Cerca de una docena de comunidades y organizaciones ambientales de Salinas, se unieron en una sola voz para declarar un estado de emergencia permanente en ese pueblo, por el impacto adverso de varios proyectos que amenazan la vida y seguridad de miles de residentes.

El aumento en inundaciones, la construcción de proyectos industriales de placas solares en cientos de cuerdas de terrenos agrícolas, el depósito de miles de toneladas de cenizas de carbón en sectores residenciales, la propuesta construcción de un campo de tiro, deforestación y destrucción de manglares, fueron algunos de los puntos discutidos por la alianza comunitaria salinense, en una conferencia de prensa efectuada esta mañana en la plaza pública.

Sus reclamos fueron expuestos en una carta dirigida a la alcaldesa, Karilyn Bonilla Colón, en la que exigen acción inmediata tanto al gobierno municipal como estatal, con el interés de revertir el proceso de empobrecimiento, desplazamiento, marginación y, las enfermedades físicas, emocionales y sociales, que mantienen el nivel de pobreza en aproximadamente un 50 por ciento.

Según el grupo, las situaciones que enfrentan constituyen “un asunto de injusticia ambiental, están basados en un modelo excluyente de un supuesto desarrollo que siempre ha considerado a nuestras comunidades como una zona de sacrificio”.

En la misiva entregada en el vestíbulo del ayuntamiento, se destaca “el aumento en la frecuencia y cantidad de aguan en las inundaciones, durante el paso de huracanes o lluvias fuertes, causado por construcciones, rellenos de terrenos y deforestación”.

Asimismo, se alega falta de transparencia y oportunidad de participación ciudadana en los procesos relacionados a proyectos propuestos que impactan las comunidades. Por eso, indagaron en 14 reclamos para que el gobierno atienda su situación.

Ana Belén Ramos González, portavoz de la urbanización Las Mercedes de los Poleos, exigió que se remueva, con urgencia, “el puente ilegal construido sobre el Río Nigua, cercano a la PR-1 en la comunidad Los Poleos, sector Coco Playa, y, que se ordene al constructor, restaurar el área a la condición anterior del proyecto”.

“Los Poleos se compone del barrio Borinquen, Arenal, las Mercedes y el cementerio. Cuando el río crece y se desborda, el cementerio se cubre completamente y esas son aguas que llegan a nuestros hogares. Ese puente, queda como un dique que, si no se remueve, entonces, nosotros quedamos inundados completamente”, explicó.

La abogada Ruth ‘Tata’ Santiago Quiñones, integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de Casa Blanca, señaló la necesidad de “detener la construcción del proyecto solar a nivel industrial en suelos agrícolas por la empresa CIRO Group, al norte de la comunidad del Coquí, y revertir los terrenos a su estado original”.

El proyecto, según Santiago Quiñones, “ha causado el aumento en el flujo de las escorrentías de las aguas, durante las pasadas inundaciones tras el paso del huracán Fiona, poniendo en peligro la seguridad y la vida de los residentes del Coquí, San Felipe, Mosquito, urbanización Paseo Costa del Sur, urbanización Las Trinitarias, Eugene Rice y la barriada López, entre otras”.

“De igual forma, impedir la construcción del gigantesco proyecto energético solar de la empresa AES Puerto Rico (Clean Flexible Energy, dueños de la planta de carbón. Esta construcción está propuesta para ser desarrollada en terrenos agrícolas con canales de riego, áreas de humedales, quebradas, zonas ecológicamente sensitivas y recarga del Acuífero del Sur, al norte de la comunidad San Felipe”, agregó.

“Estamos a favor de la energía renovable. El problema es que esa energía debe ubicarse en los techos de estructuras existentes. No usar los terrenos ni agrícolas ni ecológicamente sensitivos, ni espacios abiertos porque eso redunda en mayores aumentos de agua hacia las comunidades que están hacia el sur y otros terrenos”, apuntó.

Para José Cora Collazo, presidente de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) de Ranchos Guayama, es urgente la posposición indefinida del campo de tiro cercano a su comunidad, además de la construcción de una cantera, ubicada a 30 metros de la autopista y a 200 metros de las residencias.

Igualmente, reclamó la remoción de “las cenizas toxicas de carbón de las calles de Ranchos Guayama y, exigir la exportación de esos desechos ambientales, cumpliendo con la Ley 5-2020 y su reglamento. Además, destinar fondos municipales, estatales y federales disponibles para costear la exportación mandada por Ley”.

Wanda Ríos Colorado, de la Asociación de Residentes de La Margarita, manifestó que “antes, las inundaciones eran aproximadamente cada 10 años, pero del 2014 para acá, desde la construcción del nuevo puente, hemos tenido tres eventos de inundaciones donde vemos que cada vez es más fuerte porque el río pasa como Pedro por su casa”.

Por eso, pidió que se informe a las comunidades del estatus del proyecto de Control de Inundaciones del Río Nigua, “y asegurar que el proyecto cuente con medidas de protección natural contra inundaciones y oportunidad de participación ciudadana”.

Entre otros aspectos, también exigen que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, hagan estudios del acuífero, cercano a los lugares donde se han depositado cenizas toxicas de carbón y, que den acceso a sus pozos, al Colegio de Químicos para realizar otros análisis.

Héctor Martínez, residente en la avenida Pennsylvania, sostuvo que se establezca “una moratoria de construcción, tanto municipal como estatal, en la costa, riberas del río, cercano a quebradas y canales de riego que, incluya a los proyectos de casas rodantes o campers de alquiler a corto plazo, para dar espacio a la revisión de los mapas de inundación y a la planificación adecuada a todo el pueblo de Salinas”.

Mientras que, Carlos Santiago de Extensión La Carmen, requirió “remover inmediatamente las verjas construidas ilegalmente por vecinos sobre terreno público, donde va un camino vecinal, en la calle Antonio ‘Toñito’ Ledeé Rivera y, cumplir con la promesa de realizar el proyecto de inundaciones, y proteger la vida y propiedad de los residentes del área. La promesa des a la luz del costo del mismo que, alegadamente, sobrepasa los $300,000 dólares”.

Brunilda Colón Torres, de la junta directiva de Villa Esperanza, confesó que, “la preocupación de nosotros siempre fue la construcción del puente ilegal que hicieron en la boca del río. Nos acercamos a la alcaldesa, y dijo que no tenía conocimiento. Ahí se quedó todo y no se hizo nada más. Allá se dañó mucho mangle y vegetación. Si van ahora a Coco Beach no lo reconocen”.

“¿Qué estamos esperando, que alguien muera ahogado en Salinas para entonces movernos a hacer algún tipo de acción? No. Ya es momento de que nos paremos en seco y si hay que hacer moratorias en las construcciones, se deben de hacer. Recordemos, en Salinas hay una moratoria de construcción porque no hay agua. El acuífero del Sur es nuestra única fuente de agua potable. Es importante protegerlo. Si hay leyes, que se cumplan”, cuestionó Ríos Colorado.

Finalmente, el grupo insistió en la creación de un comité de trabajo “para atender la falta de planificación sostenible y el Estado de Emergencia en Salinas, que debe estar integrado por representantes de las comunidades, gobierno municipal y estatal”.