El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) hizo un llamado mediante comunicado de prensa a los juristasdel país a que digan presente en Peñuelas defensa de los ciudadanos que están ejerciendo su derecho constitucional a la salud y a la vida.

“Repudiamos los arrestos ilegales de manifestantes, todo con el propósito de servir de escolta a unos camiones en beneficio de una compañía privada”, manifestó en declaraciones escritas Jessica Méndez Colberg, Delegada por Ponce a la Junta de Gobierno del CAAPR.

Desde la madrugada del martes 11 de julio la compañía AES ha estado depositando el material conocido como Agremax en el vertedero EC Waste de Peñuelas, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico que ha escoltado decenas de camiones con toneladas de dicho material tóxico.

“En momentos en que el país sufre de una profunda crisis económica y una  alta incidencia criminal, el gobierno incurre en un gasto millonario para realizar un “operativo” que incluye el uso, en más de una ocasión, del helicóptero de la Uniformada y más de 300 agentes de Operaciones Tácticas, Arrestos Especiales, Unidad Motorizada y la Unidad Canina”, denunció Méndez Colberg.

De acuerdo a Méndez Colberg, la Ley 40 de 2017, aunque fue titulada “Ley para prohibir el depósito en terrenos y uso de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico”, tiene que ser objeto de repudio por parte de la ciudadanía ante el engaño que resultó ser y que no solo afecta tanto a Peñuelas, como a otros municipios como Ponce, Humacao y otros que tengan vertederos, además de Guayama donde se almacenan estas cenizas en las instalaciones de AES.