Desde hace varios años ha resonado el tema de los estorbos públicos como una opción para resolver los problemas de vivienda asequible que hay en la Isla, los cuales se acrecentaron tras el paso del huracán María y los terremotos del suroeste.

Siete años han pasado desde el devastador ciclón y cuatro desde los sismos, pero todavía ni el gobierno de Puerto Rico ni los municipios tienen idea de la magnitud del problema de casas abandonadas que afecta a las comunidades. Tampoco han logrado una solución para lidiar con estas propiedades.

En la actualidad, se cifran las esperanzas en una nueva ley firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el 29 de julio pasado y de la autoría del representante popular Roberto Rivera Ruiz de Porras. Sin embargo, los municipios tendrán que arrancar desde cero, aprobando una nueva ordenanza municipal para poner en marcha la nueva regulación que, en esencia, busca agilizar el proceso, eliminar burocracia y hacer menos costoso la adquisición de estos estorbos para los ayuntamientos.

Múltiples entrevistas y llamadas a agencias gubernamentales apuntaron a que el desconocimiento sobre la magnitud del problema se debe a que es un asunto municipal, el cual cada alcalde atiende de acuerdo a sus recursos y sus posibilidades.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, precisó que el “asunto de estorbos públicos nos compete a los 78 municipios, a los 78 alcaldes. Hay compañeros que trabajan este asunto de manera seria. Me refiero a que dándole prioridad dentro de su agenda. Nosotros tenemos un problema en todos los pueblos y es la falta de vivienda, y vemos un abanico de posibilidades con estos estados públicos, los que terminan en subastas públicas para que personas los adquieran y se convierte en una oportunidad real de vivienda para estas personas. En mi caso, el mayor problema es que el pueblo se vea limpio, se vea organizado, y a la misma vez evitar enfermedades a consecuencia de sabandijas que se apoderan de estas estructuras… queremos darle limpieza a los mismos”.

Los estorbos

Según la nueva Ley 114, se enmienda el Código Municipal y la Ley General de Expropiaciones Forzosas, incluyendo “los inmuebles que son clasificables como potenciales estorbos públicos, que alguna vez fueron hogares o centros de trabajo, que se han convertido en lugares clandestinos, refugio de delincuentes o de incidencia criminal. De igual forma, constituyen focos de enfermedad y alimañas, propagación de plagas, insectos, malos olores e incrementan la posibilidad de accidentes fatales. Además de lo antes señalado, los vecinos aledaños a dichas estructuras abandonadas convertidas en estorbos públicos se enfrentan a la desvalorización de sus propiedades”.

Esta estructura no tiene que ser sólo una edificación. También incluye a solares “yermos o baldíos”.

El viejo Código Municipal y la nueva versión estipula que se supone que los municipios tengan un inventario de estos estorbos públicos a disposición del público, tanto en una página cibernética como impreso y que su actualización debe estar disponible cada tres meses.

Sólo se encontró que el municipio de San Juan tiene disponible información precisa de estos estorbos en su página cibernética. Allí hay un mapa, en que se puede ver la ubicación y la fachada de la propiedad.

Búsquedas realizadas en otros municipios, como por ejemplo Bayamón, sólo se encontraron avisos públicos con la dirección de algunas propiedades declaradas como estorbos. Mientras, Carolina informa que tiene una Oficina de Eliminación de Estorbos Públicos, pero no se encontró ningún listado cibernético de los mismos.

Para conocer un inventario de estas estructuras en abandono, se llamó a la Junta de Planificación, al Departamento de Justicia -que está a cargo del Registro de la Propiedad-, a la Oficina de Gerencia de Permisos y a las organizaciones de alcaldes. Nadie pudo proveer una cifra.

Solo el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, pudo informar un número preliminar de estructuras identificadas como estorbos públicos en los municipios. Fue de “37,225 propiedades vacantes a través de todo Puerto Rico”.

La cifra sale de un inventario que realiza la agencia, tras contratar al Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), con $11.2 millones en fondos federales.

“Todos sabemos la problemática particular (de falta de vivienda) que ha surgido a través de los años y, particularmente, luego del huracán María, que se han identificado estas propiedades abandonadas a través de todo Puerto Rico y el Departamento de la Vivienda creó un programa para colaborar y darle herramienta a los municipios en la toma decisional de cómo se van a trabajar estas propiedades”, precisó el funcionario.

Rodríguez indicó que este inventario inició “recientemente”, está completado en un 60% y se espera que culmine en marzo de 2025 con la identificación de sólo 50,000 propiedades, la misma cantidad por cada pueblo. Pero, más allá de establecer cuáles son, el inventario contaría con los análisis de títulos, fotografías, gravámenes y controversias legales de las propiedades, el cual se colocaría en una página a la que los municipios tendrían acceso.

Adelantó que intentan sacar una segunda fase de este proyecto para identificar otras 50,000 propiedades próximamente.

