La Alianza Turística por Puerto Rico, una entidad que agrupa a una amplia variedad de negocios y operaciones, públicas y privadas, vinculadas a la actividad turística, denunciaron este martes la inacción del gobierno respecto a una serie de acuerdos que se habían pactado con la gobernadora Wanda Vázquez Garced con relación a la creación de una alianza público privada (APP) para la operación de los muelles de San Juan.

Dichos acuerdos buscaban proteger a la industria del turismo local de prácticas que pudieran provocar su colapso, y que habían sido denunciadas por Alianza.

Según la acusación, tras una reunión con la gobernadora Vázquez Garced en diciembre pasado, se había acordado posponer la firma del contrato de la APP, con el que la compañía la compañía Global Ports Holding pasaría a controlar la operación de los muelles.

Además, se acordó crear un grupo de trabajo para atender las preocupaciones de la industria con relación a la creación de un monopolio en la operación de los muelles, la transparencia en torno al acuerdo de la APP, y los empleos que podrían perderse como resultado de la transacción.

“Tras la creación del grupo se sostuvieron reuniones que a la fecha se han limitado a tratar de lograr un NDA (acuerdo de no divulgación, por sus siglas en inglés) razonable que asegura la confidencialidad necesaria a ciertos elementos de los procesos pero que salvaguarde el acceso a la información mínima necesaria para el beneficio de los más de 30,000 empleados potencialmente afectados”, indicó Pamela Calderón, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (Acovi).

Por su parte, Daphne Barbeito, una de las portavoces de la Alianza, denunció que “el lenguaje inicial era extremadamente amplio y vago”, y la segunda versión del NDA “seguía sin ofrecer alternativas para que las uniones que componen la Alianza pudieran firmarlo”. Recordó que los miembros de Alianza acordaron que “lo firmábamos todos o no lo firmaba nadie”.

Detalló, además, que al no lograr enmiendas y en busca de agilizar los trabajos, la Alianza entregó un documento con 17 preguntas que “contienen la información que deseamos saber de si se contemplan o no en le contrato que se sigue negociando con Global Port Holding”. Entregaron las preguntas el 7 de febrero “y hasta el momento no han contestado”.

“Nos preocupa que hasta el día de hoy no hay garantía de protección a los empleados unionados ni transportistas que operan en dichos muelles”, insistió José Poupal, líder del gremio PROTGE, que emplazó al comité de trabajo nombrado por la gobernadora a que atienda las preguntas de la Alianza, y se puedan así disipar las dudas sobre garantías de empleo, convenios colectivos y otros asuntos.

La Alianza dijo que ha solicitado varias reuniones con la gobernadora para tratar el asunto, sin que hayan recibido respuesta.

Además, la Alianza comentó que tienen conocimiento de que la gobernadora recibió una carta de cuatro líneas de cruceros que se pusieron a su disposición para ayudar en el proceso de mejoras a los muelles y apoyar el crecimiento del negocio de cruceros.

La existencia de la carta fue confirmada por Fermín Fontanez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, y la Alianza emplaza a la gobernadora a que la haga pública.

“Según este asunto se perfila al día de hoy, la Alianza Turística por Puerto Rico no puede apoyar este proyecto. Es imperativo que se incluyan a las líneas de crucero que desde el primer día desean ser parte de este proceso. El no hacerlo, podría tener serias consecuencias para la industria turística local”, insistió Barbeito.

En medio de todo lo que está ocurriendo, Barbeito comunicó además que la línea de creceros Carnival acaba de anunciar “que se van a llevar el otro ‘home port’ que teníamos, que es el Carnival Fascination para enero 2022, sin sustituto al momento”, lo que supondría otro golpe más para la industria turística local.