El expresidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, Tomás Ramírez, exhortó a las agencias ambientales del país a que emitan una orden de cese y desista inmediata contra The Beach House -el restaurante y unidad de alojamiento en Rincón señalado por presuntamente construir un pozo séptico ilegal en terrenos de la Autoridad de Energía Eléctrica- dado a que sus operaciones podrían poner en riesgo el medio ambiente y la salud pública del municipio.

En entrevista telefónica, Ramírez indicó que, pese a que existe la posibilidad de construir un desagüe legítimamente, no obstante, se requiere una serie de permisos ambientales y licencias especiales.

Asimismo, el también codueño del parador Combate Beach Resort indica que este tipo de sistema séptico se solicita en momentos en que una propiedad no cuenta con acceso a las líneas sanitarias de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Sostuvo que, en teoría, el dueño Kevin Killarney, un bombero retirado del estado de Nueva York, debería tener los permisos para llevar a cabo ese desarrollo y “eso tiene que renovarse cada dos o tres años, para que la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sepan la cantidad suficiente (de aguas sanitarias que genera) y para lo que se está utilizando, porque como eso es un negocio comercial, pues los requisitos son hasta más estrictos y, aparentemente, este no los está cumpliendo”.

Por consiguiente, este indicó que el negocio, como mínimo, no debe continuar sus operaciones dado que “si sigue operando, va a seguir botando aguas sanitarias”.

“El municipio no puede removerle las patentes, a menos que otras agencias reglamentarias tomen acción al respecto, pero, por lo menos, Recursos Naturales y la Junta de Planificación tienen que poner un detente inmediato”, expresó al detallar que el recurso debe “venir con un documento de la Junta de Calidad Ambiental, o de Recursos Naturales, donde te la llevan sellada con oficiales del Cuerpo de Vigilantes y se firma como entregada”.

“Esto es un problema, porque Rincón es un área turística, donde el mayor atractivo son las playas de ‘surfing’, y aquí tienes a una persona que se está beneficiando de todo ese volumen turístico, atentando contra el primer activo del municipio”, expresó el empresario, aludiendo a las denuncias que realizaron ayer, martes, líderes ambientales de Amigos y Amigas de Tres Palmas, tras el hallazgo de aguas usadas en las playas del pueblo y otros espacios públicos, como la cancha de baloncesto de playa María.

En una conferencia de prensa, el planificador Ramón Díaz Zambrano, reveló que unas muestras de laboratorio que realizó un miembro de la Fundación Surf Riders del municipios arrojó positivo a “materias fecales en cantidades elevadas”. Incluso, le informó a Primera Hora que, desde el mes de septiembre, surfistas y bañistas estaban reportando padecer de afecciones en la garganta y los oídos tras bañarse en las aguas de algunas de las playas del pueblo donde se reportó la presencia de materia sanitaria y pestilencias.

Ahora bien, Díaz Zambrano indicó que el alcalde de Rincón, Carlos López, cuenta con “pocas armas” en su arsenal para atajar la situación, a menos que las entidades ambientales tomen acción.

Por su parte, la directora regional del oeste de la AAA, Wanda Matías, confirmó a Primera Hora que el negocio no cuenta con acceso al sistema sanitario de la corporación pública, por lo que el mismo requiere una trinchera séptica para desechar el agua. Además, dijo que los desbordes que han denunciado residentes del municipio no vienen de dicha línea sanitaria.

“Los pozos sépticos son proyectos privados, y quienes tienen jurisdicción en ellos son el Departamento de Salud, la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales”, indicó.

Más fiscalización

Por otro lado, Ramírez urgió a entidades como la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a ser más estrictos con las unidades de alojamiento que residen en el país y en realizar reglamentos más uniformes para fomentar operaciones más eficientes que no pongan en peligro ni el ambiente, ni la salud pública del país.

Pese a que The Beach House se encuentra registrada bajo el CTPR como un “comedor con alojamiento”, con la licencia PRTC-15-1714, Ramírez asegura que existen sobre 25,000 unidades de alojamiento en la Isla. No obstante, solo un 18% se encuentra registrado a la entidad gubernamental. Entre las unidades no registradas, están las propiedades con arrendamiento a corto plazo, que se pueden conseguir a través de aplicaciones como Airbnb y Vrbo; o páginas web, lo que provoca más dificultad al momento de fiscalizar.

“Vamos a tomar el asunto de Salinas, en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, que había entre 12 a 14 vehículos rodantes, los tenían en bloques, operando ilegalmente con líneas sanitarias conectadas y con energía eléctrica. Pero esto no es exclusivo de Salinas, porque en Cabo Rojo hay ya de 300 a 400 vehículos rodantes que están ofreciendo servicios de arrendamiento a corto plazo. Y esto es para evitar todos los asuntos de permisología, cogen y compran lo que llamamos por ahí los ‘RV’s’, operan, no pagan nada, y están registrados como alojamientos a corto plazo” expresó.

“Otros municipios, como Isabela, Dorado y ahora San Juan, con la ordenanza municipal número 26, cuando empiezan a mirar, se dan cuenta que son comercios grandísimos, pero no pagan ni patentes, ni registro, no tienen SURI (siglas para el Sistema Unificado de Rentas Internas), entre otras cosas”, agregó.

Además, puntualizó que la falta de fiscalización en las unidades de alojamientos que no se han registrado en la Compañía de Turismo puede provocar violaciones ambientales, como las unidades móviles que operaban ilegalmente en terrenos improvisados en el Camino del Indio, en Salinas; problemas de seguridad pública, al instalarse las unidades de alojamiento en espacios ubicados en condominios y urbanizaciones con control de acceso, lo que propiciaría actividades delictivas ante la falta de supervisión.

“Nadie quiere restringirlo. Puerto Rico necesita habitaciones adicionales para todo el turismo que estamos haciendo. Lo que sería ideal es que todos esos negocios estén registrados, cumplan con los parámetros y sean registrados”, indicó.

Primera Hora preguntó a la oficina del prensa del Departamento de Salud si la División de Salud Ambiental le concedió a Killarney los permisos para construir un pozo séptico para su negocio, no obstante, la agencia respondió, en declaraciones escritas, que “conforme a la nueva Ley de Permisología del Gobierno de Puerto Rico, los permisos de construcción de cualquier estructura y los permisos de uso los expide OGPe (siglas para la Oficina de Gerencia de Permisos)”.

Además, la entidad salubrista aseguró a este medio que “visitó el establecimiento durante la mañana de hoy”, no obstante, “el negocio actualmente está cerrado”.

Este medio llamó nuevamente a The Beach House en Rincón para una reacción, pero no se recibió respuesta.