El impacto que pueda tener la emergencia causada por el coronavirus para que los puertorriqueños tengan un verdadero acceso a la justicia es uno de los puntos de preocupación que levantó la presidenta del Colegio de Abogados, Daisy Calcaño López, ante los cambios que se han generado en la Rama Judicial durante el pasado año a consecuencia de la pandemia.

Según destacó, por años se ha señalado la problemática que existe para que los acusados u cualquier otra persona involucrada en un caso judicial sea debidamente representada por un profesional de la abogacía. Esto, a pesar de que en la Isla hay 43 abogados por cada 10,000 habitantes.

“A pesar de tener una proporción alta de abogados en Puerto Rico, la brecha del acceso a la justicia no se ha cerrado no empecé a todos los esfuerzos del Poder Judicial. El National Center for Access to Justice (NCAJ) de la Escuela de Derecho de Fordham, en su Índice de Justicia para el año 2016, refleja que Puerto Rico tiene más abogados disponible que el promedio de los Estados Unidos (43.2 abogados por cada 10,000 habitantes, cuando la norma nacional es de 40.31), y a pesar de ello se ha reportado que 75% por ciento de los litigantes carecen de representación legal adecuada, según reportado en el Artículo “Acceso a la Justicia en Puerto Rico” de la Profesora Deborah Rhode y el estudiante Pablo J. Hernández Rivera”, señaló.

Destacó, además, que las investigaciones apuntan a que “tres de cada cuatro ciudadanos carecen de representación legal en casos de inmigración, derechos de confinados, derecho de los adultos mayores, desahucios y ejecuciones y educación especial, entre otros”.

Calcaño López pidió urgencia de la Rama Judicial para atender esta brecha de acceso a la justicia, sobre todo, en momentos en que las múltiples emergencias a las que han estado sumidos los boricuas han provocarán mayor número de casos judiciales.

“A consecuencia de la pandemia, los desastres naturales y el desastre fiscal de la Isla, veremos cómo se recrudece la tendencia de alza de los casos de cobro de dinero, desahucio, abusos al consumidor y abusos a los más desvalidos, incluyendo aquellos con diversidad funcional y los envejecidos, nuestra población más vulnerable. Hay que atender también el costo de defender los derechos de los ciudadanos ya que la Justicia se ve como el privilegio de aquellos que tienen dinero y, por ende, pueden pagar por el acceso a la justicia”, afirmó.

También aprovechó para exponer que los casos de oficio que se le impongan a los abogados deben compensarse “adecuadamente”, ya que los abogados también sufren las consecuencias económicas surgidas en estas emergencias.

“Es difícil hablar de acceso a la justicia cuando uno de sus actores principales, los abogados y abogadas, están en una lucha constante por su supervivencia económica”, manifestó la líder de los letrados.

A juicio de la licenciada, también es urgente atemperar la educación en las escuelas de Derecho a las nuevas realidades que ha impuesto la pandemia, sobre todo “para que puedan sobrevivir en este nuevo mundo tecnológico”.

“La pandemia ha cambiado la práctica legal de manera radical y permanente. Muchos no sabíamos lo que eran teleconferencias y usábamos la tecnología lo menos posible. El Poder Judicial aceleró la adopción de la tecnología que ha llegado para quedarse, pero nuestra relación con los clientes y prospectos clientes también cambió irremediablemente. Aprendimos que no tenemos que ir a la oficina todos los días, y muchos aprendieron que ni siquiera necesitaban una oficina. Cabe preguntarnos cuantos de los practicantes del derecho cerrarán sus oficinas para convertirlas en prácticas virtuales. Vemos que más abogados está practicando desde su casa, lo que se espera continuará en incremento en los próximos meses y años”, expresó.

Añadió que “la práctica legal moderna requiere abogados con una visión centrada en las necesidades de los clientes, quienes quieren soluciones rápidas y efectivas a sus problemas legales y no legales. Este es el momento para cambiar la visión de lo que debe ser un abogado, y reconocer que se necesitan destrezas más allá del mero conocimiento legal, incluyendo conocimientos en gerencia de proyectos, procesos comerciales, pensamiento de diseño (”design thinking”), inteligencia emocional, seguridad informática, análisis de datos, descubrimiento electrónico, herramientas de negocios y tecnología y mucho más”.

Por otro lado, dos expresidentes del Colegio de Abogados, Edgardo Román y Osvaldo Toledo, tronaron contra el efecto que tiene el uso de la tecnología en el derecho de confrontar testigos. Sin embargo, reconocieron las bondades que la llegada de las videoconferencias en el proceso judicial. De hecho, señalaron que el reto principal para los abogados está relacionado a las vistas evidenciarias, donde la presentación de pruebas y testigos es requerida.

Román comentó que “el uso mascarilla (en los que testifican) y las vistas virtuales pudiera afectar la apreciación sobre mendacidad u honestidad de un testimonio. El hecho que los testigos no estén presentes ante el juez y los abogados de parte también dificulta ese trabajo”.

Toledo coincidió en que se ha perdido ese “derecho a la confrontación” que la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos concede.

“No es lo mismo ver en una pantalla la mitad del cuerpo y no ver cómo le tiembla la pierna diciendo una mentira”, ejemplificó.

Los tres abogados coincidieron en que esta era tecnológica en los tribunales llegó para quedarse.

Román destacó que las videoconferencias han resultado ser muy beneficiosas en las vistas del estado de los procedimientos, mediaciones y en etapas en las que solo se tienen que discutir el manejo de los casos.

“Muchas de las vistas procesales se deben continuar haciendo, aun después de la pandemia, a distancia. Pero, creo que las vistas que requieran desfile de prueba, apreciación de los testigos, debería haber un mecanismo que signifique protección salubrista pero que el tribunal pueda apreciar la reacción de los testigos”, puntualizó.