Los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, radicaron sendas querellas contra la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por controlar la información pública en medio de la pandemia del coronavirus.

Según el también exjuez Merle Feliciano, la gobernadora está haciendo uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa y plantea el uso de las emisoras de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR), para controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia provocada por el COVID-19.

El comisionado popular planteó, en declaraciones escritas, que los programas con información controlada y sin periodistas buscan realzar la imagen de Vázquez Garced como aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

​“El programa especial que llevó a cabo la gobernadora fue un montaje pagado con fondos públicos en el cual se excluyó a representantes de la prensa y permitió a la gobernadora diseminar el mensaje de su administración sin que se le cuestionara a fondo lo discutido. La gobernadora se aprovechó del poder que le faculta la Ley y su puesto para utilizar fondos y propiedad pública en beneficio personal y de su aspiración en el PNP”, acusó Merle. “Radicamos la querella porque es responsabilidad de esta Junta detener este tipo de acción”.

​Según Merle, tanto la prensa como el público en general tienen un derecho constitucional al acceso a la información en poder del estado.

“Limitar la presencia de la prensa es contraproducente y atenta con la democracia del país. No se objeta que en medio de una emergencia oficialmente declarada tanto por el gobierno de Puerto Rico como el de los Estados Unidos, la gobernadora utilice todos los medios de comunicación disponibles, incluyendo las emisoras de televisión y radio del estado, para dar información relevante, orientar a la ciudadanía y contestar preguntas pertinentes a la emergencia. Lo que se objeta, como carente de legalidad en nuestro ordenamiento, es que la gobernadora use las emisoras públicas de radio y televisión para difundir un mensaje controlado, acomodaticio, que la beneficia y sin la posibilidad de cuestionamientos o de exigencias de aclaraciones. Todo esto en medio de serios cuestionamientos de corrupción en el manejo de los asuntos relacionados al COVID-19, levantados, precisamente, por la prensa del país y en clara violación de lo estipulado en el Código Electoral de Puerto Rico”, precisó.

​La querella establece que la gobernadora violó las disposiciones del Artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI.

Por su parte, el independentista Aponte estableció que “el PIP entiende que nos encontramos en un momento de crisis y es necesaria la orientación y el flujo abierto de la información del gobierno hacia el país sobre los retos de la pandemia que enfrenta Puerto Rico, al igual que el resto del mundo. No obstante, la gobernadora decidió transformar sus comparecencias informativas ante la prensa del país en un mensaje de política pública como funcionaria. Y eso, subrayo, sin la presencia de periodistas. Para poder llevar a cabo ese mensaje la gobernadora estaba obligada a solicitar autorización de la Junta Examinadora de Anuncios, como impone la ley”.

Enfatizó, en un comunicado de prensa, que la ley es clara en cuanto a la autoridad y función de la Junta Examinadora para pasar juicio sobre este mensaje y cualquier mensaje futuro que la gobernadora o su equipo de asesores médicos realicen utilizando fondos públicos en el contexto de esta pandemia.

“Si ha habido un partido que ha insistido en que el momento exige mayor transparencia y apertura en proveer información por parte del gobierno, ese es el PIP. Pero esa apertura debe darse dentro del marco de la ley, evitando que la exclusión de medios noticiosos y periodísticos generen la impresión de que se trata de un mensaje para exaltar la imagen y obra de la gobernadora de Puerto Rico, en lugar del fin público necesario de informarle al país en este momento de crisis con el Covid 19. No se pueden mal utilizar los fondos públicos del país convirtiendo al canal televisivo del gobierno en un templete político”, concluyó.