La meta, dijo Rodríguez, es que los municipios “puedan comenzar el proceso que estimen conveniente para adquirir ese estorbo o que el dueño de la propiedad pueda poner en condiciones óptimas la estructura”.

Dejó claro que las agencias federales no le permiten a Vivienda usar los fondos asignados para hacer expropiaciones o adquirir estos estorbos para reconstruir en hogares. Dijo que sí pueden aceptar aquellos estorbos que ya el municipio haya adquirido y le sean cedidos para rehabilitarlos con el dinero disponible.

Lo que dice el Censo

Para conocer la problemática en términos generales, se utilizan como base números provistos por el Censo del 2020. Por ejemplo, se habla de que en Puerto Rico hay 344,694 estructuras vacantes, que incluyen segundas casas, estructuras vacacionales o aquellas en donde las personas que llenaban el Censo nunca consiguieron a nadie, detalló el director de CRH, Luis Gallardo.

También se habla en el Censo de unas 300,000 en “ruinas o no habitables”. Pero, Gallardo comentó que no se puede precisar que todas estas sean estorbos públicos.

“Eso nos toca a nosotros (identificarlas). Por eso, quizás, es medio difícil encontrar este número, porque no existe. Podemos usar como indicador ese número del Censo para darnos más o menos una idea”, señaló.

La cifra precisa de estorbos que, defendió, fue la que han logrado acumular en el inventario que les encomendó Vivienda. Sin embargo, tanto el secretario como Gallardo comentaron que no se puede contar con este cúmulo de propiedades.

Dijeron que, al menos, en el 50% de los casos, cuando los municipios inician el proceso para declarar una propiedad como estorbo público, el dueño aparece y pone su propiedad en condiciones. Esto provoca que el municipio tenga que cerrar el caso.

Gallardo, de hecho, informó que en los 22 municipios con los que tienen convenios iniciados en los pasados siete años el proceso para declarar como estorbos públicos a unas 4,895 viviendas, pero unas 2,657 fueron arregladas por los dueños.

“A veces las alquilan o venden. Eso para nosotros es el logro más grande”, precisó.

Las otras propiedades disponibles, comentaron, en su gran mayoría tienen problemas de herencia y titularidad, y que hasta se vendieron en el mercado informal sin hacer traspasos.

“Hemos encontrado propiedades que tienen 70 dueños y es una situación jurídica no sostenible. O sea, si tenemos una propiedad, y uso el ejemplo mío, en la casa donde vivo yo, era de mi abuelo. Él la construyó, mi abuelo falleció en el 2014 y todavía no han podido clarificar el asunto del título y eso que yo soy abogado. Han pasado diez años, pero lo que sucede es que somos tantos herederos, pasan dos o tres años, muere otro, así que ahí tenemos que empezar el proceso de cero. Así que el sistema de Puerto Rico es bien complicado y perpetúa el abandono. Esa es una de las cosas que nosotros abogamos que hay que cambiar”, señaló Gallardo.

El segundo gran problema identificado, según el experto, son inmuebles en que sus propietarios se marcharon de Puerto Rico y no les dan mantenimiento.

Estos dos aspectos hacen que el problema sea “bien complicado. Muchos municipios se pierden en el camino, no tienen personal, no tienen conocimiento, no es un tema que muchos abogados dominan. Y ahí es donde entramos nosotros con el fin de asesorar a estos municipios y grupos colaboradores”, comentó Gallardo.

Sin dinero

Mientras legalmente es un proceso complicado, los municipios tienen que lidiar con un panorama más complejo al no contar con dinero para adquirir estas propiedades. Es que por ley se le debe dar al dueño o dueños una “justa compensación”, la cual responde al valor de tasación de la propiedad.

El presidente de la Federación de Alcaldes, y quien lidera a Camuy, comentó, por ejemplo, que en su municipio el inventario del CRH identificó 150 propiedades, pero sólo iniciarían el proceso de declarar estorbo público de unas 31.

Aceptó que uno de los problemas principales es que “nosotros no contamos con fondos públicos para adquirir propiedades”.

Pero, para iniciar, destinó fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA), que llegaron sólo para la época de la pandemia.

Mientras, el alcalde popular de Comerío, José “Josian” Santiago, apuntó a que, además de costoso, es un “proceso complejo y muy burocrático. Muchos pasos y hace que tomen mucho tiempo”.

Dijo que lleva dos años enfocado en este tema y su único logro ha sido que de las 100 propiedades que identificó, en 48 sus dueños tomaron acción para rehabilitarlas.

El comerieño estableció que se necesita “un esfuerzo concertado a nivel nacional” para atender esta problemática y recuperar las propiedades.

“Son tantos temas, que gobierno se sigue lavando manos y no facilita el proceso a los municipios para que seamos efectivos en eso”, puntualizó Santiago.