, un proyecto que enmendaría la “Carta de Derechos del Estudiante” para establecer que no se le podrá negar a nadie acceso a la educación pública por motivo de su estatus migratorio.

“Las escuelas públicas no podrán negar o rechazar a un estudiante para que se matricule por motivo de su estatus migratorio o de que no pueda demostrar la legalidad de su presencia en Puerto Rico”, indica la legislación, que también advierte que no se podrá inquirir sobre la situación migratoria de los padres o encargados de los alumnos.

Bhatia anticipó que esa pieza será enmendada para ampliar su alcance y establecer que no se podrá discriminar en las instalaciones donde se suministren vacunas. El líder senatorial explicó que el cambio fue sugerido por la alcaldesa, y se basa en el argumento de que muchas personas con estatus migratorio irregular no llevan a sus hijos e hijas a los centros de vacunación previo al período de matrícula escolar por temor a ser reportados ante las autoridades.

“Queremos asegurar la igualdad de oportunidades para todos los niños”, subrayó Bhatia.

Un proyecto de ley adicional crearía una base de datos de servicios disponibles para la población inmigrante mediante un registro que certificará cuáles son los proveedores bona fide reconocidos por el estado.

Las últimas dos piezas son resoluciones investigativas, y una ordenaría examinar los protocolos que utiliza la Policía en las intervenciones con inmigrantes, y otra analizaría los servicios de salud que se prestan a esa población.

“Este cúmulo de proyectos no debe ser visto como que esto cumple todas las agendas que tenemos. Hay mucho más que hacer”, reconoció Bhatia.

Al ser cuestionado sobre la intención de las medidas, Bhatia rechazó que esté “coqueteando” con el voto de los emigrantes, en particular de los dominicanos, ante la proximidad del nuevo ciclo electoral.

“Yo no le llamaría estar coqueteando con el voto del dominicano, uno coquetea con todos, los dominicanos, los colombianos, los cubanos y los puertorriqueños. Yo creo que eso es bueno, con todo el mundo. Lo que sí creo es que son medidas de justicia social y son medidas que cada cual toma su determinación, aquellos dominicanos o no dominicanos inmigrantes que votan en Puerto Rico que tomen su determinación en el momento que sea”, sostuvo.

“No son medidas que las encuentro particularmente electoreras en el término de simplemente buscar un voto al final de una campaña, son medidas que eran importantes para Puerto Rico. Al final del día, que cada cual vote como quiera, siempre he respetado el voto y la opinión de cada cual”, añadió.

Bhatia destacó que el bloque de medidas sometidas no incluye ninguna relacionada con el reconocimiento del derecho al voto a ese segmento poblacional, pues esa es una iniciativa del gobernador Alejandro García Padilla, y todavía aguardan por que someta el proyecto de administración a esos fines.

Al concluir la actividad, Luis Soriano, un dominicano que reside en Puerto Rico desde 1968, expresó que, aunque tiene reparos con la propuesta de reforma contributiva por el impacto que podría tener el Impuesto al Valor Añadido (IVA) entre los emigrantes, la política de esta administración hacia esos grupos ha sido de mayor apertura e inclusión.

“Es la primera vez que a la comunidad dominicana se le toma en cuenta… Felicito que ahora hay ese ambiente hacia el inmigrante… Nosotros, como comunidad, estamos en Puerto Rico, no para recibir beneficios, nosotros somos parte de esta comunidad”, enfatizó Soriano.