SAN JUAN — Juan Camacho pensaba visitar España, tomar un curso universitario de literatura y dormir más cuando se jubilase después de trabajar casi cuatro décadas como profesor.

Pero ha tenido que alterar sus planes y a los 70 años está trabajando como asistente de un maestro de segundo grado para complementar su pensión, en medio de advertencias del gobierno de que el sistema de pensiones públicas podría quedarse sin fondos el año que viene a raíz de la crisis económica que vive la isla.

"La persona está toda una vida dedicada al servicio público... y al final del camino, no tenemos seguridad de que los últimos años de nuestras vidas podamos vivirlos dignamente", se lamentó Camacho.

La crisis económica de Puerto Rico ha dejado el sistema de pensiones del estado con un déficit de más de 40,000 millones de dólares y ha hecho que muchos ancianos que dependen de él se reincorporen a la fuerza laboral. La situación amenaza con sumir en la pobreza a la creciente población de la tercera edad, que ya sufre para pagar impuestos, gastos médicos y servicios públicos cada vez más caros.

El gobierno es el principal empleador de Puerto Rico y sus tres principales planes de pensión le suplen a más de 150,000 exempleados públicos. La deuda combinada de los tres planes aumentó 10,000 millones de dólares entre el 2009 y el 2013, lo que hizo que el gobernador subiese la edad para jubilarse, redujese los beneficios y aumentase las contribuciones de empleados y patronos.

Pero a raíz de los problemas económicos, el gobierno no ha pagado la mayor parte de las contribuciones adicionales, ante el enojo de los jubilados, que ya sentían que su dinero estaba sido mal administrado cuando fue invertido en riesgosos bonos. Auditores independientes dijeron que el sistema de pensiones estuvo mal manejado por mucho tiempo y que gobiernos previos aumentaron los beneficios de los trabajadores sin aportar dinero adicional al sistema. La situación empeoró al jubilarse más gente, con mejores pensiones y que viven más tiempo.

"Ahora hay personas que tienen 80 años y todavía están trabajando porque no se pueden dar el lujo de quedarse en casa", expresó Roberto Aquino García, presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico. "Esta crisis ha sido un desastre desde el punto de vista emocional".

La pensión pública promedio de Puerto Rico es de unos 1,100 dólares mensuales, pero más de 38,000 jubilados reciben solo 500 dólares por el tipo de trabajo que tenían y la cantidad de años que trabajaron, indicó Aquino. A muchos les cuesta ahora encontrar trabajo a su edad en esta isla de 3,4 millones de habitantes con un desempleo del 12%. El 18% de la población de la isla tiene 65 años o más y casi 450,000 son jubilados que reciben el Seguro Social.

Edwin Rosario, un guardia de 68 años, dice que no piensa jubilarse porque su madre es una de las personas que cobran 500 dólares al mes. Es nonagenaria, padece el mal de Alzheimer y es cuidada en parte por su hermana, que cobra la misma suma.

"Hay que irse preparando porque uno no sabe lo que viene", comentó Rosario sin poder contener las lágrimas. "Si le tocan un dólar de su pensión sería demasiado. Lo que recibe es bien poco".

Los maestros y la policía son los que corren más riesgos porque no cobran el Seguro Social y dependen exclusivamente de las pensiones de los empleados públicos.

El nuevo gobernador electo Ricardo Rosselló prometió proteger a los empleados públicos y sancionó una ley que busca llevar inversiones privadas al sistema de pensiones de empleados del estado. Pero muchos jubilados temen que eso no suceda con suficiente rapidez.

Mientras tanto, una junta de control federal creada por el Congreso el año pasado para supervisar las finanzas de Puerto Rico exige nuevas medidas de austeridad. Planteó que se rebajen en un 10% las pensiones para generar un ahorro de 200 millones de dólares, pero eso haría que se cobre menos de 1,000 dólares al mes, según Natalia Palmer Cancel, directora de la Administración de los Sistemas de Retiro de Puerto Rico.

"Definitivamente es preocupante", expresó. "Claramente estarían debajo del nivel de pobreza".

La junta propuso asimismo que se congelen los salarios y que no se llenen las plazas que quedan vacantes. Las autoridades dicen que esas medidas aumentarían la cantidad de empleados públicos pensionados y reduciría la nómina, disminuyendo las contribuciones a un sistema ya de por sí tambaleante.

El estado de cosas alarma a pensionados como el ex capitán de la policía Rolando Padilla, quien se unió a esa fuerza a los 19 años y se jubiló en el 2013, a los 54.

Consideró la posibilidad de conseguir otro trabajo, como muchos ex compañeros que hacen de guardias o un amigo que maneja un autobús escolar.

La pensión "apenas alcanza para sobrevivir", señaló, para agregar que no le gusta la idea de buscar otro trabajo. "Realmente uno se retira para descansar y disfrutar de la familia. No te pensionas con la idea de que vas a seguir trabajando".

Los pensionados dicen que les preocupa su salud al volver a trabajar. Algunos formaron una organización sin fines de lucro y contrataron una firma de abogados que representó a los pensionados de Detroit en la esperanza de presionar a la junta de control para que reconsidere los recortes a las pensiones.

"Vamos a tener una crisis humanitaria", afirmó José Marín, portavoz del Movimiento Pro Pensionado. "Hoy en día, los pensionados tienen que decidir entre comprar comida y comprar medicamento".

Camacho dijo que se siente agradecido de que todavía no llegó a ese punto, pero no va tanto al cine y viste jeans y camisetas para ahorrar en la lavandería. Además desistió de tomar la clase de literatura con que soñaba.

"No hay préstamos para esa clase de sueño", expresó. "La cosa se va a poner más difícil. En Puerto Rico hay gente que va a sufrir".