PARE emplaza al gobernador a crear comité para investigar la muerte de Shannel
Señalan además la necesidad de atender fallas en el sistema judicial al atender las necesidades de personas privadas de la libertad.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
PUBLICIDAD
En la tarde del viernes, las cinco organizaciones de mujeres que representan a organizaciones de servicio en PARE dirigieron una carta al gobernador Pedro Pierluisi, a secretaria del Departamento de Corrección y Corrección, Ana Escobar; y a la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, dirigida a la creación de un comité externo a las agencias de Gobierno que indague en la muerte de Shannel Colón Ponce, quien murió el jueves el jueves 2 de junio en el Centro Correccional de Mujeres de Bayamón en circunstancias que están bajo investigación.
PARE señala una serie de fallas graves en el sistema de justicia en Puerto Rico al atender las necesidades de las personas privadas de libertad y el sesgo de género, raza y clase que todavía marca la manera en que se atienden los casos.
“El caso de Shannel nos obliga a mirar la manera en la que el estado maneja y atiende a mujeres de grupos poblacionales afectados por la pobreza, la falta de servicios de salud mental y racializados. Esta joven tiene un perfil que es más común de lo que quisiéramos ver en este país porque esas características, sumadas a una situación de pobreza, vulnerabilizan a las mujeres en su vida familiar y comunitaria, y también frente al estado y sus agencias de seguridad. Traemos este caso ante ustedes y ante PARE porque estamos viendo una manifestación de violencia de género que no es tolerable y que no debería existir en medio de un estado de emergencia decretado desde el año pasado. La violencia de género no es solamente la violencia doméstica o la agresión sexual. También se manifiesta cuando el ser mujer, pobre, con discapacidad mental y racializada coloca a una persona acusada de delito frente a un sistema que no es capaz de garantizar sus derechos humanos y, ni siquiera, su vida”, establecen en la misiva.
Inmediatamente traen a la consideración del Primer Ejecutivo los siguientes puntos:
• La falta de acceso a servicios de salud mental, la pobreza y un entorno social violento son elementos que inciden en la vida de muchísimas mujeres y hombres que delinquen en nuestro país. Todavía el estado no ha sabido responder a las necesidades de estas poblaciones ni ha podido garantizar sus derechos humanos para que tengan vidas plenas y en paz.
• Nuestro sistema penal sigue operando con dobles varas a la hora de tramitar arrestos y radicar cargos.
• Nuestro sistema correccional no ha logrado tener los servicios y facilidades que garanticen la salud física y mental de las mujeres privadas de libertad. Mucho menos ha logrado garantizar su seguridad.
• El caso de Shannel es una triste confirmación de todo lo anterior. No solo por el desenlace fatal, sino por la manera en la que el DCR manejó la notificación de su muerte a su familia.
Así expuesto, PARE pasó a pedir al gobernador:
• Que se le garantice a la familia de Shannel el acceso a toda la información actual y futura sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte de ella.
• Que se nombre un comité externo y se le delegue hacer una investigación minuciosa sobre este caso. Que dicho comité también evalúe la posibilidad de que se trate de un homicidio o feminicidio usando como guía las directrices del Protocolo de Investigación sobre Feminicidios en Puerto Rico. Esta investigación no impide que otras agencias como el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia completen sus investigaciones. También solicitamos que este comité externo publique su informe de hallazgos.
• Que se agilice el informe del Instituto de Ciencias Forenses.
• Que se evalúen, mejoren y actualicen los protocolos de ingreso, evaluaciones de salud mental y atención a mujeres privadas de libertad que manifiesten o aparenten tener condiciones de salud mental.
• Que se mejore el sistema de radicación de querellas por parte de las mujeres ingresadas en sistema correccional y por parte de sus familias.