La espera por los servicios que requieren los pacientes con enfermedades crónicas, y que se han visto afectados con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, podría costarle la vida.

Ese sería el saldo si el gobierno no toma acción inmediata, según denunciaron varias organizaciones sin fines de lucro que le ofrece servicios a esta población.

Las organizaciones que se han unido en una alianza y alzaron su voz en representación de los alrededor de 869,000 pacientes que atienden, son la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Coalición de Enfermedades Crónicas, Consejo Renal de Puerto Rico, Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico y la Coalición de Inmunización y Promoción de Salud (VOCES).

Como parte del acuerdo “Todos por los pacientes”, representantes de las entidades peticionaron al gobierno que los incluya en el paquete de ayuda que se le está otorgando a diferentes sectores del país. Aseguraron que si no logran ser parte de las ayudas gubernamentales quedarían próximamente inoperantes y se limitaría el acceso de los servicios de los pacientes.

Exigieron también que se les incluyan en la toma de decisiones que afectarían a la población con cáncer, diabetes, problemas del riñón, pulmón, entre otras, que son atendidas por las diferentes entidades sin fines de lucro.

“Ha sido sumamente frustrante no vernos mencionar (por parte del gobierno) en ningún momento a los pacientes y las entidades sin fines de lucro que atienden estos pacientes. Nosotros sin esos fondos no vamos a poder dar servicios. Ya, por lo menos, en el caso nuestro, hemos empezado a enviar a nuestros empleados a la casa, disminuyendo nuestra plantilla, así que en el caso de Asociación Contra el Cáncer, que brinda un servicio y unas ayudas financieras, en todos nuestros servicios casi llegamos a $2 millones sin recaudación. Nuestra recaudación se ha visto inhabilitada. La recaudación es a base de actividades multitudinarias”, indicó María Cristy, vicepresidenta de la Sociedad Americana Contra el Cáncer Puerto Rico.

De igual manera, Cristy abogó para que la recién firmada ley de telemedicina no se convierta en una ley muerta.

“Que nos incluyan en esos paquetes de ayuda que están brindando a pequeñas empresas y otros sectores de la comunidad. (Hacemos) un llamado al gobierno, a la legislatura, al Comisionado de Seguros para que hagan valer esas leyes que se han creado para ayudar en los procesos a que haya una telemedicina funcional porque muchas leyes se escriben, pero muchas se convierten en disfuncionales. Necesitamos el apoyo de todas las entidades pertinentes responsables. De nada vale tener una ley de telemedicina la cual sea inservible porque no se logra atemperar los pagos o la parte técnica”, apuntó.

Cristy, en tanto, aseguró que los pacientes con cáncer que ya han sido diagnosticados, afortunadamente se mantienen en comunicación con sus médicos primarios y se le está ofreciendo la radioterapia, sin embargo, la dificultad la encaran los pacientes recién diagnosticados o que están en proceso de diagnóstico porque no están operando todos los servicios de estudios radiológicos.

“Muy difícil hacerse una biopsia de seno (ahora). El paciente que necesita una cirugía electiva, está paralizada en la mayor parte de la Isla. Estos son los problemas que estamos viendo que sabemos que, en cuestión de un mes o dos meses, vamos a tener muchísimos casos con estadios de cáncer más avanzados y muchísimos casos con complicaciones a raíz de la espera. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es ahora. Estamos trabajando en una emergencia donde estos pacientes no tienen tiempo. Un mes o dos meses puede costarle la vida”, recalcó.

Angela Díaz, del Consejo Renal, coincide con Cristy al indicar que habrá un alza en las complicaciones de los pacientes si no se actúa de inmediato y se continúan los tratamientos de los pacientes.

“Vamos a ver mayores complicaciones de salud. Ahora mismo hablamos de una curva de COVID-19, eso es lo que se habla todos los días, pero pronto vamos a tener que empezar a hablar de cómo va la curva de las complicaciones de enfermedades crónicas, porque un paciente que no se cuida es un paciente que va a terminar en fallo renal y va a necesitar diálisis”, sostuvo.

Las organizaciones ya han dados sus pasos para evitar el colapso de los servicios a los pacientes al reunirse con varias agencias gubernamentales, pero aun no hay nada concreto para proceder.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a ser parte de buscar las soluciones, lo que no queremos es perdernos en reuniones y no tener resultados. Nosotros estamos dando resultados en sus acciones y vamos a seguir dando resultado en las acciones poniendo al paciente como el centro de conversación en toda discusión que entremos, sino podemos poner al paciente en el centro de la discusión, nosotros no vamos a jugar el baloncesto, tenemos que tener al paciente en el centro”, señaló, por su parte, Lilliam Rodríguez, presidenta de la Junta de Directores y fundadora de VOCES.

Exigen protocolo para para no exponer a los pacientes

Los representantes de las organizaciones no se oponen a la posible reapertura del comercio, pero entienden que esta se debe concretar con estrictas medidas de seguridad para salvaguardar la salud de los pacientes y evitar así el colapso en el sistema de salud que el gobierno busca prevenir.

“Nosotros entendemos que si existe un plan para de manera ordenada y que proteja la salud de los pacientes, bienvenido sea, pero tiene que haber un orden y tiene que haber un plan detallado de cómo lo vamos a manejar porque un paciente que va a salir a darse sus tratamientos o va estar recibiendo servicios de salud, si llega a un lugar donde hay personas que deliberadamente han estado exponiéndose o si ese paciente se expone a un ambiente donde no se tome protocolos debidos para proteger la seguridad y la salud de ese paciente, estamos exponiendo a sobre 900,000 pacientes comprometidos, por ende el sistema de salud llegaría a lo que han tratado de lograr hasta hoy, que es que el sistema de salud no colapse y además de que no colapse, que se convierta esto en costo mayor para el sistema de salud”, indicó.

“Nosotros no estamos ni en contra ni a favor de que eso proceda siempre y cuando tengamos un plan claro de cómo vamos a mantener los servicios y la seguridad de los pacientes de Puerto Rico. Esto es una emergencia de salud pública donde el bien común tiene que ir por encima del bien individual y ese es el principio de la vacunación”, añadió.

Brenda Padilla, directora de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, indicó, por su parte, que de concretarse la reapertura de los negocios se deben tomar “unas medidas severas” para proteger a esta población con su sistema inmunológico comprometido.

“Tenemos que concienciar sobre esto más, educar a nuestra gente porque tienen que protegerse diez veces más de lo que estamos haciendo ahora. Así que representan también un reto para nosotros porque tenemos que educarlos en el manejo de su condición y entonces aunar más esfuerzos en términos de cómo se van a proteger”, apuntó.